Este sábado a las 20.00 de la tarde, Emilio Marfull (1991), salió de su casa en Ávila en dirección a la comisaría más cercana con un propósito inusual: denunciar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por prevaricación administrativa. Marfull considera que el jefe del ejecutivo autonómico adelantó el toque de queda a las 20.00 a sabiendas de que el estado de alarma, en vigor por la pandemia de COVID-19, no lo permitía. “Al ver que la administración no iba actuar y sobre todo después de escuchar las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, me di cuenta de que tenía que hacer algo”.
Este jurista en paro, graduado en derecho y políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, reconoce tener mucho tiempo libre y estar desde siempre en contra de las injusticias. A su juicio —y también a juicio del Gobierno central, que ha recurrido el acuerdo de la Junta—, Castilla y León está malinterpretando el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda a las 20.00. “Cuando una administración actúa contra la ley, los ciudadanos tienen que reaccionar”, afirma por teléfono. La situación, dice, le recuerda a lo sucedido en Cataluña durante el 1 de octubre: “Lo que aprendí es que tenemos que estar vigilantes con el poder porque pueden cometer una ilegalidad, aunque sea por cosas que parezcan justas, como votar o por la situación epidemiológica durante la pandemia”, explica.
Al llegar a comisaría a los agentes “les sorprendió un poco” que un ciudadano de a pie fuera a denunciar al presidente de su comunidad autónoma. A las 20.41, cuando se sentó para que le tomaran declaración le preguntaron que porqué había esperado a esa hora, durante el nuevo toque de queda. “Les dije que entendía que el delito de prevaricación se consumaba en el momento en el que se firmaba la resolución ilegal, pero que yo como perjudicado no veía afectado mi derecho fundamental de estar en la calle hasta las ocho de la tarde. ”Estaban visiblemente molestos, pero no conmigo, sino con la situación“, relata.
Sin embargo, la vía de la denuncia ante la Policía era la única a la que podía acudir. “Por como funcionan estas cosas, los presidentes de las comunidades y altos cargos están aforados por lo que no puedo querellarme como ciudadano ante el Tribunal Supremo con un procurador y un abogado. Lo que sí puedo hacer es ir a la policía e informar de que he presenciado lo que yo creo que es un crimen. Luego son ellos los que tienen que decidir si se investiga y el Ministerio Público verá si hay indicios de delito”, cuenta.
El recorrido de su denuncia es incierto. “Probablemente no pase nada”, adelanta, aunque todo dependerá de qué pase con el recurso que ha presentado el Gobierno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. “En función de cómo se resuelva, si queda probado que la Junta ha actuado de manera ilegal, ya se podrá proceder al juicio penal. Y si se demuestra que ha habido una ilegalidad, la Justicia ya sabe que hay unos indicios criminales, que es lo que yo he denunciado”. Pase lo que pase, Emilio tiene la conciencia tranquila: “Yo como ciudadano he visto cómo se cometía un crimen. No podía quedarme con los brazos cruzados”.