No hay aislamiento, no se han clausurado zonas comunes y los ancianos de la Cardenal Marcelo, de la Diputación de Valladolid, deambulan en grupo por el centro, sin guardar la distancia de seguridad y con las mascarillas mal colocadas. El 98% está infectado por COVID-19. Las fotos, tomadas este domingo y a las que ha accedido eldiario.es, demuestran que los protocolos no se respetan.
Los comedores se han desplegado, ahora hay uno en lo que era la sala de animación. Aún así, no hay apenas distancia entre los comensales. El diputado de Acción Social de la institución provincial, David Esteban, confirma a eldiario.es que los residentes siguen compartiendo espacios como el comedor, pero que a partir de este lunes, comerán en sus habitaciones. “Durante el resto del día ya están aislados” asegura. “El Comité -el equipo técnico que dirige ahora la residencia- ha tomado decisiones que se han ido incorporado gradualmente. El esfuerzo de la plantilla está siendo importante para adaptarse y lo agradecemos”, comenta.
El problema no está sólo en el comedor. En otras fotos, los ancianos se juntan para coger el ascensor de vuelta a su planta. Algunos llevan las mascarillas mal puestas, apenas les cubre la boca, tampoco usan guantes. El centro fue desinfectado el pasado jueves por el Ejército, pero no se han contemplado las precauciones mínimas y no se descarta su vuelta. Hay 189 ancianos enfermos. De ellos algunos están en el hospital, y otros en estado grave, bajo el control del equipo COVID del Hospital Clínico de Valladolid. Fueron esos médicos quienes pusieron orden en el caos en que se había convertido un centro público que intentó, por todos los medios, ocultar que el coronavirus estaba allí.
El virus afectó al director, la primera baja por esa causa. El 19 de marzo se confirmó su positivo. En días posteriores, llegaron los de varios trabajadores que tenían contacto directo con los residentes: enfermeras, auxiliares...pero no avisaron a nadie, causaron baja y la residencia siguió reportando a la Junta que no había virus. Hasta que una familia dio la alerta al Gobierno autonómico. Había fallecido un hombre de 95 años después de 5 días de aislamiento y no en las mejores condiciones. Nadie había comunicado el posible caso. A partir de ahí, los hechos se precipitaron. Había mas residentes con síntomas. La Consejería de Sanidad quiso entrar, la Diputación no lo permitió en un primer momento, después acabó cediendo. Desde ese momento, no se pudo mantener el secreto. Se hicieron tests. 189 positivos, 9 negativos. Los EPIs se empezaron a repartir ese mismo día, no antes. Pero alguien dejó constancia, desde finales de marzo, que ni trabajadores ni residentes estaban cumpliendo con unas medidas que había hecho llegar la Junta de Castilla y León un mes antes.
La Diputación optó entonces por destituir a la subdirectora y poner al frente a un “equipo técnico”, gente de la casa, para sortear una crisis sobre la que sobrevuela la sospecha de negligencia y evitar que la Junta interviniese el centro, un duro golpe en la imagen de la institución.
Pero pocas cosas han cambiado, más allá de que los enfermos siguen los tratamientos recomendados para el COVID-19 y la preocupación del Gobierno autonómico va en aumento: pueden tratar a los residentes, pero mientras no estén al mando del centro, no hay garantías de que se respeten las recomendaciones.