Un “grupo de trabajo” creado el pasado 15 de julio y coordinado por las consejerías de Fomento y Sanidad decide desde ahora las restricciones que se imponen en Castilla y León. Pero saber quiénes están en este grupo es imposible. Desde la Consejería de Fomento indican que es Sanidad quien lo coordina, y desde Sanidad se niegan a facilitar el listado de profesionales que lo conforman.
Con su creación, el comité de expertos que se formó en marzo de 2020, y que está constituido por virólogos, epidemiólogos, urgenciólogos y otros especialistas, ha quedado relegado mientras sus decisiones son evaluadas por un grupo de trabajo 'fantasma'. No se les ha consultado desde el pasado 5 de julio, cuando propusieron una serie de medidas que la Junta adopta ahora en parte, dos semanas después y con una situación desbordada. Castilla y León es la tercera comunidad con mayor incidencia a 7 días y la segunda a 14 en esta quinta ola.
Según ha podido saber elDiario.es, la propuesta del comité de expertos pasaba por determinar si había que continuar aplicando el semáforo aprobado por el Ministerio y situar a la Comunidad en el nivel 2 y escalar después si era necesario, u optar por medidas más 'quirúrgicas' o prioritarias para la situación, como el cierre del ocio nocturno y el consumo en barra. Consideraron que estas medidas podían funcionar para parar el contagio en los grupos de edad que más frecuentan ese ocio. También se trató el tema del toque de queda, asumiendo que habría que contar con respaldo judicial si se apostaba por él, una medida que la Junta finalmente ha desechado.
Una de las propuestas que la Junta no ha aplicado, por el momento, es la de trasladar mensajes de concienciación, que podrían ser duros en algunos casos, así como el recordatorio de que la mascarilla sólo puede dejar de usarse al aire libre cuando se asegura la distancia de seguridad.
El cierre de parques y los bailes sentados, una propuesta que no hicieron los expertos
Por otro lado, los expertos se refirieron a evitar actos multitudinarios vinculados a fiestas patronales, tanto oficial como extraoficialmente. La Junta ha optado únicamente por prohibir la apertura de las peñas y por obligar a que los bailes se celebren con público sentado, al igual que las verbenas. Lo que en ningún momento se sugirió fue el cierre de parques públicos, una medida con la que la Junta pretende suprimir los botellones, y que es de difícil cumplimiento. Sin policía autonómica no hay suficientes agentes de la Nacional y la Local para vigilar esos espacios. Sin embargo, esta sorprendente medida tiene una clara intención política porque implica directamente a las autoridades locales y a la Delegación del Gobierno. En el caso de los Ayuntamientos, quedan comprometidos los de las ciudades más grandes y con más incidencia de casos, como Burgos, León y Valladolid, gobernadas por el PSOE. La Junta, desde el mes de mayo, cuando Isabel Díaz Ayuso barrió en las elecciones a la Comunidad de Madrid, ha dejado de lado la estrategia sanitaria para centrarse en la política, que pasa por hacer oposición al Gobierno central. La reducción de envío de vacunas, la eliminación de mascarilla en espacios abiertos y la falta de una herramienta que permita decretar toques de queda centran ahora los mensajes del Gobierno autonómico. Las restricciones, que se ha resistido a tomar, se comunicaron el lunes al filo de las nueve de la noche mediante un correo electrónico y se mantuvo el silencio sobre el asunto en las redes sociales tanto en la cuenta institucional de la Junta de Castilla y León como en las cuentas personales del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente, Francisco Igea, hasta la rueda de prensa de este martes, en la que este último reconoció que en el Gobierno de la Comunidad habían sido “idiotas”, dadas las cifras de contagio.
Pese a la negativa de la Junta a revelar quienes componen el grupo de trabajo que decide sobre las propuestas del comité de expertos, sí comunicó en nota de prensa cuando lo creó, en marzo de 2020, sus nombres y cargos. La presidenta es la consejera, Verónica Casado y la vicepresidenta, la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco Martínez. El resto de participantes son Ignacio Rosell Aguilar, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, secretario del comité; Cristina Ruiz Sopeña, jefa del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública; José María Eiros Bouza, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario ‘Río Hortega’, en Valladolid y catedrático de la Facultad de Medicina de Valladolid; Andrés Álvarez Hodel, médico de urgencias del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) y vocal de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SOCALEMFyC); Sonsoles Paniagua Tejo, jefa de la Sección de Medicina Preventiva del Hospital Universitario ‘Río Hortega’; Jorge Elizaga Corrales, médico especialista en Medicina Interna y gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia; Ana M.ª Haro Pérez, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; José Ramón Casal Codesido, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de El Bierzo; José Manuel de la Fuente, médico especialista en salud laboral; Flor de Castro Rodríguez, gerente de Emergencias Sanitarias de Sacyl; María José Pérez Boillos, médica especialista en Medicina Preventiva y experta en seguridad del paciente; Francisco Martín Rodríguez, enfermero de Emergencias Sanitarias; Tomás Ruiz Albi, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario ‘Río Hortega’; Tomás Caro-Patón Carmona, del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario ‘Río Hortega’; Ana Cristina Hernández de Diego, del Complejo Asistencial de Soria; y Mercedes Garrido Redondo, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León ha subrayado su transparencia en varias ocasiones, especialmente en lo que respecta a las actas del comité de expertos que está colgando en la web, pero por el momento no ha hecho públicas las del 'grupo de trabajo'.