La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha lamentado este jueves el desmantelamiento efectivo del servicio de Alertas Epidemiológicas por la renuncia en bloque de todos sus técnicos, que son personal funcionario, a causa de seguir percibiendo sus retribuciones como “gratificación” a pesar de los servicios jurídicos han determinado que es una fórmula irregular.
Un desmantelamiento que admitió que le causa “preocupación” en plena sexta ola de contagios de la covid-19 y de cuya posible solución responsabilizó a la Consejería de Presidencia de la propia Junta, ya que se trata de un problema que le compete a ésta, como quiso remarcar también el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.
“No estamos impasibles”, aseguró la consejera, que admitió que los pagos a este personal “no eran regulares”. Sin embargo, confió en que se regularice la fórmula correcta a través de la puesta en vigor de la Ley de la Función Pública que debe tramitar Presidencia y que “necesitamos que se apruebe” a la mayor brevedad posible para resolver, entre otros, este problema.