22 vecinos de un pueblo de León detienen la memoria histórica

Pueblo chico, infierno grande. El municipio de unos 800 habitantes de la altiplanicie leonesa, Villadangos del Páramo, es el escenario de un acontecimiento insólito en el proceso de recuperación de la memoria histórica: el alcalde ha decidido consultar a los vecinos si autorizar o no la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil que, se sospecha, fueron enterradas en una fosa común del cementerio. En un concejo abierto celebrado en la noche de este viernes con mucha tensión, se ha denegado por 22 votos frente a 12 (con dos abstenciones) la autorización a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), para la búsqueda de más de 70 personas: una mujer y el resto, hombres.

Los testimonios que se han recogido en el pueblo señalan que entre septiembre y noviembre de 1936, las sacas que se produjeron desde el campo de concentración de San Marcos, en la ciudad de León, eran llevadas a fusilar por las cercanías de la carretera N-120. A medida que iban siendo ejecutados, los cuerpos quedaban allí tirados pero se sabe que el párroco Manuel García Arias, con la complicidad de algunos vecinos, era avisado para recogerlos y entre todos se ocupaban de trasladar en un carro y enterrarlos en el cementerio. Los mayores de hoy, niños entonces, que vieron pasar ante sus ojos el carromato de cadáveres amontonados, no olvidan esa imagen.

Se inhumó en fosas comunes a estas personas entre el 31 de agosto al 18 de noviembre de 1936. Si se conoce la exactitud de estas fechas es porque el pueblo se dedicó a escribir un acta de defunción de cada una de ellas, aunque no conocieran sus nombres, detallando todos los rasgos posibles que les pudieran identificar, incluidos los objetos personales que portaban en el momento del asesinato. Un testamento hacia el futuro. Gracias a la hebilla del cinturón de Santos Francisco, su familia pudo saber que fue enterrado en aquel pueblo, que no era el suyo.

En realidad, ninguno de los ejecutados de Villadangos era de allí. Es más, en un informe que redactó el alcalde en 2020, se presume de que los viadangueses jamás vivieron “enfrentamiento alguno por motivos políticos” ni “actos de violencia”. No obstante, no se puede decir que no haya conflicto a día de hoy, ya que la ARMH está encontrando impedimentos a los que no se ha enfrentado en 20 años de exhumaciones. El alcalde, Alejandro Barrera (PP), decidió depositar en la Junta Vecinal, como titular del cementerio, la concesión de la autorización de la exhumación, después de que la ARMH ya hubiera cumplimentado todos los requisitos preceptivos. La Junta Vecinal es un órgano de autogobierno, de origen medieval, que se dieron los pueblos y aldeas de los reinos de León y de Castilla. Pervivieron y fueron regulados en 1998. Villadangos funciona con un Concejo Abierto, formado por un alcalde pedáneo y la Asamblea Vecinal, que es la que fue convocada este 27 de agosto a unas intempestivas diez de la noche.

Villadangos del Páramo celebraba este concejo, “dada la importancia del tema y las sensibilidades que provoca”, explicaba el presidente de la Junta Vecinal y propietaria del cementerio, José Sarmiento (PP). El alcalde pedáneo aseguraba que el debate no era sobre si se deben exhumar los restos o no, sino sobre si se autorizaba el proyecto de ARMH o no, aunque ambas cosas están inexorablemente unidas.

Debate sobre qué es o no votable

La votación ha sido polémica. Para un vecino “es lo mismo que en el referéndum de Cataluña, una ilegalidad”, porque de eso fue buena parte del debate del pueblo, sobre si se podía o no votar algo tan fundamental como el derecho a la búsqueda de los seres queridos fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Naturalmente que tienen derecho, es que esto no hay que votarlo”, dijo de manera tajante el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea (Ciudadanos), portavoz del Gobierno autonómico y consejero que ostenta las competencias de Memoria Histórica, en rueda de prensa en respuesta a una periodista que le preguntaba sobre la actuación de Villadangos. Igea recalcó que era una “dignidad elemental indiscutible”, mostrándose sorprendido por la celebración de la votación y recordando que la ley protege estas actuaciones.

Además de la ley estatal de Memoria Histórica, vigente mientras no se apruebe el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, la legislación que aplica en esta comunidad autónoma es la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Esta indica que la Administración facilitará la indagación, localización e identificación de las víctimas y además recoge expresamente que las Administraciones Públicas autorizarán “salvo causa justificada de interés público”, la ocupación temporal del terreno en el que haya que actuar. Es más, si hubiera algún impedimento, al tratarse de actividades de utilidad pública e interés social, se puede permitir una expropiación forzosa del terreno.

