La Junta de Castilla y León ha aprobado su techo de gasto no financiero para 2023. Esta cifra asciende en un 13,6% respecto al anterior presupuesto, el de 2021, y alcanza los 12.470 millones de euros. El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el “importante crecimiento” de esta cantidad se debe, en parte, al aumento de la llegada de los fondos europeos Next Generation, que sube su aporte en un 62,4%, y al de la recaudación tributaria, debido a “un contexto de alto nivel de inflación”. Para cerrar el número de aportes a tope de gasto, el también consejero de Economía y Hacienda ha apuntado que, para 2023, cae el aporte del Estado tras suprimirse el fondo Covid y por la obligación de reducir el déficit público.
Con el techo de gasto se comienza a enfilar la presentación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, siempre y cuando no se repita el escenario del año pasado, en el que el adelanto electoral hizo imposible que éstos viesen la luz y se tuvieron que prorrogar las cuentas de 2021 para 2022.
De cara al debate parlamentario para los presupuestos, como ha indicado el portavoz, ya han enviado la documentación para que vaya a Pleno y se voten. Carriedo ha querido justificar el retraso de la aprobación del techo de gasto y en sacar adelante los Presupuestos al estar a expensas de los PGE, que fueron presentados días “días después del plazo legal”, al entender que en ellos había cuestiones importantes como el aumento de los salarios de los empleados públicos y algunas modificaciones en tributos o en cotizaciones sociales.
No hay acuerdo total entre PP y Vox
Estos presupuestos para 2023 tienen, como en la pasada legislatura, a dos partidos diferentes en su negociación, con lo que ello conlleva. PP y Vox no acaban de cerrar las cuentas autonómicas. Preguntado por ello, Carriedo ha especificado que “solo quedan por definir matices de algunas cifras”.
Sin querer ahondar en las diferencias que les separan, el portavoz ha zanjado que se pondrán de acuerdo y “tendremos un buen presupuesto” vinculado “a trabajar por la recuperación económica, el empleo y los servicios públicos de calidad”.
El consejero quiso conciliar ambas partes asegurando que pese a los elementos que les diferencian, hay otros que les unen como “la pasión por una futuro de Castilla y León, mejor y más próspera”.
Asimismo, Carriedo se ha mostrado confiado en que hay tiempo suficiente para que se pueda presentar el proyecto de presupuestos, debatirlos, aprobarlos y que estén listos para entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
La Junta rebaja las previsiones de crecimiento
El techo de gasto para las comunidades autónomas se calcula con los ingresos no financieros. Es decir, para obtener los 12.267,01 millones de euros de Castilla y León para 2023 hay que sumar: los 1.986 millones de euros procedentes de Fondos Europeos -que incluyen los recursos destinados a la Política Agraria Común-; los 8.136,22 millones de euros del modelo de financiación; 1.197,12 millones procedentes de 'otros ingresos' y 947,73 millones de transferencias. Además, a la cantidad obtenida hay que restarle 2,13 millones como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.
Pese a que se haya fijado el tope de gasto en la cantidad más alto de la historia de Castilla y León, el Ejecutivo ha tenido que rebajar la previsión de crecimiento del PIB. En concreto, las estimaciones aplanan la subida al 1,6%, frente al cierre de 2022 fijado en el 3,3%. Esto se debe, según el titular de Economía y Hacienda, a que se ha tenido impuesto una visión más prudente y ajustada “a la realidad” que la propuesta por el Gobierno.
Asimismo, la tasa de paro se prevé que en 2023 se sitúe en el 10,1%, frente al 10,3% de 2022. En términos de empleo, se espera un aumento del 2,3 % en 2023, mientras que este año es del 2,7%. “Existe un claro deterioro del ritmo de crecimiento y en las expectativas de crecimiento”, ha apuntado.