La Consejería de Educación de Castilla y León, condenada a pagar 6.250€ al sindicato CSIF por ocultarle información

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) interpuso el 16 de abril de 2021 un procedimiento, en el Contencioso-Administrativo número 3 de León, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso presentado el 5 de marzo de 2021, por el que ese sindicato solicitaba a la Dirección Provincial de Educación de León la información relativa al cupo o plantilla funcional del personal docente, con inclusión de los datos para cada puesto de trabajo y, en el caso de los interinos, el número de horas por las que son contratados. “Una información necesaria e imprescindible para ejercer el derecho a la libertad sindical”, asegura CSIF.

El 30 de julio de 2021, un auto de ese juzgado consideró que no tenía competencias, y remitió el asunto a la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es quien -finalmente- ha fallado la sentencia el 25 de enero de 2022.

La interposición de demanda ante los tribunales, explica CSIF, se ha debido a la “reiterada conducta obstructiva de la administración autonómica”, y a su negativa -durante años- de facilitar la información relativa a la plantilla funcional del personal docente, dependiente de la Dirección Provincial de Educación de León, que incluye la protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

“No es posible vigilar el cumplimiento de la ley por parte de la administración, si esta oculta la información imprescindible para llevar a cabo esa función de vigilancia, y desempeñar las funciones que como sindicato nos son propias”, explica CSIF, razón por la que no solo se ha condenado a la Consejería de Educación a entregar la información solicitada, sino también a indemnizar al sindicato independiente demandante por la vulneración de ese derecho fundamental, y a pagar las costas procesales.

Tras el éxito obtenido por la sentencia, CSIF espera que la Junta comience a cumplir con sus obligaciones “lo antes posible”, poniendo fin a la obstaculización de un derecho tan elemental como es la libertad sindical.