Unos dos tercios de los residuos depositados en vertederos castellanomanchegos proceden de fuera de la comunidad autónoma, en especial de Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.
Uno de los vertederos activos es el ubicado en la localidad conquense de Almonacid del Marquesado que recibe 500 toneladas diarias de residuos, según los datos facilitados por Ecologistas en Acción. Cuenta con una superficie de unas 53 hectáreas y es, según la organización ecologista, “es el vertedero privado más grande de España que se diseñó para enterrar residuos importados, gracias a que en Castilla-La Mancha no existe tasa de vertido”.
Ahora, la organización ecologista se pregunta si este u otro vertedero en la comunidad autónoma castellanomanchega puede ser depositario de los residuos procedentes de Zaldibar, en Vizcaya, que es noticia estos días por el derrumbe en el vertedero de esta localidad en el que desaparecieron dos personas y que provocó un incendio.
El debate sobre la gestión de los vertederos vuelve a estar sobre la mesa. En junio de 2019 la organización ecologista ya puso el foco en el que calificó de “macrovertedero” conquense exigiendo “transparencia” y ahora muestra su “preocupación” por que se repita en Almonacid del Marquesado lo que ha ocurrido en la localidad vasca.
Por eso se exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que se haga público el origen y las características de los residuos recibidos por los nueve vertederos industriales operativos de la región.
“Sin tasa de vertido y con un control que no funciona”
Y es que, añaden, en “el desastre” del vertedero de Zaldibar hay que tener en cuenta que en ambos territorios (País Vasco y Castilla-La Mancha) “no existe tasa pública de vertido y el control e inspección no ha funcionado adecuadamente” y se remite a dos casos del pasado reciente en la región.
No es la primera vez que la organización ambientalista denuncia que Castilla-La Mancha es el “destino deseado” para depositar la basura industrial de España. Incendios como el del vertedero de neumáticos en Seseña (Toledo) o el de Chiloeches en Guadalajara pusieron de manifiesto la existencia de “puntos negros” en una comunidad autónoma en la que no existe tasa de vertido, a pesar de ser la primera de España en haber aprobado una Ley de Economía Circular. Una normativa que está todavía por desarrollar y presupuestar.
El vertedero de Almonacid del Marquesado es propiedad del grupo catalán Griñó y empezó a operar en septiembre de 2019. Según la organización ecologista está recibiendo en torno a 25 camiones diarios. Estos vehículos deben acceder al vertedero, directamente desde la carretera CM-3011, puesto que no tiene acceso dedicado.
En la autorización ambiental integrada de este vertedero figura una lista de residuos autorizados (códigos LER) con unos 300 tipos de residuos: de transformación física y química de minerales; lodos de lejías y de destintado de papel; lodos que contienen metales pesados; lodos de pintura, barniz, adhesivos y tintas, etc.
Y según refleja la resolución por la que se aprueban las operaciones de gestión y tratamiento de residuos la mayor parte de ellos, hasta 232.500 toneladas/año pertenecientes a más de 100 tipos distintos de residuos, “podrán ir a vertedero, sin pasar por la planta de tratamiento”, desmintiendo las declaraciones que realizó Juan Griñó en su visita a Cuenca, así como las del delegado de la Junta (que llegó a decir que el macrovertedero crearía 200 puestos de trabajo) y que denunció Ecologistas en Acción.
La organización ecologista sostiene que, debido a la naturaleza de estos residuos, las afecciones potenciales al entorno son enormes: “Si las barreras de protección no funcionaran adecuadamente, los efectos a los suelos y las aguas subterráneas,serían desastrosas y en amplias áreas”.
Además, remarcan, tampoco se establecen medidas adicionales de protección ante la cercanía del Parque Arqueológico de Segóbriga.
“¿Vendrán los residuos del vertedero de Zaldibar a Castilla-La Mancha?”
Este viernes, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta castellanomanchega que “publique información actualizada y fiable de los residuos industriales producidos en Castilla-La Mancha, así como los residuos recibidos, especificando códigos LER y lugar de procedencia”. De este modo, indican, se cumpliría la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Además exigen conocer “los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados en aplicación del Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos y si se van a recibir residuos del vertedero de Zaldibar a vertederos de Castilla-La Mancha”, según declara Carlos Villeta de Ecologistas en Acción de Cuenca.
“Hemos solicitado diversa documentación y una reunión con el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de Diputación Álvaro Martínez Chana, pero desconocemos la razón por la que no ha contestado a nuestras demandas”. Dicen estar interesados “especialmente” en “la cuantía que recibe su ayuntamiento de la empresa propietaria del macrovertedero, merced al convenio que ha firmado. Estamos convencidos de la importancia de la transparencia en proyectos tan impactantes como este”, apunta María Andrés, presidenta de Ecologistas en Acción de Cuenca.
“Todos los residuos están controlados” y ya hay borrador para la tasa de vertido
Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible recuerdan que Castilla-La Mancha acaba de aprobar una Ley de Economía Circular que ya contempla esa situación y que actualmente se está desarrollando la estrategia. “Tenemos un año” para hacerlo, remarcan fuentes de este departamento.
Esta estrategia, añaden, incluye un borrador con el impuesto sobre vertidos que clasifica en tres los tipos de residuos: tanto los peligrosos, como los no peligrosos y los inertes. “El borrador ya está elaborado”, confirman las mismas fuentes, aunque todavía no es público. En él se detalla la tasa que se pagará y que estará relacionada con la clasificación del residuo.
“Será un impuesto progresivo” que comenzará a aplicarse entre 2020/2021 y tendrá vigencia hasta el año 2026, coincidiendo con el final del Plan Integral de Gestión de Residuos en Castilla-La Mancha.
Desarrollo Sostenible asegura que “todos los residuos que entran en Castilla-La Mancha están controlados”, recuerda que existe una ley nacional que “obliga a las comunidades autónomas a comunicar cualquier residuo que salga de su territorio y el destino” y que ya existe una plataforma informática “que registra todos los residuos que entran y salen”. Esa plataforma solo es accesible a las empresas y requiere autentificación para conocer su contenido. De momento, además, sigue vinculada a la Consejería de Agricultura, que ahora ya no ostenta las competencias en medio ambiente.
“Los que no cumplen con la normativa, se devuelven a su sitio de origen”, zanjan las fuentes del Gobierno regional consultadas.