“Cada uno quiere que sus muertos descansen, que dejen a los nuestros como están”, así exponían cuatro vecinas de avanzada edad, a la salida de la misa de las ocho de la tarde, su postura previa ante el concejo. Y las cuatro consideraban acertado que se llevara a debate la autorización o denegación de la búsqueda de los asesinados.

La Casa de Cultura de la localidad acogió alrededor de 70 asistentes, aunque finalmente en la votación apenas participaron 36 vecinos, de los más de 700 con derecho a voto. El único punto del orden del día era la autorización de la búsqueda, que ya se debatió en otro concejo anterior igualmente tenso, aunque sin votación. En esta ocasión el debate duró una hora y media para finalmente poner la urna tras una confusión final donde no estaba claro si se iba a votar o no. Finalmente, las papeletas aparecieron y optaron por vetar la excavación.

Suspicacias hacia la asociación

El vicepresidente de la ARMH, Marco González, explicó al principio del concejo a los vecinos el proyecto presentado por la asociación, fundamentalmente preocupados por la afección que la búsqueda de los represaliados podía tener en las tumbas colindantes a la excavación. González explicó que la entidad ha realizado desde el año 2000 más de 80 excavaciones de fosas comunes solo en la provincia de León y 25 parecidas a la planteada en Villadangos del Páramo. El antiguo muro sur del cementerio, ampliado recientemente sin que el Ayuntamiento haya podido aportar detalle de esas obras, es la referencia para la búsqueda, ya que esa sería la zona más probable del enterramiento. 

Durante el concejo, una docena de vecinos expresaron que su temor principal era que las tumbas anexas a la excavación se vieran afectadas por las tareas de recuperación de los cuerpos, desconfiando además del resultado de la misma. Advertían que el perímetro del muro del cementerio se ha ampliado en las últimas décadas y que también se ha rellenado con 1,5 metros de tierra, “al menos”. Por eso pedían que el proyecto de la ARMH “quede por escrito”, como se ha presentado en el Ayuntamiento, para que no haya afección a más espacio del que se pide.

Aunque en una nota de prensa de madrugada la Junta Vecinal aseguró que “tanto la práctica totalidad de los vecinos del pueblo, como todos los integrantes de la Junta Vecinal, reconocen el derecho a la exhumación de las víctimas, y se muestran a favor de este tipo de intervenciones”, la realidad del concejo fue otra. Un grupo de vecinos lanzó todo tipo de sospechas confusas y falsas sobre las labores de la exhumación, sacando a colación el habitual argumento de “subvenciones”, que la ARMH no recibe por decisión propia, o incluso comentarios como “si llevan 80 años ahí, qué más les da estar otros 20”. 

En el tenso debate también hubo vecinos que defendieron la búsqueda. “Hay familiares detrás que buscan a sus antepasados, eso también hay que mirarlo”, dijo una vecina, explicando que su propia madre le había contado que con 12 años acompañaba a su padre a buscar los cuerpos de los fusilados para llevarlos al cementerio de Villadangos.

El número dos del Ayuntamiento y concejal de Obras, Alberto González (PP), introdujo al final sus dudas sobre el proyecto presentado por la ARMH asegurando que él había sido informado de que podía haber “otras alternativas que dieran más confianza a los vecinos”, respecto a la búsqueda de restos por la entidad asociativa. Se refería a las subvenciones de la FEMP para la búsqueda de restos de represaliados, que el propio consistorio nunca ha pedido, tuvo que reconocer el concejal, aunque se abrieron en 2020.

Un trozo de mármol

La polémica final se centró en si había que votar o no la autorización a la ARMH, una situación que recriminaron algunos presentes, como Pepe: “Hay gente ahí enterrada que no tenía que estar y os preocupáis por si se os rompe un trozo de mármol. Vergüenza os tenía que dar”. “Si el proyecto está en regla esto es una comida de coco a la gente”, sentenciaba otro que consideraba que no había nada que votar ante el derecho a dar digna sepultura a los antepasados.

Tras hora y media de debate, los vecinos se levantaron y cuando parecía que el concejo se acababa sin votación apareció la urna sobre la mesa presidencial y las papeletas de votación. En la misma figuraba un sí, un no o un espacio en blanco acompañando el texto. Finalmente 22 votos negaron la posibilidad de buscar a las víctimas del franquismo en una decisión donde el mármol importaba más que el dolor de los otros.

