Los 35 jefes y técnicos de Protección Ambiental de Castilla y León advierten a la Junta que no pueden controlar a las industrias más contaminantes por falta de personal

Los 35 técnicos y jefes de sección del Servicio de Protección Ambiental de Castilla y León han firmado un contundente escrito interno, registrado el pasado 11 de junio, en el que advierten tanto a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como a la Consejería de Presidencia y sus respectivas direcciones generales que, “con los medios actuales no hay garantías suficientes” para “realizar de forma correcta la protección medioambiental en la Comunidad y que no pueden controlar a las industrias más contaminantes por escasez de medios. O lo que es lo mismo: se pueden estar cometiendo irregularidades y no hay personal suficiente para abordarlas. Reclaman más funcionarios, que se revise la estructura de las secciones, que se cree un área de inspección ambiental con personal propio y que se propicien garantías jurídicas.

En este momento, según el escrito, ya se están dando problemas de denuncias contra el Gobierno autonómico por no tramitar los asuntos en los plazos establecidos y a su vez, problemas psicológicos en los funcionarios. En estos servicios, uno en cada una de las 9 provincias, se da salida a informes de contaminación y descontaminación de suelos, certificaciones para la desgravación fiscal de empresas por inversión en temas medio ambientales y se realizan inspecciones, entre otras cosas.

Una sección propia en todas las consejerías, excepto en Medio Ambiente

Además, se encargan de la parte técnica de expedientes sancionadores, tramitación de expedientes de evaluación ambiental de explotaciones ganaderas, de la emisión de informes de estudio de impacto ambiental en el resto de actividades que las requieren, asesoran en preguntas parlamentarias, prestan asistencia técnica y de formación medio ambiental de empresas, municipios y particulares, y emiten informes.

Su trabajo se ha visto aún más desbordado desde una orden de la Consejería de Fomento de 18 de junio de 2020 en la que se les designa como personal de inspección para empresas de todo tipo, desde farmacéuticas a metalúrgicas, pasando por las de gestión de residuos, todo ello sin asignar más funcionarios, algo que no ocurre en las secciones de inspección de otras consejerías, que cuentan con un cuerpo de inspectores que acceden al puesto mediante una oposición específica. La escasez de técnicos funcionarios, que en alguna provincia se reduce a una única persona “no permite garantizar, a la población de Castilla y León, un control adecuado de las industrias más contaminantes de la región”.

Influye negativamente además, el incremento de la legislación y su aplicación, con más de 50 Instrucciones internas y con más de diez normas promulgadas solo en el último año que repercuten en su trabajo. Pero la situación empezó a complicarse mucho antes, en el año 2007, cuando pasó a depender de ese servicio la tramitación y control de instalaciones con autorización ambiental. Las secciones de Protección Ambiental tienen atribuidas no sólo la tramitación de expedientes y autorizaciones, sino su seguimiento, inspección, investigación y control del desarrollo de esas actividades.

Una estructura que no se ha tocado en los últimos 30 años

El volumen de trabajo, aseguran “es inasumible” y con “una estructura de sección que se ha mantenido inalterable en los últimos 30 años” algo que contrasta con el enorme incremento de legislación medioambiental española derivada de la trasposición obligada de la normativa europea.

Aportan además un cálculo según la carga de trabajo: se necesitan al menos 60 personas más. Mientras se ha producido el incremento de sus funciones, aducen, ha habido jubilaciones, recortes y “escasez de medios en general”. Hasta el momento, han afrontado la situación como han podido y con inevitables retrasos. Pero, lo que más les preocupa “son los asuntos que se quedan en la mesa sin abordar por falta de personal y exceso de trabajo”. Ello genera “estrés y desgaste en unas secciones que ya están al borde de todas sus posibilidades”. La situación, dicen es conocida por los responsables de estas áreas porque se han expuesto en escritos, pero no han dado resultado.

Una sección que genera “importantes ingresos” a la Junta por tasas y sanciones

Así, recuerdan que siendo la sección el “hermano pobre” respecto a recursos, genera importantes ingresos a la Junta de Castilla y León gracias a tasas y sanciones, y además aborda temas que implican a “gran parte del sector productivo de la Comunidad” por lo que es necesario dar “una respuesta adecuada”. Mientras los interesados exigen que se cumplan los plazos legales establecidos, los técnicos aseguran que no pueden hacerlo. “El don de la ubicuidad no es posible, no se puede estar a la vez tramitando un procedimiento, inspeccionando una actividad y atendiendo al público, labores entre otras que presuponen separadas pero en verdad son solapadas”, aseveran.

Los técnicos también precisan que se esta creando una “situación de indefensión e inseguridad jurídica que está desembocando en problemas psicológicos” como el estrés, la presión y la ansiedad, y también jurídicos, en forma de quejas y denuncias.