Castilla y León podrá cerrar hasta cinco años bares y restaurantes que incumplan las medidas anti-COVID

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la modificación del Decreto-Ley 7/2020, de 23 de junio, que establece el régimen sancionador específico actualmente vigente en relación con el incumplimiento con las medidas de prevención y contención para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Los cambios abordados posibilitarán establecer un cierre cautelar por incumplimiento, tal y como ha comunicado el vicepresidente, Francisco Igea. “Se trata de castigar a los que incumplen y no a todos”, ha comentado.

La Junta justifica que, para levantar medidas paulatinamente, hay que tener un “estricto control de los incumplimientos” con el fin de evitar nuevos brotes que pongan en riesgo el control de la enfermedad y abocar a una nueva expansión de contagios y brotes. Para ello considera necesarios mecanismos “efectivos, disuasorios y coercitivos, que desalienten la realización de actividades contrarias al régimen preventivo socialmente asumido, de manera que sean posible intervenciones inmediatas llamadas a poner fin a aquellas actuaciones que, constitutivas de infracciones graves o muy graves, generen un alto riesgo de transmisión de la enfermedad”.

Considera que en “situaciones en las que las sanciones económicas tras la correspondiente tramitación resultan tardías o insuficientes” ante el bien social a proteger, la salud colectiva, “la posibilidad de determinar el cierre temporal de establecimientos, actividades y servicios”, sin perjuicio de las garantías jurídicas que deben de acompañar la adopción de esta intervención, se muestra como “una opción fuertemente disuasoria y coercitiva frente a comportamientos irresponsables y poco solidarios con el conjunto de la ciudadanía”.

El texto ahora elaborado hace referencia a una doble finalidad: por un lado, regula la posibilidad de imponer, como sanción accesoria a las anteriormente ya definidas, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio implicado en algunas de las situaciones calificadas como infracción grave o muy grave, siempre tras audiencia previa del interesado y por un período de dos o cinco años, respectivamente. Además, se puede acordar como medida “provisionalísima”, antes de que comience el procedimiento sancionador, o como provisional, una vez que se ha iniciado, “el cierre provisional o la suspensión de actividad en el establecimiento susceptible de infracción”.

En el caso de adoptarse la medida provisionalísima, ésta deberá ser ratificada, rechazada o modificada en la resolución iniciadora del procedimiento sancionador, en un plazo máximo de quince días tras la adopción de esa actuación provisionalísima, quedando sin efecto aquellas que, vencido ese plazo, no hayan sido ratificadas.

La adopción de estas medidas provisionales y sancionadoras accesorias ahora contempladas serán competencia de las autoridades que lleven a cabo la instrucción y resolución de los correspondientes procedimientos sancionadores: los órganos competentes de la Administración del Estado, de la Comunidad de Castilla y León y de los ayuntamientos.

La entrada en vigor de este Decreto-Ley y de los cambios que conlleva tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y se remitirá a las Cortes para su convalidación.