Hay gente ahí enterrada que no tenía que estar y os preocupáis por si se os rompe un trozo de mármol. Vergüenza os tenía que dar

La Junta Vecinal ha rechazado el proyecto en base a lo que denomina “carencias”, que han sido contestadas por la ARMH tanto a la Asamblea de vecinos como a este diario. La primera de ellas sería las diferencias entre el proyecto y la “intención real”, según ha calificado la Junta en una nota de prensa, de la asociación. El descubrimiento hace quince días de nuevos indicios sobre una posible zona que enterramientos civiles —tradicionalmente niños sin bautizar o suicidas— en el cementerio generó esta modificación, que fue incorporada esta semana a una nueva versión del proyecto, que fue la votada este viernes. También se señala la falta de “garantías” sobre las posibles “incidencias” en el cementerio. Marco González señala que la ARMH siempre aporta el compromiso de la reparación de cualquier desperfecto y la restitución del terreno a las mismas condiciones en las que estaba antes de la excavación. Se formula también la queja sobre la posible búsqueda de la fosa común en esa citada parte civil del cementerio, a lo que González contesta que en principio no hay ninguna “señal que evidencie enterramientos” pero que si tras no encontrar nada en las otras zonas se realizara hacer ahí una prospección, como es lógico, si afloraran restos óseos “se les daría el mismo tratamiento y rigor” con el que actúan sobres los restos objeto de exhumación. Por último, se acusa de que el proyecto “adolece de recursos humanos”, en especial de expertos en medicina forense. La ARMH trabaja con equipos multidisciplinares en los que están incluidos los profesionales forenses.

Los familiares de las víctimas han seguido a distancia y con preocupación el sentido de los votos de los 36 vecinos del pueblo que depositaron su papeleta en la urna. “Según la Junta Vecinal, da igual lo que digan las leyes de memoria y lo que autorice la Junta, no tenemos derecho siquiera a hacer una cata buscando los restos de nuestros familiares”, expresa Mario Francisco, nieto de Santos, el hombre cuya hebilla del cinturón fue recuperada. “Tal y como yo lo veo, el alcalde debería dar el permiso de obra con independencia del resultado de esa votación”, señala. “Más allá de esto, a mí me parece una comunidad en desobediencia civil y rebeldía contra los derechos humanos. Creo que el camino que lleva el asunto es el de judicializarse”.

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, gobernado con mayoría absoluta por el PP, puso dos condiciones para dar licencia para las excavaciones. La primera era la autorización de la Junta Vecinal de Villadangos (el pueblo, no el municipio) como propietaria del cementerio, el asunto que se ha debatido en concejo este viernes. Y la segunda, el de cumplir las licencias municipales de obras para llevar a cabo las exhumaciones, que la ARMH calificó de sin precedentes en su histórico de intervenciones. 

Ante las críticas de familiares por la tardanza y las trabas al proceso, el consistorio aseguró a mediados de agosto lamentar “que se esté pretendiendo usar este tema de tanta sensibilidad como ”arma“, calificando como ”ataque político contra este consistorio y en particular contra su Alcalde“ las declaraciones públicas efectuadas.

El discutido poder del alcalde

Forma parte de la política de memoria democrática del Gobierno de Pedro Sánchez el darle más peso a los ayuntamientos, respaldando esta decisión con partidas económicas. A finales de 2020, el Gobierno derivó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 750.000 euros para la búsqueda e investigación de fosas comunes. El Ayuntamiento de Villadangos no ha solicitado esta ayuda. En esta misma línea, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, articula la nueva política de memoria con la participación de la FEMP y partidas presupuestarias para este tipo de actuaciones.

Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha sido muy crítico con el peso que se pretende dar a la administración municipal en la búsqueda de los desaparecidos, pues las dos décadas de experiencia en estos trabajos les han hecho constatar que aunque esté reconocido como un derecho, los mayores impedimentos surgen siempre en los ayuntamientos. “Ningún ayuntamiento puede decidir quitarle un derecho a una persona”, señala. “El simple debate acerca de si los familiares de esos desaparecidos pueden o no decidir dónde quieren enterrar a sus seres queridos es lesivo para la democracia y ataca sus derechos fundamentales. ¿Alguien imagina a un ayuntamiento debatiendo si después de un atentado hay que reparar o no a las víctimas? Exactamente eso es lo que ha ocurrido en Villadangos”.

Actualización: La ARMH ha anunciado que presentará una queja ante la autoridad competente de la Junta de Castilla y León y estudiará la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa contra el Ayuntamiento, así como ante la Fiscalía por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La asociación memorialista ha lamentado también, en un comunicado remitido a la prensa, que “el primer teniente alcalde del PP hiciera campaña por el 'no' en la reunión de la Junta vecinal previa a la votación, y que para ello indicara que ha recibido asesoría del Secretario de Estado de Memoria Democrática”.