El gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha decidido optar por la prohibición con carácter general de acceso de los animales de compañía a los edificios públicos autonómicos en contra del espíritu de la ley de bienestar animal que entró en vigor en septiembre y que establece el libre acceso salvo prohibición expresa. El gobierno que lidera Alfonso Fernández Mañueco ha optado por esa medida a través de órdenes de las consejerías, para impedir que se puedan llevar animales a hacer gestiones o visitas culturales, más allá de otras ya en vigor como en edificios sanitarios.
Este jueves se publicaba la orden que regulaba los centros dependientes de la consejería de Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en manos del controvertido Gonzalo Santonja, donde se prohibe con carácter general el acceso de perros o gatos a estas instalaciones que incluyen museos, bibliotecas y espacios deportivos. Este viernes ha sido el momento de la consejería de Movilidad y Transformación, en manos del PP, que ha hecho lo propio con sus centros como los Espacios CYL Digital o el Centro de Supercomputación ubicado en León.
Las órdenes se justifican aludiendo a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor a finales de septiembre, y que en su artículo 29.3 señala que “Salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas”. Es decir, con carácter general este acceso está permitido salvo acuerdo contrario.
Según las consejerías “El ámbito de decisión que dicho precepto permite a las Administraciones Públicas, dentro del respeto a los derechos, límites y requisitos establecidos por la propia ley, requiere de actos administrativos resolutorios relativos a las características y condiciones de la entrada de personas con animales de compañía en los distintos edificios y dependencias públicas”.
Además, se justifican en que “El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece el derecho a una buena Administración de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Autonómica, así como el deber de los poderes públicos de prestar unos servicios públicos de calidad junto a la promoción de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos”. Y en base a ello su decisión ha sido prohibir la entrada de animales de forma generalizada.
La restricción en el ámbito de la cultura y el deporte engloba a todas las bibliotecas públicas de las nueve provincias de la comunidad autónoma, sus museos como el Musac de León o el de la Evolución Humana de Burgos, todos los museos provinciales, así como los archivos históricos, además de centros deportivos bajo su gestión como algún refugio de alta montaña en Ávila.
El amplio listado incluye incluso elementos donde no es que no vayan a entrar perros, es que hace 20 años que no entran humanos, como la Villa Romana de Navatejera, en la provincia de León, clausurada en el año 2004 y sin fondos a la vista para su reapertura.
Tampoco se podrá ir con perros o gatos, los animales de compañía más frecuentes, a las oficinas de empleo ni centros de formación, bases de extinción de incendios, centros de recuperación de animales, así como todos los centros educativos de Castilla y León, entre otros edificios.
La excepción: ir al Registro
La consejería de Presidencia ha prohibido con carácter general el acceso en todos los edificios administrativos de la autonomía a los animales de compañía “con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las oficinas administrativas en un ambiente de trabajo adecuado, así como los derechos de dichos empleados relativos a las condiciones que requiere su ámbito laboral para la prestación de unos servicios de calidad”.
Pero admite una excepción, ir a los Registros, “pues dichas oficinas constituyen el elemento principal de la Administración, al margen de las vías electrónicas, a los que los ciudadanos se dirigen para la presentación de documentos”. Cabe recordar que con la nueva legislación ya no se pueden dejar animales de compañía atados a la entrada de edificios para hacer una gestión, por pequeño que sea el tiempo que se emplee.
Entre el listado de excusas que usa la administración autonómica para esta medida indican que “se considera oportuna además para evitar situaciones de riesgo para la salud tanto de los alumnos y profesores, como del personal que presta sus servicios derivadas de problemas de fobias, alergias, etc”, entre otras. En el caso de la prohibición de los colegios, salvo para actividades reguladas, se especifica que “en el caso de los centros educativos se considera que el acceso de animales de compañía podría entrañar riesgos tanto higiénico-sanitarios como a la integridad del alumnado mayoritariamente menor de edad”.
El gobierno autonómico señala que estas prohibiciones deberán señalizarse de forma adecuada en los lugares de entrada donde estén vigentes, la práctica totalidad de sus edificios. El acceso a edificios públicos con animales guía se mantiene libre de acuerdo a las normativas vigentes y que protegen de forma especial este derecho.