Le ha llevado años, más de tres, recopilar la documentación para poner número a los muertos que dejó la dictadura de Franco en la provincia de Albacete. Manuel Ramírez ha recorrido juzgados, archivos y ayuntamientos para poder cuantificar a los ejecutados en las diferentes cabeceras judiciales y que no constaban, en algunos casos, como víctimas. Son más de un millar, concretamente 1.052, los nombres que ha conseguido reunir.
Todos murieron víctimas de la violencia y la represión, casi la mitad entre los años 1939 y 1940, justo al terminar la Guerra Civil. “En pleno éxtasis de la victoria y con la Segunda Guerra Mundial recién comenzada, el franquismo campaba a sus anchas con el único objetivo de aterrorizar a los que habían defendido al gobierno legítimo de la Segunda República”, explica Ramírez en el estudio. Sólo en un año se produjeron el 40% del total de las ejecuciones, 405 en la ciudad de Albacete y 288 en el resto de cabeceras judiciales.
Fue en la capital donde la represión alcanzó las cifras más elevadas: 764 personas fueron ejecutadas desde el mes de abril del 1939 hasta agosto de 1943. No todos eran vecinos de la zona sino que se les enviaba desde otros partidos judiciales o cárceles como la de Hellín y el penal de Chinchilla.
La brutalidad de las torturas
Fuera de la ciudad de Albacete la peor parte se la llevaron, según Ramírez, Villarrobledo y Alcaraz. En el caso de la primera Manuel Ramírez habla de que “fue la cabecera judicial donde más represaliados y asesinados hubo: 156 en total”. Los primeros meses de la dictadura fueron los peores. Sólo desde el 11 de mayo y hasta el 29 de octubre del 39 se ejecutaron a 27 personas. A estas cifras se suman los 31 fallecidos dentro de la prisión, o bien por disparos o por distintas enfermedades. Las muertes, la mayoría provocada por las torturas, se sucedieron fuera de las cárceles de la localidad, en casas o cortijos, por “hemorragias cerebrales, asfixias por suspensión del cuerpo por lazo al cuello...”. De hecho, 69 personas “fueron arrojadas a los barreros (los huecos que se hacían en la tierra para extraerla para hacer tinajas) para después echarles cal viva”, sentencia el autor del estudio.
En el caso de Alcaraz, tal y como cuenta en su estudio, “las torturas eran constantes” y llevaban el sello del Teniente de la Guarcia Civil, César Casado, un voluntario en la División Azul y laureado por méritos de guerra que también pasó por Villarrobledo. “Todavía al hablar de él la gente de Alcaraz se siente incómoda sólo con nombrarlo”.
En el estudio relata cómo el Teniente Casado dejó su sello en parte de la provincia ya que era conocido por sus procedimientos en la persecución de los maquis. Lo curioso es que apenas se registran 17 muertos en esta cabecera judicial. El motivo, según Ramírez, es que se les trasladaba a la capital. En el resto de partidos judiciales ha conseguido contabilizar 106 ejecutados en Almansa, 55 en La Roda, 36 en Yeste, 23 en Casas Ibáñez, 22 en Hellín y 7 en Chinchilla.
La búsqueda de su tío
Manuel Ramírez es sobrino nieto del alcalde de Ossa de Montiel, ejecutado el 16 de noviembre de 1939 en Alcaraz. Fue rastreando el listado de ejecutados en Alcaraz donde comenzó su búsqueda de los datos reales de la represión franquista en la provincia. “Mi tío no estaba contabilizado” y es entonces cuando empieza a indagar y se da cuenta “de que hay mucha gente que no está reflejada”. Después de estos años de trabajo asegura que los contabilizados en las cabeceras judiciales son los ejecutados a partir del año 40. “Alcaraz no se contabilizó el primer año que fue cuando mataron a los 17”, sentencia. Se refiere a su tío y a las otras 16 personas que fallecieron ese mismo año y cuyos restos estaban en la fosa de la localidad, excavada años atrás para recuperar los cuerpos. Algo parecido ocurría en el resto de partidos judiciales.
Un estudio inacabado
La falta de medios de los partidos judiciales, el difícil acceso a la información que se ha encontrado, pese a la Ley de Memoria Histórica, lo que le ha llevado a tres años de trabajo en un clima poco “receptivo”hacen que su estudio recoja datos hasta el año 1947. “Tampoco están todos”, asume el autor, también presidente de la Asociación Fosa de Alcaraz para la recuperación de la Memoria Histórica. “Lo que más se han quedado fuero son los muertos en prisión. Las condiciones de vida en ellas eran muy malas y conforme avanzaba el tiempo, las muertes en prisión fueron aumentando”, cuenta.
Además, explica, a lo largo del estudio se encontró con casos de mortalidad infantil dentro de las cárceles franquistas. “Muchas presas vivían con sus hijos de corta edad dentro de la prisión y muchas otras dieron a luz dentro”. Algunos de esos niños, tal y como relata el investigador, les eran arrebatados a sus madres para entregarlos a familias afines al régimen mientras que los no adoptados “eran carne de seminario”.