Consultorios sin médicos, consultas telefónicas sin respuesta y años de dejadez: los pueblos de la España Vaciada se manifiestan por la sanidad rural

Lograr que te atienda un médico en una zona rural de Castilla y León es una carrera de obstáculos. La pandemia de COVID ha empeorado la atención sanitaria, pero los problemas venían de lejos. Es por ello que varias asociaciones de la España Vaciada, ente ellas Soria ¡YA! y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Rural de Castilla y León, han convocado la protesta Yo paro por mi pueblo frente a los consultorios rurales de la Comunidad. A ellas se suman una treintena de asociaciones similares de 23 provincias del país.

El objetivo es denunciar la situación actual y protestar contra los años de olvido y dejadez que han sufrido por parte de las administraciones. “Apostamos por una reestructuración que suponga una nueva visión y un planteamiento radicalmente diferente que ponga a las personas en el centro de todo el sistema sanitario”, reza el comunicado en el que invitan a una protesta a las doce del medio día frente a los miles de consultorios.

Antes de la pandemia, los cerca de 4.000 consultorios rurales de Castilla y León solían abrir una o dos veces por semana para atender a los pacientes. Ahora, si tienen suerte, el médico pasa de forma esporádica cuando ha concertado varias citas por teléfono. Aunque la población de las zonas rurales es más envejecida, la consulta telefónica se ha convertido en la principal forma de contacto entre médico y paciente, en zonas donde falla la cobertura o apenas existe. Pero ni si quiera ser joven y tener una conexión decente le libran a uno de la espera telefónica.

Atención telefónica como única opción

Es el caso que relata Susana Vega, de Grisuela en Zamora y en el mismo que denuncian ciudadanos de varias comarcas castellanas y leonesas. Durante tres días estuvo llamando al centro de Salud de Alcañices para una consulta sobre la medicación de su padre, de 72 de años. “Llamo yo porque le cuesta mucho aclararse con el teléfono”. Según relata, el primer día llamó cuatro veces “y no me contestaron”. El segundo día le contestaron al tercer intento y le dijeron que como la médica estaba de vacaciones la volverían a llamar ese mismo día. No sucedió. Al tercer día (y después de siete intentos) logró que le atendiese un sanitario “muy agradable”, que resolvió su duda en un momento. “Ni diez minutos estuvimos al teléfono”, explica.

El COVID-19 ha provocado el cierre de la mayoría de consultorios rurales de Castilla y León, a pesar de que la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, niega la mayor. Casado ha concedido más de una rueda de prensa por semana desde marzo, y en casi todas ellas responde que los consultorios no están cerrados, por mucho que los vecinos de varias comarcas denuncien lo contrario. “La consejera está actuando de manera hipócrita y miente descaradamente”, resume Diego Moreno, coordinador de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla y León. Siendo precisos Casado no ha cerrado los consultorios, que siguen abiertos, pero sin médicos.

La apertura de los consultorios rurales de Castilla y León técnicamente no depende de la Junta, porque estos son, en su mayoría, de titularidad municipal. Según Moreno, estos centros son una reliquia del modelo anterior a 2001, cuando la gestión sanitaria pasó a manos de las Comunidades. Antes, los médicos del INSALUD se coordinaban para ir a estos Consultorios, pero cuando se creó el SACYL, la sanidad castellana y leonesa, la responsabilidad de cómo llenarlos con médicos depende de la Junta.

Consultorios sin médicos ni material

Ahí termina la responsabilidad de la Consejería de Sanidad, en dotar de personal a los consultorios. Porque en Castilla y León, ni si quiera la dotación de los cerca de 4.000 consultorios rurales depende de la Junta. Son en la mayoría de los casos, los propios ayuntamientos quienes pagan la luz, las reparaciones e incluso material como fonendoscopios, los tensiómetros, y a veces, las camillas. Según alcalde de Pedrajas de San Esteban, uno de los municipios vallisoletanos confinados por la Junta desde hace dos semanas, el Ayuntamiento ha tenido que poner el gel hidroalcohólico.

Antes de la pandemia de COVID-19, el principal objetivo de la Consejería de Sanidad -en manos de Ciudadanos- era revolucionar la sanidad rural. Para ello puso en marcha el llamado Plan Piloto de Aliste en Zamora. Un proyecto que apostaba por la cita previa y los Centros Rurales Agrupados (CRA), una especie de mini centros de Salud que darían servicio a varias poblaciones y cuya dotación y mantenimiento sí dependería de la Junta.

Como con tantas cosas, la pandemia obligó a detener el Plan en Aliste, al menos en cuanto a la creación de los CRA. Lo único que se ha aplicado es la consulta telefónica, pero no solo en Aliste, sino en prácticamente toda la Comunidad. Es por eso que la oposición de Castilla y León, los sindicatos y muchos vecinos y alcaldes temen que la Junta esté utilizando la pandemia como pretexto para imponer la cita previa y la atención telefónica. “De facto se está aplicando este modelo se está aplicando en todas partes. A los grupos nos están diciendo: si queréis que tengamos sanidad pública tenéis que asumir nuestro modelo”, resume coordinador de Sanidad del PSOE  

Necesidad de contratar y retener a los sanitarios

Además de la falta de equipamiento de los consultorios, el envejecimiento de la población y la falta de cobertura, el problema que subyace en la sanidad rural castellano y leonesa es la falta de personal sanitario. Esta semana, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, llegó a advertir a los ciudadanos que tenían previsto participar en la protesta del sábado que, aunque estaban en su derecho de manifestarse, lo que no entendían los ciudadanos es que cuando un  consultorio no está abierto, lo que hay son profesionales “atendiendo hasta 80 consultas telefónicas diarias”.

Pedrajas de San Esteban (Valladolid) no tiene pediatra, Barruelo de Santullán (Palencia) no tiene guardias médicas, Sotillo de la Ribera (Burgos) fue confinado sin médico… La lista es interminable. En situaciones normales, los profesionales sanitarios tienen que cubrir territorios enormes. En un contexto de pandemia, los médicos no sólo tienen cubrir las patologías habituales y recorrer las mismas distancias en coche, también atender a posibles casos de COVID-19 y hacerles seguimiento. Es ahí es donde las costuras del sistema están empezando a saltar.  “Si no llegan los médicos o las enfermeras casi, tampoco van a llegar los rastreadores”, resumen Miguel Holguín, secretario regional de Sanidad de la FeSP de UGT de Castilla y León.

En la Comunidad hay una serie de plazas rurales que se quedan sin cubrir anualmente. No solo en pueblos con malas comunicaciones, también en ciudades medianas e incluso en capitales de provincia como Zamora. El problema, explica, es que “no hay incentivos para que los sanitarios se queden”.  Desde la mesa sectorial de Sanidad han propuesto a la Junta medidas que hagan más atractivas las plazas de la sanidad rural. “Mayor consideración económica, valorar con mayor puntuación a quien haya trabajado en esas zonas, y sobre todo, que se pueda hacer docencia. Esa sería una forma de atraer a los MIR: que puedan formarse y que vean la realidad de la sanidad en estas zonas”. 

Susana Vega, de Grisuela, asegura que participará en la protesta, aunque cree que no servirá de mucho. “Igual que las personas mayores se hartan de llamar al médico y son capaces de aguantar con el dolor, nosotros haremos lo mismo. Protestaremos aunque no nos hagan caso”.