Arranca la investigación judicial por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en las primarias del presidente de Castilla y León

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca investigará si existió un delito de financiación ilegal del Partido Popular en la provincia charra, según un un auto del 26 de junio al que ha tenido acceso eldiario.es. El mismo juzgado ha acordado declarar firme el archivo de las actuaciones respecto a los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad y otros posibles ilícitos en el proceso de elecciones primarias en marzo de 2017 y en el que resultó vencedor el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Sin embargo, el juez, obligado por la Audiencia Provincial de Salamanca tras el recurso de Foro Izquierda- Los Verdes, reabre la causa “para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político del artículo 304 bis del Código Penal”. Entre las primeras diligencias de investigación acordadas está la toma de declaración al testigo A.G.V el próximo 30 de julio. A.G.V era un militante del PP que quiso declarar en su día y que, según fuentes del caso, falleció en febrero, debido a una enfermedad. A pesar de todo, existe la posibilidad de que se aporte un vídeo que este hombre grabó antes de morir y en el que hablaba de la extorsión que sufrió. Según un escrito que envió al juzgado, en el proceso de primarias se había aportado una cantidad de unos 60.000 euros “en negro”.

Además, requiere al PP de Salamanca que en el plazo de 30 días aporte al juzgado un listado “desglosado y detallado” con los nombres y apellidos de los cargos electos, asesores o personas relacionadas con el partido que efectuaron alguna de las donaciones, el cargo electo o actividad que desempeñaba en el momento de realizar esa donación, la cantidad donada y la persona o entidad a la que entregó el dinero y la justificación documental (recibo o movimiento bancario si lo hubiere, o en su defecto, declaración jurada del donante).

Además, también pide al PP otro listado con la identificación “anonimizada” del militante del PP cuyas cuotas hayan sido sufragadas por las donaciones, la cantidad económica a la que ascendían las cuotas adeudadas que han sido sufragadas por las donaciones y la justificación documental que refleje el pago de las mismas. Una vez que esta relación se haya aportado, el letrado de la Administración de Justicia tendrá que cotejar las justificaciones documentales de pago con el listado de afiliados, que ya se custodia en la secretaría del juzgado, para extender diligencia de constancia. En esa diligencia los afiliados no aparecerán identificados por su nombre sino por un número y se hará constar la coincidencia o no de las justificaciones.

El juez cita además a un segundo testigo, César Gómez-Barthe Celada, el próximo 31 de julio. Se trata de la identificada por uno de los testigos como la encargada de recoger el dinero, sin que, al parecer, se extendiese recibo. Gómez-Barhte, fue secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Salamanca e iba en las listas de las Cortes en las pasadas elecciones.

Por último, el juez da traslado al Ministerio Fiscal, a Foro Izqui3rda- Los Verdes y al PP para proponer medios de prueba entre los que sugiere la “posible identificación del denunciante anónimo, las declaraciones de testigos o prueba documental, evitando una ”investigación prospectiva“ encaminada a la indagación genérica.