- Estos trabajadores continúan con sus movilizaciones de los jueves para exigir que la empresa garantice sus condiciones anteriores
El pasado 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, los vigilantes de seguridad de la Junta de Castilla-La Mancha se convirtieron en protagonistas de la manifestación de los sindicatos en Toledo, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva contrata, contra la que se están movilizando desde hace semanas ante el temor de que no cumpla con las condiciones laborales de la anterior adjudicataria. El nuevo pliego de condiciones afecta un total de 130 trabajadores de la región e incorpora un sueldo de 690 euros mensuales, por debajo de los 1.000 euros y del Salario Mínimo Interprofesional.
Este jueves, día 4 de mayo, regresan a sus protestas, con la intención de mantenerlas todos los jueves ante el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, y en las Cortes de Castilla-La Mancha, las semanas que haya pleno, hasta que obtengan garantía de permanencia de sus derechos laborales y sus salarios. Según explican fuentes sindicales, hasta el momento, los vigilantes no han obtenido de la empresa ningún compromiso y durante los primeros días ha habido cierto caos como falta de cuadrantes y de operativos de servicio.
La Junta, por su parte, mantiene su compromiso de velar por el cumplimento del pliego de condiciones y de actuar si no se cumple el convenio estatal del colectivo de vigilantes de seguridad. Pero los sindicatos siguen pidiendo que se incluya una cláusula en el pliego garantizando que se mantienen las condiciones laborales, a lo que hasta ahora se ha negado.
Por eso continúan las protestas y así lo indicaron durante el Primero de Mayo los líderes de CCOO y UGT. Paco de la Rosa subrayó que es “poco razonable que un Gobierno que se dice de izquierdas permita que una empresa sea capaz de explotar a sus trabajadores o permita que por un convenio absolutamente anormal pierdan capacidad salarial”. Por ello, pidió a la Junta que firme el III Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo, que garantiza que ningún trabajador de una contrata de la Administración regional gane menos de lo que estipula su convenio.
De su lado, Carlos Pedrosa lamentó que los salarios de los trabajadores de las contratas de la Junta sufran “los apuros presupuestarios de las administraciones” y pidió derogar la Reforma Laboral del 2012 que lo permite así como la Ley de Contratos del Estado. También insistió en que este tema se hubiera solucionado si el Gobierno castellano-manchego hubiera firmado hace meses el mencionado Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo.