Burgos desafía la Ley de Publicidad con una campaña en la calle presumiendo de la gestión de la deuda

“¡Menos deuda!” Así exclama una publicidad del Ayuntamiento de Burgos que, durante estos días, se puede ver en varios espacios públicos de la capital, colocaba en varios 'mupis' y en pantallas informativas. En esos soportes se puede leer, además, la siguiente frase: “La deuda directa del Ayuntamiento baja de 216 a 37 millones”. Un texto acompañado de dos gráficas donde se puede la reducción en este indicador económico, un “82% menos de duda”, según ese mismo anuncio.

Una campaña de 'autobombo' promovida por el alcalde, Javier Lacalle, candidato del Partido Popular para 'tripitir' como regidor de Burgos en estas próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Esta propaganda desafía la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León y la estatal, a lo que se podría añadir el agravante de que, aunque aún no ha comenzado el periodo de campaña, estas semanas previas bien podrían considerarse como tal.

El impacto de esta publicidad tiene claros tintes electorales llega en este periodo de gran actividad política, con las elecciones generales que se van a celebrar en abril, de forma previa a esos comicios para elegir a los alcaldes. En ese caso, la Ley Electoral es clara: durante el periodo de campaña está prohibida la publicidad institucional, especialmente cuando no sea de interés general.

Pero la Ley de Publicidad Institucional marca también límites, se desarrolle o no en campaña electoral. El marco normativo de Castilla y León, que emana de la legislación estatal, insiste en ese principio. “La ley parte de la necesidad de la publicidad institucional y pretende que ésta se desarrolle con plena eficacia y transparencia, y al servicio de los intereses generales”. En este caso, la publicidad con relación a la reducción de la deuda, más que un interés de todos, bien parece el interés particular de quien quiere mostrar los logros de su propia gestión, a tan sólo unas semanas para que vuelva a concurrir, de forma oficial, a unas nuevas elecciones.

La ley parte de la necesidad de la publicidad institucional y pretende que ésta se desarrolle con plena eficacia y transparencia, y al servicio de los intereses generales. Esa Ley de Publicidad Institucional delimita lo que se considera interés público, y señala que “promoverá el reconocimiento de las instituciones de la Comunidad; la difusión de la lengua castellana, del patrimonio histórico, artístico y natural, de los productos agroalimentarios, así como del resto de señas de identidad de Castilla y León; y la proyección exterior de los productos y servicios de la Comunidad”.

También alude a otras cuestiones de carácter más social, como la promoción de hábitos saludables a difundir “aquellos comportamientos que contribuyan a lograr la seguridad en el ámbito familiar, social, y laboral”, y a promover la integración social, la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, y la cultura de la paz y del diálogo en el ámbito social, económico y laboral.

Lo que prohíbe la ley es, precisamente, todo lo que tenga que ver con lo que se podría denominar “autobombo”. “No podrán llevarse a cabo actuaciones de publicidad institucional que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos previstos en el artículo 1”, entre los que se encuentran las administraciones afectadas por esta legislación, entre ellas las entidades locales.

La deuda real

Javier Lacalle no se ha cortado lo más mínimo al respecto y, ante las tímidas protestas de la oposición municipal, sigue adelante con campaña de publicidad, en la que se afirma que entre los años 2011 y 2018, el periodo de mandato del alcalde al frente del Consistorio burgalés, se ha pasado de 216 millones a 37. En esa publicidad, se añade en letras minúsculas, apenas perceptibles, el lema “+ Consorcios”.

El Ayuntamiento de Burgos es el responsable principal de la deuda de los Consorcios de la Variante Ferroviaria y del Consorcio del Polígono de Villalonquejar, que según PSOE y Ciudadanos, ascendería a cerca de 250 millones de euros. De ellos, 75 son deuda viva, es decir que se están pagando ya desde hace varios años, y otros 175 son deuda amortizable, siempre y cuando se vendan los terrenos que ambos consorcios están intentado colocar, bien para la instalación de nuevas empresas o para la construcción de viviendas. Por tanto, si se contemplan estas cifras, la deuda total supera los 287 millones de euros.

Al respecto, y según Ciudadanos, y al estar clasificados los consorcios como Administración Pública, su deuda computa como municipal, lo que deja el nivel de endeudamiento del Consistorio por encima del 110%, con lo que este debería acudir a otro Plan Económico-Financiero y sus cuentas volverían a estar tuteladas por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León.