Castilla y León convoca ayudas directas de 3.000 euros para autónomos y de hasta 200.000 euros para grandes empresas cuyo volumen de operaciones sea superior a 10 millones de euros. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha estimado que unas 70.000 empresas soliciten esta ayuda, aunque habría que certificar con la Agencia Tributaria si cumplen los requisitos necesarios.
La partida presupuestaria entregada por el Gobierno de España -y organizada por el ICE- es de 232,5 millones de euros, que se podrán ampliar con créditos de Castilla y León si fuera necesario, ha garantizado este miércoles Carriedo.
Los empresarios y autónomos que tributen por módulos podrán recibir una inyección de 3.000 euros -el Gobierno lo marca como máximo, pero la Junta lo plantea como una cantidad prácticamente fija- y el resto de empresarios, entre 4.000 y 200.000 euros.
Estas ayudas irán destinadas a las empresas más castigadas por la pandemia, cuyo volumen de operaciones declarado haya caído más de un 30% en 2020 con respecto a 2019, algo que deberá acreditar la Agencia Tributaria. En el caso de que se aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF, no es necesario justificar la reducción de la actividad.
Los 184 sectores beneficiados por estas ayudas incluyen la hostelería; el turismo; el comercio; la cultura; las explotaciones agrícolas o ganaderas; los servicios sociales; la educación -como las academias de castellano para extranjeros-; servicios sanitarios -como odontología o fisioterapia-, peluquerías, mudanzas o autoescuelas. El Gobierno había planteado 95 sectores (CNAEs), a los que Castilla y León ha incorporado 98 más.
Aquellos que cumplan este requisito y estén interesados, podrán pedir la ayuda desde el 20 de mayo hasta el 6 de julio en la sede electrónica de Administración de la Comunidad de Castilla y León. Las peticiones se irán resolviendo por orden de llegada hasta el 31 de diciembre. Carriedo ha destacado la apuesta de la Junta por un procedimiento simplificado “con la menor carga burocrática” para los solicitantes. Siempre que sea posible, bastará con una declaración responsable, que luego verificará la Junta de Castilla y León a través de Hacienda.
El consejero de Economía espera que las ayudas se puedan resolver “en muy poco tiempo” si el interesado tributa por módulos y está dado de alta en una de las actividades incluidas en la convocatoria, aunque ha reconocido que el plazo será “más largo” si es necesario certificar esa reducción del 30% de la actividad económica.
Estas ayudas directas deberán ser para mantener la actividad económica: costes fijos, pagar deudas o realizar pagos a proveedores o acreedores. No podrán repartir dividendos durante 2021 ni 2022 y tampoco podrán subir el sueldo a los puestos de alta dirección en dos años. Si se incumpliera alguna de estas obligaciones, las empresas deberán entregar a la Junta la cantidad recibida. Además, las empresas deberán seguir funcionando hasta el 30 de junio de 2022 y, si tuvieran que cerrar, deberían devolver la ayuda directa abonada por la Administración. El objetivo, para Carriedo, es “facilitar” la continuidad y no el cierre de las empresas.
El delegado del Gobierno reclama a la Junta que complete las ayudas con 136 millones de euros
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ha reclamado a la Junta que complete las ayudas con 136 millones de euros. Hace unos meses, el vicepresidente autonómico y portavoz, Francisco Igea, se mostraba partidario de que el Gobierno pusiera el 50% de las ayudas, la Junta el 35% y el 15% restante las entidades locales. A mediados de abril, todos los partidos políticos de las Cortes -salvo Vox- instaron a la Junta a habilitar el crédito extraordinario de 162,79 millones de euros para complementar las ayudas del Gobierno hasta sumar los 395 millones.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que los fondos del Gobierno sean “claramente insuficiente” y ha garantizado que la Junta aportará recursos propios para estas ayudas, aunque no ha fijado ninguna cantidad.