El Banco Popular manipuló su solvencia al ocultar la financiación de acciones propias, según un informe pericial

El dictamen pericial presentado por los grandes fondos a la causa penal que investiga la resolución del Banco Popular concluye que en el banco existió una estrategia orientada a ocultar una importante financiación a clientes en la compra de acciones de la ampliación de capital de 2016 para asegurar el éxito de la operación e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.

El documento presentado por Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, cita un informe de 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hace referencia a dicha financiación de la compra de acciones.

Así, señala que el ex consejero delegado de Popular Francisco Gómez Marín, que declara este martes en la Audiencia Nacional como investigado, transmitió instrucciones verbales a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación, unas indicaciones que se comunicaron a toda la red de sucursales.

Aunque la financiación para la compra de acciones propias no es necesariamente una actividad irregular, sí lo es no deducirla de los recursos propios computables, ya que esto altera la ratio de solvencia, como sucedió en el caso de Banco Popular, según apunta el informe, que también reprocha que el banco transmitiera al mercado la existencia de una importante demanda de acciones por parte de los inversores, cuando en realidad la misma “estaba condicionada por la propia entidad al facilitar la financiación de las compras”.

El banco identificó el 3 de abril de 2017 una financiación de acciones propias de 205 millones de euros que no había sido adecuadamente deducida de los recursos propios computables, una cifra que elevó a 284,6 millones a 30 de junio de 2016 tras varios requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que PwC incrementó hasta 378 millones de euros, lo que supondría el 15% de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros.

El documento presentado al Juzgado, elaborado por las consultoras FTI Consulting y Forensic, apunta a otras implicaciones de esta deficiencia, como la evaluación del riesgo de crédito, con ratios de solvencia “infraestimados” en las cuentas a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de marzo de 2017, y asegura que, aplicando estos ajustes de forma aislada, “Banco Popular quedaba muy cerca de incumplir los mínimos regulatorios de solvencia”.

En este sentido, considera que la información suministrada a los inversores en ambas cuentas “no era correcta” en cuanto a solvencia, ya que esta sufría un deterioro mayor que el que públicamente había sido reconocido.

Ánimo de ocultación

El informe pericial pone de manifiesto que el director de cumplimiento normativo comunicó a la CNMV que tuvo conocimiento de la financiación de acciones propias y que se lo comunicó a la oficina del consejero delegado “sin que se adoptara ninguna decisión para evitar dicha financiación o para, en su caso, transmitir las instrucciones precisas a intervención general para que el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad, de acuerdo con la normativa vigente”.

De esta manera, el informe presentado por los grandes fondos considera que “se admite el ánimo de ocultación”, ya que la oficina de riesgos rechazó las operaciones en las que se identificó que el préstamo estaba destinado a la compra de acciones e indicó que “debía someterla sin dicha mención”.

Además, señala que la oficina de intervención general también era conocedora de la operativa y no cursó instrucciones para que dichas operaciones se dedujeran del capital regulatorio, y la situación fue reportada a la oficina de Francisco Gómez sin que se tomase medida correctora alguna.

“Es decir, habría existido una estrategia intencional orientada a ocultar una importante financiación propia a clientes para la suscripción de acciones propias en la ampliación de capital de 2016 con el fin, por un lado, de asegurarse el éxito de la misma y, por otro, de incrementar irregularmente la ratio de solvencia”, señala el informe pericial.