El alcalde de Sotosalbos coloca 10 cámaras de videovigilancia a pesar de no tener competencias en seguridad ciudadana

Desde mediados del mes de septiembre hay 10 cámaras instaladas para vigilar Sotosalbos (Segovia) un pueblo de tan sólo 113 vecinos. Entre sus habitantes está el senador autonómico del PP por Castilla y León, Javier Maroto, que se empadronó en el municipio para que su designación fuese posible. También en los alrededores de su vivienda, adquirida después de conseguir el escaño, hay videovigilancia. El Ayuntamiento de la localidad, de quien parte la inciativa, está compuesto por cinco concejales, cuatro del PP y uno del PSOE.

Los dispositivos, tal y como ha podido comprobar elDiario.es, se han instalado sin contar con ningún permiso y aunque aún no han entrado en funcionamiento, si llegasen a activarse violarían la Ley de Protección de Datos. Están por todas partes, en la calle principal, en caminos sin asfaltar e incluso a la entrada de la localidad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPED) establece que, como regla general, la captación de imágenes con fines de seguridad de la vía pública debe realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la finalidad debe ser siempre proporcional, puesto que la captación de imágenes entra en conflicto con el derecho a la intimidad. En este caso, es el Ayuntamiento quien ha optado por erigirse en Policía o Gran Hermano del pequeño pueblo enclavado en la Sierra de Guadarrama.

La Subdelegación del Gobierno de Segovia confirma que el pasado 22 de septiembre recibió una solitud de autorización del Ayuntamiento de Sotosalbos, pero que el procedimiento, que incluye trasladar esa solicitud a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y posteriormente a la AEPD, ni siquiera se inició. “No había ningún hecho que justificase la colocación de las cámaras, pero es que además el Ayuntamiento, que carece de Policía Local, no es competente para hacerlo”, indican.

Cámaras por el mal uso de los contenedores

Lo cierto es que cuanto el Ayuntamiento pidió la autorización, ya había adjudicado el contrato menor de compra de las cámaras. El asunto se tramitó con un mero expediente de contratación municipal que se inició el 10 de agosto que se adjudicó el 15 de septiembre por 4.459,28 euros a la empresa segoviana Integrasoft SL, que no ha respondido a la llamada de este diario. El motivo del contrato, según se hace constar en el expediente, es “controlar determinadas actuaciones de desorden público o incumplimiento ordenanzas municipales que vienen siendo demasiado habituales” como “no utilizar adecuadamente instalaciones de recogida de residuos sólidos urbanos, punto limpio, etc”.

En el expediente, no figuran ni la tramitación de autorizaciones, ni la respuesta negativa de la Subdelegación, ni un informe de Secretaría sobre el procedimiento. Además, aunque el Ayuntamiento se basa en motivos de desorden público, no ha efectuado una sola denuncia ante la Guardia Civil. El alcalde, Feliciano Isabel (PP) atendió a la llamada de este diario pero cuestionó que hubiese noticia en la instalación de cámaras por motivos de seguridad ciudadana en un lugar tan pequeño. “Aquí pasan muchas cosas y hay gente mayor y hay que protegerla, porque por decirlo de alguna manera a veces vienen a cambiar las mangas del butano los que no son ¿tú no querrías estar protegida?”, pregunta. “Mira, aquí, los únicos que tienen que preocuparse son los ladrones”, añade. “Las cámaras no están funcionando”, justifica.

Sobre el hecho de carecer de permiso y potestad para ello, Isabel dice que es algo que “se arreglará la semana que viene con la Subdelegación”, con quien mantendrá una reunión para “subsanar el problema” y que “puede que en lugar de 8 cámaras haya que colocar sólo cuatro donde diga la Guardia Civil”. Pero al indicarle que no se trata de 8 cámaras sino que ha comprado 10, y que un ayuntamiento no puede colocar cámaras, Isabel rehúsa seguir atendiendo a este medio. “Es que sabes cosas que sólo te ha podido decir alguien de dentro”, razona. Isabel tampoco dio demasiadas explicaciones el Pleno que se celebró este martes y en el que el único concejal del PSOE optó por presentar las preguntas por escrito ante la tensión que generó el primer intento de obtener respuestas.