Podemos presentó en mayo una iniciativa ante la Comisión Europea en la que solicitaba que los alquileres públicos en Castilla-La Mancha, cuya financiación tenga origen europeo, tuvieran un precio por debajo del valor de mercado. Con ello quiere para evitar situaciones como las de la creación de 475 viviendas en Toledo e Illescas, gracias a 17 millones de euros procedentes de la Unión Europea. Según afirma este partido, estas promociones se establecen con precios de alquiler de 646 euros, “muy por encima de los del mercado y totalmente antisociales”.
Ahora, representantes de la Comisión Europea han contestado a Podemos que evaluará que los precios de las viviendas construidas son de precios asequibles y amenaza “con no financiarlas en sentido contrario”. Además, en su escrito recuerdan que las autoridades españolas deberán “aportar pruebas de que se han cumplido los requisitos, para lo que pueden recopilar información a escala regional o local”.
A este respecto, José Luis García Gascón, coordinador autonómico de la formación morada, ha expresado su satisfacción. “Europa nos da la razón en la defensa de los derechos de las personas de Castilla-La Mancha”.
García Gascón, quien ya calificó de “escándalo” la situación sobre los contratos de alquiler público regionales, exige por tanto al Gobierno de Emiliano García-Page que “rectifique de inmediato el modelo de privatizaciones de varios millones de euros de dinero público para que los alquileres y venta de viviendas sean a menor precio que la media del mercado”.
Recuerda que es “más necesario que nunca que se aplique de una vez” la Ley de Vivienda impulsada por Podemos que “limitaría los precios del alquiler, mediante la declaración de zonas tensionadas, mejorando así la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.
“Verdaderas viviendas sociales”
Por otro lado, Marcos Isabel Núñez, portavoz de prensa y miembro del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha, cree que esta “dramática” situación solo puede solucionarse dotando a GICAMAN (Empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha) de los medios suficientes para que construya “verdaderas viviendas sociales”.
Rechaza así a “especuladores privados a los que se riega con dinero europeo, exigen imponer precios por encima de los del mercado y, además, rechazan las ofertas públicas por su avaricia desmedida y su nulo afán de servicio y bien común”.
Asimismo, considera que el modelo de vivienda del PSOE de Castilla-La Mancha “contraviene los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que distribuye los fondos europeos Next Generation. Refiere que. en palabras del presidente de la región, “estas nuevas viviendas no tendrán un carácter social”; lo cual, según Podemos, es “tremendamente irresponsable, más aún en una comunidad donde el precio medio de los alquileres subió en hasta un 34,6% entre 2015 y 2022”.
Por último, señala que el partido aún está esperando a que el Gobierno autonómico dé explicaciones sobre qué viviendas se incluyen o no en el Plan 10.000 y si engloba inmuebles para venta y alquiler o solo en régimen de cooperativa, “pues la tibieza de Page y sus políticas conservadoras están acabando con las posibilidades de emancipación de la juventud”.