La Junta de Castilla y León defiende la identificación de las participantes en algunas concentraciones feministas para “conseguir la trazabilidad”. El vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, ha asegurado que no se trata de una “identificación”, sino “intentar asegurar la trazabilidad en reuniones multitudinarias”, puesto que, para Igea, “identificar” es lo que se ha hecho con una treintena de falangistas que viajaron desde Madrid a Valladolid para una concentración. “Trazabilidad es una cosa, identificar es otra cosa”, ha insistido.
Sin embargo, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sí ha hablado de “identificación” y ha asegurado que es algo previsto en el Real Decreto del 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El artículo en cuestión (nº 26), dice lo siguiente: “Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas”.
La consejera de Sanidad ha defendido que si la autoridad sanitaria “considera que tiene que ser solicitado”, el objetivo de esta identificación es “conseguir la trazabilidad” y realizar el rastreo de contactos “si hay un brote”, puesto que “las aglomeraciones un punto de contacto”.
El vicepresidente autonómico ha informado de que la Consejería “no ha dado una instrucción precisa” sobre cómo actuar en estos casos, puesto que no ha tomado “ninguna otra determinación salvo recomendar” no acudir a cualquier tipo de manifestación, “independientemente de qué tipo de reuniones sean”.