Castilla y León recurrirá la nueva protección del lobo

La Junta de Castilla y León se ha mostrado “radicalmente en contra” de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), recurrirá la orden ministerial que lo hace efectivo y pedirá la suspensión cautelar de la eficacia de la misma. Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que el recurso contencioso administrativo se presentará en los próximos días en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones, quien ha participado en la inauguración de la Feria Expobiomasa en Valladolid, ha concretado que Castilla y León presentará su propio recurso pero lo hará en coordinación con las comunidades afectadas, mientras que Asturias, Cantabria y Galicia presentarán su propio escrito.

“Y trataremos de lograr la suspensión de la eficacia porque al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad”, ha añadido.

El titular de Fomento y Medio Ambiente considera que es “un día preocupante” para Castilla y León porque el Boletín Oficial del estado “consuma” un anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Suárez-Quiñones ha afirmado que Castilla y León está “radicalmente en contra” de esta iniciativa porque perjudica a los intereses generales de la Comunidad, pero no sólo a los suyos, sino a los de Galicia, Asturias o Cantabria, los de once comunidades, “la mayoría”, que estaban en contra de la inclusión del lobo en el Listado.

Gran perjuicio

“En definitiva supone que dejemos de gestionar las poblaciones de lobo a través de la caza y los recursos cinegéticos”, ha explicado el consejero, quien ha asegurado que esto se traduce en un “perjuicio enorme” para el “equilibrio” de los daños que ya existen en ganadería extensiva con el lobo, que se incrementarán, pero además un peligro de abandono de la ganadería en el territorio y, por lo tanto, “el abandono” y “cierre” de los pueblos.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha agregado que están “radicalmente en contra” de que una Vicepresidencia que tiene que luchar para el reto demográfico porque lo lleva en uno de sus títulos ha adoptado “una medida que va justamente en sentido contrario, va contra la población y favorece la despoblación”.

Además, se adopta sobre razones que entiende que “no existen”, ya que se apela a razones culturales, ya que no motivos relacionados con la conservación de la especie, que es “favorable”, tras lo que ha recordado que Castilla y León tiene “la mayor población de lobos de Europa y no existe ninguna razón en intereses generales que justifique esta medida”.

En cuanto a las medidas para el control del lobo que se permitiría a partir de ahora, el consejero ha aclarado que permite lo mismo que la normativa europea y se aplica al sur del Duero, “controles excepcionales con mucha dificultad y muy limitados”.

A este respecto ha apuntado que el 75 por ciento de los lobos que están en la parte norte del Duero provocan ahora, con esta gestión que ahora se elimina, sólo el 25 por ciento de los daños, mientras que al sur, donde es una especie protegida por decisión europea, el 25 por ciento de los lobos provocan el 75 por ciento de los daños, “lo que da idea de lo que pasar con inclusión de lobo en el LESPRE”.

Por su parte, el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, ha calificado de “día triste para la ganadería” la publicación en el BOE de la orden que prohíbe la caza del lobo ibérico en toda España al tiempo que considera una “sinrazón” una protección del lobo “tan desequilibrada” porque no contribuye a lucha contra el reto de la despoblación.