La Consejería de Familia de Castilla y León no hará públicos los datos de fallecidos por residencias de ancianos en contra del criterio que se extrae de una resolución del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. A finales de la semana pasada, el Comisionado, dependiente del Procurador del Común -el Defensor del Pueblo autonómico- resolvió que la Junta debía “ponderar” el interés público que existe a la hora de divulgar los datos de fallecidos en cada una de las residencias, tal y como solicitó elDiario.es. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Familia explican que la resolución del Comisionado “es uno más de los muchos de los informes” que tienen en cuenta y que en principio “no va a haber cambios en el criterio”.
La consejera, Isabel Blanco, ha señalado en varias ocasiones que a favor de la posición de no dar los datos de fallecidos en cada una de las 700 residencias públicas y privadas de la Comunidad, existe un informe de Servicios Jurídicos de la Junta, el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, y la Ley de protección de datos. A pesar de ello, la resolución del Comisionado de Transparencia conocida la semana pasada solicitaba que ponderase estos criterios junto al derecho de acceso a la información. Así, el Comisionado resolvió que “se ha restringido” el derecho de acceso a la información de una forma “injustificada y sin amparo en lo dispuesto en la normativa aplicable”, por lo que instaba al Ejecutivo a retrotraer el procedimiento y a dictar una nueva resolución.
El Comisionado considera que Familia no tendría que haber pedido el consentimiento de la publicación de los datos a las residencias afectadas, sino únicamente solicitar su opinión, y a partir de ahí valorar si existe justificación suficiente para no dar los datos. Este proceso, según la resolución del Comisionado, es el que la Consejería debería haber puesto en marcha, pero no lo hizo aduciendo que las empresas tenían el derecho a dar su consentimiento. En su lugar, explican desde Transparencia, Familia debería haber informado a las residencias de que había una solicitud de información, y en caso de que se opusiesen a que se facilitasen los datos a los medios, estas habrían tenido la posibilidad de que se retuviesen los datos, siempre que presentasen una reclamación al Comisionado de Transparencia.
Familia deberá retrotraer el procedimiento, es decir, informar a las residencias y pedir su opinión, pero no reclamar su consentimiento. Si después de esto la Consejería pondera en favor de las empresas, los solicitantes de la información, todavía podrían reclamar los datos, y el Comisionado de Transparencia pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. En ese caso, la resolución del Comisionado sí sería preceptiva y podría obligar a la Junta a dar los datos, una decisión que tendría que valorarse en el Consejo de Gobierno de la Junta, donde quedarían patentes las posiciones totalmente contrarias de la Consejería de Transparencia y la de Familia en esta materia.
Esta última ha decidido mantener su posición contraria a ponderar el derecho a la información, una actitud que en la práctica supone poner por delante el derecho al honor y los intereses económicos de las empresas. El Comisionado detalló en su resolución que en la forma de proceder de Familia existen “vicios formales y materiales” que están generando un retraso en el acceso a la información, más aún dado el especial interés en que la información solicitada sea conocida, en un contexto de crisis sanitaria y social “sin precedentes en el último siglo”.
Después de que Familia retrotraiga el procedimiento y dicte una nueva resolución, los solicitantes de información, entre ellos elDiario.es, podrán volver a presentar una reclamación. Desde Familia insisten en que la administración mantiene la vocación de ser trasparente y explican que están consultando a todas las residencias y grupos asistenciales de la Comunidad para que permitan hacer públicos los datos, hasta ahora con poca o nula predisposición por parte de las empresas.
Sin la autorización de los centros asistenciales Familia no está dispuesta a hacer públicos los datos solicitados como sí han hecho otras Comunidades Autónomas como Madrid o Catalunya. Familia, citando el informe de Servicios Jurídicos, se escuda en la necesidad de “protección del Derecho al Honor” de esas compañías y en supuestos “daños económicos y comerciales”. Sin embargo, la Dirección General de Transparencia, órgano dependiente de la Consejería de Transparencia, que dirige el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, señaló en el informe que presentó al Comisionado que estos derecho “no tienen amparo o cobijo en la normativa mencionada si no es a través de su encaje en alguno de los límites al acceso contemplados en los artículos 14 y 15 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública.