Castilla y León deja en manos del mercado y el parque público de viviendas el control de precios de alquiler. La nueva modificación de la ley del Derecho a la Vivienda de 2010 que plantea la Consejería -sometida a información pública- espera controlar los precios del alquiler a través de estos parques públicos, programas de incentivos para viviendas deshabitadas, ayudas a promotores y a arrendatarios.
El objetivo es contar con un fondo de viviendas “asequibles, dignas y adecuadas” a coste “moderado”. Sin embargo, solo se centra en los precios de sus viviendas y no fija precios máximos de rentas: apuesta por unificar los parques públicos de alquiler de la Junta, los Ayuntamientos y las Diputaciones. La tramitación de la modificación acaba de comenzar, pero promete obligar a los municipios de más de 20.000 habitantes a tener un parque público de alquiler.
Este parque de vivienda estará destinado a las unidades familiares -o de convivencia- cuyos ingresos no superen 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -unos 28.000 euros anuales, aproximadamente-. Este nuevo parque de viviendas públicas destinadas al alquiler será gestionado por su Administración (ayuntamientos, diputaciones o la Junta) o encargarse a organismos y entidades “vinculados o dependientes” de la Junta de Castilla y León, esos “chiringuitos” que tanto criticaba Ciudadanos en campaña electoral, pero a los que finalmente solo impone transparencia.
Esta modificación legislativa obligará a que los planes de vivienda y rehabilitación cuenten con un documento de información y diagnóstico, un programa de actuación con evaluación económico-financiera, y un programa de intervención social. Además, los municipios más grandes (más de 20.000 habitantes) tendrán que elaborar un estudio sobre viviendas deshabitadas, infravivienda, relación de viviendas que integran el Parque Público de Alquiler Municipal y su grado de ocupación, y un análisis del planeamiento urbanístico y de su potencial oferta de viviendas de protección pública y de suelo destinado al Parque Público.
El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Castilla y León se someterá a información pública para garantizar la participación de los municipios, ciudadanos, los agentes económicos y sociales y de las asociaciones del tercer sector que tengan entre sus fines la defensa del derecho a la vivienda.
Viviendas deshabitadas y ocupaciones ilegales
La modificación incluye un programa para incorporar las viviendas deshabitadas al mercado de alquiler, algo que hasta ahora abordaba a través de decretos o programas diferenciados de esta ley. El programa que proyecta la iniciativa de la Junta comprende la intermediación entre propietario y futuro arrendatario. El propietario podrá ceder la vivienda a la Administración pública para que esta alquile la vivienda.
Además, las compañías suministradoras de servicios (agua, electricidad, teléfono y gas) y los propietarios tendrán que enviar a la Junta de Castilla y León toda la información que solicite para verificar que esa vivienda está deshabitada de verdad.
Pocas novedades sobre ocupaciones ilegales y juventud
Poco cambiará en la gestión de las ocupaciones ilegales de viviendas. Únicamente se obligará a las compañías suministradoras a comunicar todos los casos de ocupación ilegal de viviendas de protección pública o de las integrantes de los Parques Públicos de Alquiler.
Tampoco se pone en el foco a los jóvenes. La modificación de la Ley también permitirá elaborar un plan para el arraigo de los jóvenes en el medio rural, aunque ya existen iniciativas similares.
Sin precios máximos para el alquiler, pero sí para otras compras
Castilla y León no fija precios máximos para el alquiler, pero sí lo hace para la venta de viviendas de protección pública en segundas y posteriores transmisiones para evitar la especulación sobre las promociones. Este precio máximo será el que resulte de multiplicar el precio básico autonómico por el coeficiente establecido en su calificación. Sin embargo, tanto el precio como el coeficiente se fijarán en posteriores órdenes, por lo que en este momento no es posible hacer una estimación ni evaluar con precisión qué supondrá este precio máximo.
La Consejería establece requisitos más estrictos para las empresas gestoras de cooperativas y de comunidades de propietarios y flexibilizará los cambios de uso en las viviendas protegidas para “adecuarse a las necesidades reales de su usuario y evitar indeseables fraudes”.
La Junta pretende crear un Pasaporte Energético para programar las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y descarbonización a través de medidas de aislamiento térmico y mejora de sistemas de calefacción y refrigeración. Estas iniciativas ya se ejecutan por parte de la Junta de Castilla y León, aunque no bajo el nombre 'Pasaporte Energético', del que no se concreta nada más.