El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, ha sido cesado en el cargo “por el transcurso del tiempo para el que fue elegido”. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán Fernández, resuelve así la situación al frente de esta institución propia de la Comunidad tras vencerse los cuatro años de mandato para que el que Quintana fue escogido. Hasta la elección del nuevo Procurador, Quintana pasa a estar en funciones.
Ahora se abre un periodo en el que las Cortes de Castilla y León tendrán que votar el nuevo Procurador del Común al que Quintana podrá ser reelegido al llevar solo un mandato de los dos que la ley fija como máximo. Para la elección de este cargo, se tiene que obtener una mayoría de tres quintos en el Parlamento autonómico, una cifra que ni PP y Vox suman lo que abre la puerta a tener que negociar.
En 2018, Quintana fue propuesto por PP y PSOE que, con sus 67 votos conjuntos, sacaron adelante el nombramiento aunque con la oposición de Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unidad y Unión del Pueblo Leonés.
Tras publicarse el cese en el Boletín Oficial de Castilla y León de este miércoles, hay un plazo de un mes para que la Mesa de las Cortes reciba el nombre del candidato para ser refrendado en pleno. La Comisión parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común actualmente está presidida por Vox, quien se ha mostrado proclive a eliminar esta institución propia de Castilla y León -y como tal está recogida en el Estatuto lo que supone que una reforma necesitaría al entenderla como que duplica las funciones del Defensor del Pueblo
La Comisión parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común la preside el parlamentario de Vox Javier Teira. Este grupo defiende centralizar las funciones en el Estado y rechaza duplicar en los territorios órganos homólogos. Sin embargo, la institución está en el Estatuto de Autonomía y para hacer una reforma o suprimirla requiere de una mayoría del 60% de las Cortes
Hay que recordar que esta figura del Procurador del Común sirve “para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan”, como recoge la ley que lo regula.
Además del Procurador del Común, también van a expirar los mandatos los presidentes de las otros instituciones propias de Castilla y León: el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.
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