El Plan Integral de Garantías Ciudadanas pactado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y Podemos e incorporado en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, que previsiblemente se aprobará a principios de abril, es una de las estrategias sociales más importantes de la comunidad autónoma de cara a la presente legislatura. Elaborado por la formación morada y asumido después por el Gobierno regional, incorpora una batería de medidas que posteriormente tomarán cuerpo de Ley y que, según han apuntado tanto la Junta como Podemos, requieren de un seguimiento pormenorizado. Es por ello por lo que la Universidad de Castilla-La Mancha ya está trabajando en la puesta en marcha de un proyecto que valore su implantación.
Fuentes de la UCLM detallan que ya se está trabajando en el diseño del un proyecto de evaluación de la implantación, procesos e impacto de este Plan, que estará coordinado por el Grupo de Inclusión Social y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina , pionera en estudios, proyectos y todo tipo de iniciativas sobre el bienestar social.
Adicionalmente, este equipo se reforzará para contar con expertos que puedan aportar su conocimiento y experiencia tanto en relación con los problemas sociales que el Plan trata de aportar como en relación con las políticas públicas consideradas y su evaluación. Estos expertos pertenecen a la Universidad de Alcalá de Henares, a la Universidad de Barcelona, al Departamento de Estadística del Gobierno del País Vasco, y a la Fundación FOESSA, que trabajo en el fomento de estudios sociales y Sociología Aplicada.
En paralelo, el objetivo de Podemos de que esta estrategia no se quede en papel mojado, como sucedió con el pacto de investidura con el PSOE, les ha llevado a presentar una enmienda de adición en el proyecto de Presupuestos para sacar adelante la iniciativa. Concretamente, este partido quiere que destinen 75.000 euros a la implementación de este Observatorio en la UCLM.
La base de la futura Ley de Garantías Ciudadanas
Según se establece en su propuesta, los objetivos del mismo serían la evaluación de la implementación y el impacto del Plan Integral de Garantías Ciudadanas “que sirva como base a la redacción de la futura Ley” todo ello “sin menoscabo de la posibilidad de iniciar otros estudios en el ámbito de los servicios sociales”. Ahora queda por comprobar si el PSOE respaldará la inclusión de esta propuesta en las cuentas públicas.
El encaje presupuestario de este programa en los Presupuestos contempla un total de 119,2 millones de euros, de los cuales, más de la mitad, hasta 67,6 millones de euros, está destinado a planes de empleo protegido, empresas de inserción, proyectos de formación en alternancia con el empleo, y formación remunerada y becada.
Según el desglose de las actuaciones de emergencia ciudadana, el programa de Garantía Habitacional contará con casi 15 millones de euros: 6,9 millones para ayudas al alquiler, 7,6 millones para la garantía de vivienda y el acceso a la misma, y 365.360 euros para asesoramiento, asistencia e intermediación hipotecaria de las oficinas de Servicio de Orientación y Atención en materia de vivienda, conocidas como Oficinas Antidesahucios.
En cuanto al bloque referido a la Garantía de Suministros Básicos del Hogar, los Presupuestos reflejan un gasto total de un millón de euros para planes de emergencia contra la pobreza energética y la paralización de cortes de suministros eléctricos.
Por su parte, el programa de Garantía de Rentas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos, referido al empleo, contempla los 67,6 millones mencionados para planes de trabajo, formación e inserción. En segundo lugar, el área de educación contará con 3,2 millones de euros para ayudas y becas a la escolarización (matrícula, libros de texto o material escolar) y con casi 7 millones de euros para ayudas y becas destinadas a transporte y comedor escolar.
El cuarto pilar es el de servicios sociales, que con un montante de 25,2 millones de euros incluye la denominada ‘renta garantizada’, la emergencia social, el mantenimiento de las condiciones básicas de vida y las prestaciones a familias numerosas. Finalmente se destinarán 319.720 euros a las ayudas de solidaridad y sociales a mujeres víctimas de violencia de género.
Por otra parte, el resto de actuaciones de emergencia ciudadana incluidas en las cuentas públicas castellano-manchegas asciende a 511 millones de euros. Dentro del área de Bienestar Social se encuentran las mayores partidas: 39 millones para ayudas a domicilio; casi 10 millones para servicios sociales de atención primaria; 103 millones para prestaciones económicas a favor de menores, mayores, personas con discapacidad y dependientes; 9,2 millones para participación en programas de integración social; 41 millones para mantenimiento de centros y servicios destinados a personas con discapacidad; casi 7 millones para atención a personas con discapacidad intelectual; 2 millones para prevención de situaciones de dependencia y 2,4 millones para acción tutelar.