El último estudio que realizó el Defensor del Pueblo sobre el estado de las viviendas protegidas desocupadas fue hace diez años. Entonces, este organismo denunciaba que había en España más de 10.000 inmuebles en esta situación, disponibles en manos de las administraciones. Pedía a estas últimas que aumentaran la coordinación y las labores de control e inspección para evitar el fraude en este sentido. El debate sobre “casas sin gente” y “gente sin casa” no ha cesado y ha sido una de las principales reivindicaciones de las Plataformas Antidesahucios.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejó de medir cuántas viviendas vacías hay en España, estableciendo una nueva clasificación alternativa de las viviendas basada en su consumo eléctrico y no en su uso.
En los últimos años y debido a los datos conocidos por otro tipo de organismos, asociaciones y colectivos, son varias las medidas que se han adoptado en algunas autonomías para evitar una situación incompatible con la gran cantidad de demandantes de vivienda de protección oficial.
No obstante, la mayoría de estas acciones se han destinado a la vivienda libre y de régimen general. En Catalunya ya existe un impuesto a la banca por mantener inmuebles vacíos. La ciudad de València aplicará este año un recargo del 30% en el IBI a los grandes tenedores de viviendas vacías, y el Gobierno valenciano ha anunciado que obligará a los dueños de viviendas vacías a destinarlas a uso público o para alquiler social.
Pero ¿qué ocurre con la vivienda de protección oficial (VPO)? El Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha hecho de las medidas anti-ocupación una bandera política, ha decidido adoptar medidas para este tipo de inmuebles. Para ello, el pleno de las Cortes regionales aborda este jueves el proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Tributarias y Financieras (la normativa de “acompañamiento” de los Presupuestos regionales de 2023) en el que se modifica la Ley de 2002 que regula la vivienda de protección pública y se establece, a través de una disposición transitoria, un régimen sancionador de carácter administrativo.
Argumenta el Ejecutivo de Emiliano García-Page que estas multas será de aplicación en la región mientras no se apruebe la Ley estatal reguladora del régimen sancionador en materia de vivienda. Pero Castilla-La Mancha también elaboró durante la primera legislatura de Emiliano García-Page un anteproyecto de Ley de Vivienda que nunca llegó a tramitarse ni a recibir la luz verde del Consejo de Gobierno, en el que se establecía también un régimen protector de la vivienda pública, entre otras medidas que no han llegado a materializarse.
Incumplimientos graves en VPO
Ahora, el nuevo proyecto de ley establece un régimen de incumplimientos graves, con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros, para quienes no conserven o mantengan las viviendas protegidas en situación de habitabilidad, para quienes no destinen la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente, y para quienes la mantengan deshabitada sin autorización de la Administración por causa justificada.
La Plataforma Antidesahucios (PAH) y la Asociación Vivienda Digna de Toledo (AVIDITO) se muestran muy críticas a este respecto. Fuentes de estos colectivos explican que en la actualidad son muy pocas las viviendas protegidas que se encuentran vacías y muchas de aquellas han sido ocupadas ilegalmente por personas o unidades familiares, “difícilmente identificables y solventes económicamente, como para ser objeto pasivo de esas multas”.
También dudan de la capacidad de inspección de la Administración regional para hacer cumplir la normativa vigente y “menos aún, la contenida en este proyecto de ley”, dado que se refiere en buena medida “al ámbito personal de uso y cuidados de la vivienda o a la calificación de actividades molestas o ilícitas en las viviendas de promoción pública”.
El nuevo proyecto de ley también señala que en las viviendas protegidas de promoción pública será igualmente infracción grave la realización por las personas usuarias de actividades molestas o ilícitas, prohibidas en los estatutos o que infrinjan los acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios del edificio o por el propietario único, así como causar daños o deterioros graves en la vivienda o en el edificio, en sus instalaciones o en los servicios complementarios.
Finalmente, entre las infracciones muy graves, con multas desde 15.000 a 60.000 euros se incorpora destinar la vivienda protegida a usos distintos al residencial sin contar con la preceptiva autorización autonómica, así como el destino de la vivienda protegida a usos distintos de los establecidos en la resolución de calificación definitiva.
Para la PAH, tampoco estas infracciones administrativas solucionarán -“ni siquiera reducirán”- los problemas de convivencia, mantenimiento y seguridad de promociones de la Junta de Castilla-La Mancha o de su empresa pública GICAMAN, como las de Yedra (“pisos negros”) o Valdeyernos en Toledo, dado que el principal factor causante de esos problemas es la ocupación ilegal de un gran número de viviendas, por personas “no identificadas ni sometidas a contratos o cesiones administrativas”.
Nada de este nuevo régimen sancionador mejorará la situación de las VPO de la región
“Son muchas las viviendas en toda la región, de promoción pública y en alquiler, que tienen como arrendadora a GICAMAN, que ha sido incapaz de gestionar los arrendamientos y de hacer cumplir la normativa, las que se ven en la actualidad con graves problemas de deterioro y, sobre todo, de convivencia. Nada de este nuevo régimen sancionador mejorará la situación de las VPO de la región. Las de propiedad privada por la dificultad de inspección y las de titularidad pública por la necesidad de intervención del sistema judicial, tanto para dar fin a una usurpación de vivienda, como para la resolución de un contrato de arrendamiento”, destallan las mismas fuentes.
Por eso, este colectivo reclama, de forma urgente, una nueva Ley estatal del Derecho a la Vivienda y la consiguiente Ley regional de Vivienda, en las que se cree un nuevo régimen jurídico especial para la vivienda protegida y, sobre todo, para la de titularidad pública, que debe crear y regular la “cesión” de vivienda pública, distinta al arrendamiento general, para “ser capaz de resolver las situaciones de incumplimiento en procesos administrativos más sencillos y rápidos, sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia ordinaria o contencioso-administrativa”.
Ni en la PAH ni en AVIDITO han gustado tampoco otras las medidas que se aprobarán en el proyecto de ley y que también ha adelantado elDiario.es de Castilla-La Mancha: la finalización de promociones públicas de viviendas cuyo pago se realice mediante entrega de un número suficiente de viviendas al constructor para su venta y liquidación.
Afirman que es “un insulto” a la ciudadanía que esta medida se adopte como “impulso para la promoción pública de viviendas”, cuando lo que se hace es “liquidar promociones enteras de viviendas públicas vacías y sin uso desde hace muchos años” que los demandantes de vivienda, inscritos en el Registro oficial de la Consejería, esperaban en alquiler y ahora “se desesperan por la situación actual del mercado de la vivienda”.
En definitiva, el Gobierno regional “se deshace” de un buen número de viviendas protegidas de su propiedad, mediante liquidación por compraventa a personas o unidades familiares solventes y el resto en pago a los constructores que finalizarán las obras, “olvidándose de personas en situación de vulnerabilidad o incapaces de recibir financiación para la compra, que necesitan el alquiler social y asequible de viviendas”. “Hacen caja la Junta y las constructoras”.
Reseñan estos colectivos que es el caso de las 86 viviendas de la calle Río Guadalmena de Toledo, cerradas desde hace 10 años, junto a un buen número de locales comerciales (muy apreciados por empresas que desean establecerse frente al nuevo Hospital Universitario) y que la Plataforma por unaVivienda Digna de Toledo está pidiendo en alquiler. Pero la Junta “ha decidido hacer negocio inmobiliario con la liquidación de ese patrimonio público dado que se considera incapaz de gestionar ese número de viviendas en alquiler y evitar así la aparición de otro gueto en esa zona noble del barrio”, concluyen.