La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar a los hospitales a los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19. Este jueves, este diario amplió la información incluyendo un informe en el mismo sentido de la Comisión de Bioética. En ambas informaciones, eldiario.es incluyó las imágenes que consideró más relevantes y que demostraban la existencia de esos documentos. Sin embargo, según el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que los documentos se hayan reproducido sólo en parte, suponen una “información sesgada” e “inaceptable” que “no es permisible”.
No hay ninguna razón oculta para que este diario no publicase los documentos en su integridad, pero dado el cuestionamiento de Igea y Casado, estos son completos, los documentos a los que tuvo acceso eldiario.es.
En el primer documento, sin fecha, pero según fuentes de la Junta, elaborado el 23 de marzo, durante el pico de la pandemia en la Comunidad, es el titulado 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social'. Está encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en manos de Ciudadanos). En él se establece que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un “equipo multidisciplinar” con un equipo asistencial formado por “los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…”. Era este equipo el encargado de realizar una “valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera”. La parte que eldiario.es decidió incorporar como imagen corresponde a la segunda página, en la que se dice que se atendería a los residentes “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital”, frase que aparece destacada en negrita. Este documento está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.
Ese mismo 23 de marzo, la Comisión de Bioética de Castilla y León, un órgano consultivo de la Consejería de Sanidad y que tiene allí su sede, elabora un informe de dos páginas sobre esas medidas. Eldiario.es reprodujo una imagen de un párrafo de la segunda página del mismo, en el que se decía que “los equipos asistenciales correspondientes” deben atender a los enfermos de COVID-19 de las residencias “in situ”, “sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de referencia)”. No obstante, se incluyeron en la información también consideraciones de la primera página o el final del informe que concluía en otro cuerpo de letra más grande y en negrita: “Hay que dar siempre, hasta el final, una asistencia profesional, integral, humana y compasiva”.
El 23 de marzo, según datos aportados en ese momento por la Junta de Castilla y León, había 920 enfermos de COVID-10 ingresados en planta en los hospitales de la Comunidad y 137 en las UCIs. Tan solo dos días después se había pasado a 1.313 ingresados en planta y 202 enfermos en cuidados intensivos. La curva era claramente ascendente y la situación en los centros hospitalarios muy complicada.
El día 26 de marzo, las medidas se actualizaron en un nuevo documento de dos páginas. En el apartado de 'Solicitud de atención sanitaria', se refleja que “el Equipo de Atención Primaria prestará la atención sanitaria en las residencias. Si para el desempeño de la asistencia, se necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención Primaria se pondrán contacto con el EQUIPO COVID-Residencias, pero -destacado en negrita- en ningún caso derivarán pacientes de la residencia al hospital sin contactar previamente con el EQUIPO COVID-Residencias, que será quien decida la ubicación de la persona”. Eldiario.es citó parte de este documento pero no reprodujo ninguna imagen. Es este:
El criterio de la Junta de Castilla y León, que en el primer documento apuesta por no derivar pacientes, en el segundo por hacerlo sólo en casos “de gran excepcionalidad” y con la autorización previa del hospital, y en el tercero de deja a criterio del EQUIPO COVID-Residencias, cambia ligeramente el 16 de abril, una vez que empieza a bajar la curva de ingresos. El 2 de abril se había pasado por el momento más crítico, con 2.358 personas enfermas en planta hospitalaria y 353 en UCI.
En un cuarto documento, de 8 páginas y con el título 'Actualización de las medidas generales a adoptar para contener el impacto del COVID-19 en las residencias de carácter social', aparece un cambio respecto al primero, y es que se añade que “preferiblemente” se atenderá a los residentes “sin necesidad de movilizarlos”. Este dato se incluyó en la primera información que publicó este diario, tanto en el subtítulo como en el cuerpo de la noticia, si bien no se reprodujo ninguna imagen.
Además se añade que si precisasen “cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no pueden ser prestados en la residencia (necesidad de apoyo continuado o cuidados críticos) se derivará al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso”. En este documento aparece además un listado de hospitales y centros de cuidados intermedios que no aparecen ni listados ni citados en los documentos anteriores. Es decir, hasta el 16 de abril, ninguno de los documentos registra la posibilidad clara de derivar a los ancianos. Tampoco informan de qué pruebas médicas se les podía hacer para ver la evolución de la enfermedad.
En esa fecha, había 1.297 enfermos en planta y 297 en las UCI. A fecha de 21 mayo han fallecido 2.544 personas que vivían en una residencia y que dieron positivo en COVID-19 o presentaban síntomas compatibles con la enfermedad. Según la consejera Casado, se optó por la “hospitalización a domicilio” para “proteger a los ancianos”, que suelen “desorientarse en los hospitales” y volvería a tomar la misma decisión “una y mil veces”.