La doble moral del PP de Castilla y León sobre las macrogranjas: mociones en contra y leyes a favor

Con un tuit del presidente del PP de Castilla y León y candidato a repetir al frente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se inició la polémica contra el ministro Alberto Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas en el periódico británico The Guardian- Una entrevista, que se extractó recortada y que ha provocado una cascada de reacciones fuera y dentro del Gobierno de coalición, hasta el punto de que se ha llegado a cuestionar la continuidad de Garzón al frente de Consumo ante los silencios o asentimientos de la parte socialista del Gobierno.

Pero el PP de Castilla y León ha mantenido una posición ambivalente sobre las explotaciones ganaderas intensivas en los últimos años. El Gobierno autonómico eliminó requisitos para la instalación de industrias ganaderas en plena pandemia mientras que las Diputaciones de Burgos y Palencia, gobernadas por el PP, pedían su limitación ante un aluvión de proyectos.

Aunque esta semana Mañueco negaba la existencia de las macrogranjas, aduciendo que no existe este estatus jurídico, desde hace años la propia Junta en manos del PP ha defendido la ganadería extensiva frente a la intensiva. En el diario de sesiones de las Cortes de Castilla y León del 20 de marzo de 2018, el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseguró que su Gobierno prefería las explotaciones pequeñas frente a las explotaciones masivas.

“No es, por tanto, el modelo que desde la Junta ni pretendamos ni apoyemos, el de las macrogranjas. Pero mire, aquí hay una cosa que se llama iniciativa privada, aquí lo que hay es una libertad de empresa, libertad de iniciativa, y afortunadamente lo que hay es también garantías. Esa libertad de empresa, esas iniciativas, deben someterse a unas normativas estrictas, rígidas”, defendió. Según Herrera, el modelo que defendían era uno “que aporte riqueza y población al medio rural. Dentro de ello, para nosotros la prioridad es apostar y apoyar la modernización de las explotaciones ganaderas actualmente existentes y reforzar un fenómeno muy de esta Comunidad, como es el cooperativismo”, aseguró entonces.

Su consejera de Agricultura, Milagros Marcos, aseguró en 2017 que iban a pedir a la Unión Europea en la reforma de la PAC que se compensase a los productores de explotación extensiva frente a la intensiva, de mayor impacto ambiental. “En Castilla y León la mayor parte de las explotaciones y de la actividad se hace en extensivo y esto impacta menos en el medioambiente, pero también es menos productivo, por tanto, ese diferencial para compensar el mayor beneficio para el medioambiente del tipo de explotaciones de Castilla y León respecto a otras que pueden ser más intensivas y por tanto impactar más, se debe compensar desde el punto de vista de la producción”.

Aunque en la actual legislatura, ya con Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Gobierno de coalición PP-Cs, el consejero de Agricultura, Julio Carnero, en septiembre de 2020, afirmó en las Cortes que “ante todo y sobre todo la ganadería extensiva es sinónimo de sostenibilidad”, en la línea de lo defendido por Garzón, pero el responsable del sector ha proferido numerosos ataques contra el ministro, utilizando a veces los bulos, como en el caso de la producción azucarera. Pero Carnero también ha defendido la existencia de macroexplotaciones ganaderas, “siempre que cumplan la ley”.

Pero públicamente el PP también ha sostenido estar en contra de las macrogranjas. En Palencia, el Partido Popular ha mantenido una posición contraria al establecimiento de macrogranjas en esa provincia. El 20 de octubre de 2020, el pleno de la Diputación de Palencia respaldó por unanimidad una moción contra la instalación de 14 explotaciones porcinas intensivas proyectadas en las zonas de Boedo, Ojeda y Pisuerga, en una zona de menos de 40 kilómetros de distancia.

La corporación provincial reclamó a la Junta estudiar los efectos de los proyectos “y sus posibles perjuicios al medio ambiente” y, además, mostraba su apoyo “incondicional” a la posición expresada por los ayuntamientos afectados, que habían adoptado mociones en sus respectivos plenos contrarias a la explotación, “como legítimos representantes de la voluntad popular de los vecinos”.

Ese mismo proyecto, que también afectaba a una comarca de Burgos, fue llevado también a la Diputación de Burgos. Allí, en agosto de 2020, todos los partidos, incluidos el PP y Vox, aprobaron una moción del PSOE para reclamar a la Junta de Castilla y León la realización la evaluación de impacto ambiental conjunta para todos los proyectos de granjas industriales que la empresa en la provincia. El PP también es quien gobierna la Diputación Burgalesa con César Rico como su máximo responsable.

Cambios en la legislación

En los últimos dos años, las Castilla y León ha legislado para facilitar la implantación de macroexplotaciones ganaderas en la comunidad. En junio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, rebajó las condiciones medioambientales para estas y otras instalaciones. Según el decreto de la Junta sobre impulso y simplificación de la actividad administrativa, se eliminaron, en materia de explotaciones ganaderas y piscifactorías “requisitos obsoletos, innecesarios o reiterativos” y con menos “controles previos y sí más a posteriori con el fin de que la acción administrativa no suponga un freno inicial a las iniciativas económicas”.

Entre otros puntos, la modificación de la normativa sobre licencias ambientales supuso que las piscifactorías y explotaciones ganaderas de hasta 40.000 aves de corral, 2.000 cerdos de cebo o 750 cerdos reproductores no necesitasen autorización ambiental y bastaba solo una comunicación administrativa.  Al tiempo que se impulsaba este decreto, la Junta ha aprobado decretos para atajar la contaminación que provocan estas explotaciones.

Hace solo una semana, el Gobierno de Mañueco encargó un proyecto de tres años para la realización de análisis isotópicos y convencionales de las masas de aguas de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, así como el análisis de los procesos de nitrificación o desnitrificación que alteren la contaminación existente. Los trabajos los realizará una filial del grupo público Tragsa por un importe de 342.360 euros.

En junio de 2020, las consejerías de Fomento y de Agricultura promovieron también un decreto sobre zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y aprobó un Código de Buenas Prácticas Agrarias. El decreto incluía incluso una limitación a las explotaciones de ganado extensivo, que no podían superar las 2,5 unidades de ganado mayor por hectárea (cada vaca lechera equivale a una unidad) para evitar los riesgos de contaminación de las aguas. Y además señalaba que la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos constituía “un problema” cuyo origen se encontraba “en la intensificación de la agricultura y de la ganadería”.