Comisiones Obreras ha exigido a la Junta de Castilla y León que no ponga como “excusa” las elecciones, tenga “responsabilidad” y “coherencia” y cumpla todo lo firmado con los empleados públicos como el acuerdo sobre fondos adicionales, la recuperación de las 35 horas, el calendario de la carrera profesional y negocie el convenio del personal laboral.
Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO-CyL y portavoz del Área Pública, Elena Calderón; la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, Ana Rosa Arribas, y la responsable de Servicios a la Ciudadanía, Ana Fernández de los Muros.
Elena Calderón ha exigido al Gobierno que cumpla todo lo firmado, entre lo que se encuentra el acuerdo de fondos adicionales firmado el 23 de julio de 2021, derivado del II Acuerdo para la mejora del Empleo de marzo de 2018, en cuyo punto 4 establece que el estudio y las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) deberían haber sido finalizadas en el último trimestre del 2021.
El objetivo de este acuerdo es poder imputar la cuantía correspondiente de dichos fondos al complemento específico de las y los empleados públicos para su cobro posterior. Sin embargo, ha asegurado que no saben “nada” y la Junta aún no ha dado la orden para que se ejecute ese cobro.
Así, ha denunciado públicamente esta demora en los pagos, ya que se trata de fondos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, que exigen se trasladen a las nóminas de las y los empleados públicos de manera inminente.
De la misma manera, ha afirmado que no pueden dejar pasar la oportunidad de recordar al consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una reivindicación “fundamental” para los empleados públicos como es la recuperación de la jornada de 35 horas, también pendiente de cumplir.
DOBLE INCUMPLIMIENTO
Calderón ha recordado que en mayo de 2019 se firmó un acuerdo de recuperación de la jornada laboral, que el actual gobierno se negó a dar cumplimiento. Además, el pasado 19 de octubre, en las Cortes se aprobó una moción en el mismo sentido para materializar “con carácter inmediato” el acuerdo, algo que tampoco ha cumplido el Gobierno.
Asimismo, ha apuntado que no se puede olvidar el calendario pactado de carrera profesional, en el que aparece la apertura grado ordinario para todos los empleados públicos en 2022, para lo que es imprescindible publicar el reglamento, sin lo cual no se puede abrir la carrera profesional, por lo que ha exigido que se cumplan los plazos del acuerdo rubricado en 2021.
Por otro lado, Calderón ha explicado que también ha quedado paralizada la negociación del convenio colectivo de todo el personal laboral, cuya negociación exigen que se agilice para dar salida a este convenio “demandado desde hace mucho tiempo”.
Elena Calderón también ha denunciado públicamente públicamente la falta de compromiso de la Administración autonómica con los empleados públicos y ha exigido el cumplimiento de todos estos acuerdos.
Además, ha pedido al próximo ejecutivo que salga elegido en las urnas que cumpla y materialice los acuerdos en las mesas de negociación mantenidos hasta ahora.
La responsable de CCOO ha advertido de que queda mucho por recuperar para los empleados públicos, ya que desde la anterior crisis se ha producido una pérdida de derechos que no se han recuperado y con la crisis generada por la pandemia se ha demostrado que los empleados públicos son “esenciales”.
MEJORAS PARA LA CALIDAD
Calderón ha afirmado que CCOO sigue reivindicando la mejora de las condiciones de los trabajadores para garantizar unos servicios públicos “de calidad”, pero además ha pedido la recuperación del poder adquisitivo perdido en la anterior crisis, que oscila entre 11 y 18 puntos, pero también recuperar el empleo perdido y rejuvenecer las plantillas, que tienen una edad “avanzada”, que conlleva jubilaciones que hacen “peligrar” la continuidad de los servicios públicos, por lo que se hace “imprescindible” la convocatoria de oposiciones.
“La disculpa que están poniendo para no cumplir es la convocatoria de elecciones y, aunque haya elecciones, se puede cumplir si está firmado”, ha añadido.
En este contexto, Ana Rosa Arribas ha recordado que, “por unos motivos o por otros”, el presidente del Gobierno de Castilla y León ya incumplió ates de las anteriores elecciones y por ello duda de que vaya a cumplir o no.
Además, ha incidido en que los presupuestos que deberían contemplar esas medidas, que no se han aprobado por la convocatoria electoral, los empleados públicos siguen con derechos perdidos y no recuperados desde hace años como la parte proporcional de las pagas extras desde 2012, algo que no se puede demorar más, sobre todo en una situación en la que el IPC ha subido un 6,5 por ciento y, con todo el poder adquisitivo perdido, “no se puede demorar más”.
Arribas ha asegurado que les parece un “abuso” esta situación y además ha destacado el incumplimiento de las 35 horas con un acuerdo firmado y una moción aprobada en el Parlamento autonómico.
En la misma línea se ha expresado Ana Fernández, quien considera que se podría haber seguido adelante con la ejecución de los acuerdos, algo que tienen “claro” y ha augurado que ahora la Administración se “escude” en las elecciones pero luego lo harán en los meses que necesitan para poner en marcha el nuevo gobierno, sea el que sea, lo que llevará a una “dilatación de los tiempos” para poner en marcha estas medidas.
POSIBLE ENTRADA DE VOX
Precisamente en cuanto al nuevo gobierno que salga de las urnas y un posible pacto de PP con Vox, Ana Fernández espera que no se produzca porque sería un “retroceso” para toda la ciudadanía y para los empleados públicos por supuesto, ya no sólo con la relación con los sindicatos y cómo se podría romper una Mesa de Empleados Públicos que “da frutos”, aunque otra cosa sea que se cumplan.
Así, cree que la negociación se vería resentida, pero cree que es algo que no sólo preocupa a los sindicatos, sino que es probable que si la formación verde entrara a gobernar los empleados públicos podrían tener “otras condiciones”
Ana Rosa Arribas ha incidido en que Vox en sus programas, por ejemplo en materia sanitaria, excluye a una parte de la sociedad del sistema sanitario, cuando su existencia y la cobertura que tiene está avalada por la Constitución.
Finalmente, Elena Calderón ha asegurado que como sindicato no “temen” ni a Vox “ni a nadie”, aunque otra cosa serían los resultados a la hora de negociar, pero en materia educativa cree que el “daño” que puede hacer a la sociedad en este área podría ser “muy importante” y un “retroceso muy grave”.
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