El empresario de medios de comunicación y construcción, José Luis Ulibarri, es autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Al menos es lo que confiesa ahora, a dos meses de que comience el juicio por las presuntas corruptelas desarrolladas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Campo (Madrid), y que se va a desarrollar desde septiembre de este año hasta febrero del 2022 en la Audiencia Nacional.
La confesión de Ulibarri se une a las ya realizadas por otros de los 27 encausados, como la del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, que admitió a principios de año en un escrito de conformidad haber recibido 'mordidas' de los empresarios José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra, otro que también ha admitido pagos a la trama de Correa.
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional por los abogados de Ulibarri y la empresa que dirigía -UFC SA- se reconoce la comisión de los delitos que le acusaba la Fiscalía, aunque se rechaza tener responsabilidad civil y pide que se apliquen los atenuantes de confesión y de reparación del daño para rebajar la petición de cárcel.
La Fiscalía solicitaba para Ulibarri un total de 7 años y 1 mes de cárcel por haber conseguido con la mediación de la trama la adjudicación de una parcela, en el Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla, por 35 millones de euros y por lo que habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron, según el auto de juicio oral. El empresario propone que la pena a aplicar se quede en solo 19 meses de cárcel, por debajo de los 2 años de cárcel que implican el ingreso en prisión. Además pide que se le aplique una multa de 41.200 euros. En el auto de juicio oral se le imponían, entre multas y fianzas, 6.157.333 euros
En la pieza de Boadilla del Monte se han investigado los sobornos que las empresas vinculadas a Francisco Correa entregaron a autoridades y a funcionarios del municipio madrileño entre los años 2001 y 2009 para obtener licitaciones. Según apuntó el juez De la Mata en uno de sus autos, la trama “llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública” de Boadilla del Monte, feudo histórico del PP de Madrid.
Ulibarri está pendiente además de este juicio de Gürtel en Boadilla del Monte, de ser juzgado en la pieza final de la trama Gürtel por presuntos pagos de él mismo y su empresa Grupo Begar a Franciso Correa. Además está pendiente la resolución de su situación en la trama Púnica, por la que fue llamado a declarar como imputado, y en varias piezas de la operación Enredadera, que ahora se divide en una treintena de juzgados. En los últimos meses el empresario ha ido dejando en manos de sus hijos sus principales empresas, entre ellas la sociedad editora Edigrup con la que publica Diario de León o el 50% del Radio Televisión Castilla y León, la concesión autonómica de televisión.
En el banquillo de los acusados de la pieza de Boadilla del Monte se sentarán, además de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo, otros habituales de la trama como la administradora de las empresas Isabel Jordán, los empresarios Alfonso García Pozuelo y Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, el arquitecto financiero de la trama, entre otros.