Castilla y León recibirá 30,3 millones de euros para financiar la dependencia, un 10,7 por ciento de los 283 distribuidos por el Consejo de Ministros celebrado este martes. Estos fondos, en cuyo reparto Castilla y León se sitúa como cuarta más beneficiada, sólo por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid, corresponden al llamado 'Nivel Acordado', una partida recortada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, lo que supone el cumplimiento de uno de los principales compromisos del Acuerdo de Gobierno de la Coalición Progresista.
El secretario autonómico del PP y vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, y la procuradora por Segovia, María Ángeles García, estiman que, según la financiación de la atención a la Dependencia, que se encuentra regulada por Ley, el Gobierno le debe a Castilla y León 344 millones de euros, ya que frente a los 482 millones que aporta el Gobierno regional, el Estado sólo pone 138 millones.
Es decir, el 78 por ciento de la inversión en dependencia lo aporta la Junta y sólo el 22 por ciento el Estado, ha aseverado Vázquez, quien ha subrayado que el Gobierno Socialista “debe 344 millones de euros anuales en esta materia” porque según la Ley, la financiación debe ser al 50 por ciento entre ambos gobiernos.
“Aquí, otra vez, los socialistas están perjudicando a nuestra comunidad autónoma, y en este caso a los que más lo necesitan porque nos deben anualmente 344 millones de euros de presupuesto en materia de Dependencia”, ha enfatizado Vázquez, quien ha denunciado “la política sectaria del Gobierno socialista de España” que perjudica a Castilla y León.
Junto a la recuperación del Nivel Acordado, el Gobierno también ha elevado una media del 17 por ciento las cuantías del Nivel Mínimo, esto es, las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas por cada persona dependiente atendida, explica la Delegación del Gobierno a través de un comunicado remitido a Europa Press.
En conjunto, supone el aumento de la financiación a la dependencia en 600 millones, lo que equivale a un incremento del 43 por ciento en la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable de esta partida.
Los fondos darán cumplimiento al Plan de Choque en Dependencia, que busca tres objetivos, según apunta el comunicado, y que son reducir las listas de espera, mejorar las condiciones y la calidad de los servicios profesionales para la dependencia, así como las prestaciones financiadas que reciben las personas dependientes.
Para 2022 y 2023 el Gobierno se compromete a llevar a los presupuestos incrementos similares (y acumulativos) para conseguir el objetivo fijado en el Acuerdo de Gobierno de reducir la lista de espera al menos un 75 por ciento, además de mejorar las prestaciones que reciben las personas dependientes y las condiciones laborales de los y las profesionales.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se felicitó por el impulso que esta nueva partida que llega a la Comunidad de los fondos del Estado supone para el cuidado de las personas de nuestro territorio que más lo necesitan, así como para el reconocimiento del esfuerzo y el trabajo que supone ese cuidado en el día a día.
Izquierdo ha añadido que espera que estas medidas, puramente sociales, que constituyen uno de los pilares fundamentales de la razón de ser de la acción de este Gobierno, sean emuladas por el resto de administraciones.