Cinco afiliados de Valladolid demandarán a Vox por fraude en las primarias al comité provincial, según han confirmado a eldiario.es. Tal y como sospechaban, no existe un acta de la asamblea supuestamente celebrada el 26 de junio de 2018 para presentar las candidaturas. Así lo reconoce el propio partido, que este miércoles debía presentar toda la documentación en el juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid.
La persona designada por la dirección nacional de Vox ha sido la abogada Marta Castro, que ha explicado al juez que “nunca se redactó” un acta de la asamblea y que sólo existe “un acta de proclamación de los resultados provisionales de las elecciones primarias de los comités ejecutivos provinciales que emite el comité electoral. Lo afirmado por Castro nada tiene que ver con la contestación que dio en julio de 2019 la entonces presidenta del comité ejecutivo provincial, Sofía Muñoz Casares, que aseguró a los cinco afiliados que requirieron el acta, no que no existiese, sino que debían dirigirse a la dirección nacional, en concreto al Comité Electoral y al Comité de Garantías.
Vox tampoco ha podido demostrar que los afiliados fueron debidamente convocados, ya que no se hizo vía postal sino “telemática”, en concreto por correo electrónico. Así sólo han aportado un mail para el vicesecretario del partido, Enrique Cabanas, en el que se remitió el acta de constitución y la resolución del Comité Electoral Nacional el 31 de mayo de 2018 convocando las elecciones y estableciendo un calendario para ello.
Los afiliados que denunciarán al partido aseguran que nunca recibieron la convocatoria para votar el comité que presidió Muñoz Casares, que dimitió poco después de que esa candidatura fuese puesta en cuestión, haciendo caer a todo el comité. Vox Valladolid está ahora en manos de una gestora, presidida por José Ignacio Uribe.
Cargos públicos en cuestión
El letrado que representa a los afiliados manifestó a eldiario.es que la elección presuntamente fraudulenta de un comité provincial de donde salieron las candidaturas a personas que hoy ostentan un cargo público debería poner en cuestión su continuidad. Así, formaban parte de ese comité el procurador en las Cortes, Jesús García Conde del Castillo, y el concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé.