El Gobierno de Castilla-La Mancha va a cooperar con el sector privado para la construcción de 10.000 viviendas a precio asequible, especialmente en zonas tensionadas de Castilla-La Mancha. Lo ha llamado el ‘Plan 10.000’. Las áreas que en esta comunidad autónoma se encuentran actualmente en esta situación son las capitales de provincia y los corredores del Henares, en la provincia de Guadalajara, y de la Sagra, en Toledo, limítrofes con Madrid.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado esta iniciativa junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO); encabezada por su presidente y presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Toledo (AECA), Saturnino Gómez. Al acto ha acudido además una amplia representación de asociaciones de constructoras de todas las provincias castellanomanchegas.
García-Page ha recordado que, si bien es verdad que hay muchas zonas que están sufriendo los estragos de la España vaciada, no es menos cierto que hay determinadas zonas limítrofes con la vecina Comunidad de Madrid que están en plena expansión y arrojan un verdadero problema de falta de vivienda. Hacia estas últimas partes de la geografía regional está dirigido este plan que, según ha apuntado, “será flexible en el mapa autonómico”.
“Esto no son 10.000 viviendas sociales, ni para colectivos marginales. Hemos llegado a un acuerdo con el sector de la construcción”, ha dicho García-Page, al tiempo que ha reconocido que son viviendas para “comprar o alquilar” a precios más asequibles, haciendo así efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española.
“Nosotros no vamos ni siquiera a intervenir en el mercado”, ha asegurado. “Se trata de casar los intereses de la rentabilidad en la construcción y el interés público. Son viviendas para comprar o alquilar a precios razonables que puedan verse mejorados con el estímulo que supone la inyección de dinero público”, ha señalado.
El consejero de Fomento ha remarcado por su parte que, a través de este plan, se actuará principalmente en las zonas de la región donde el mercado “no se comporta de forma normal, donde hay una tensión en el mercado”. “Queremos facilitar el acceso a la vivienda a las personas y a las familias con ingresos estables, pero con dificultades de acceder a una vivienda y queremos también ayudar a la gente joven de la región a acceder a esa primera vivienda digna a unos precios asequibles”, ha remarcado.
Son 10.000 nuevas viviendas en Castilla-La Mancha en los próximos años para familias que tienen unos ingresos estables, para familias jóvenes “que no llegan, con todo y con ello, a poder acceder a una vivienda” porque el mercado “no da la respuesta que queremos todos tanto el sector privado como el público, y de ahí que nosotros lo que planteamos son tres principales líneas de actuación”.
El planteamiento es de una ‘Triple A’: ayudas, avales y actualización normativa. Así, las ayudas que se plantean a través de este plan son las ayudas a la construcción de viviendas asequibles, a través de fórmulas de colaboración público-privadas mediante el Programa 6 de los fondos ‘Next Generation’, con requisitos como que los edificios que se construyan tienen que ser energéticamente eficientes; el periodo mínimo de vinculación del mismo con el destino al alquiler asequible, es de 50 años: o la instrumentación de un apoyo público de 700 euros por metro cuadrado construido, con un tope de 50.000 euros por vivienda.
Asimismo, dentro de las ayudas que contemplan este plan, el consejero de Fomento ha explicado que “seguiremos llevando a cabo todos nuestros programas de ayudas a la adquisición y al alquiler de vivienda”.
Avales y reordenación de normas
Por lo que respecta a los avales, el ‘Plan 10.000’ implementará programas específicos dirigidos a facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de la vivienda y superar así sus dificultades para acceder a la financiación de la compra, mediante el desarrollo de instrumentos en colaboración con las entidades financiera.
Y, por último, esta iniciativa contempla la reordenación de las normas existentes, aclarando y mejorando la seguridad jurídica y actualizando su contenido conforme a las demandas de los operadores del mercado y un proyecto de digitalización ‘GeVICAM’.
De esta manera, el responsable de Fomento ha cifrado en 106 millones de euros la inversión pública que se hará a través de este plan. “Estimamos poder apalancar 1.400 millones de euros de inversión privada y la creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo en Castilla-La Mancha”, ha dicho.