El futuro presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes, durante su discurso de investidura que estudiará “las vías de reversión” de la concesión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
La gestión de este centro dejará de ser privada -está en manos de Eficanza, un grupo de constructores burgaleses entre los que figura Antonio Miguel Méndez Pozo- “siempre que no suponga un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León”. Para tomar la decisión en uno u otro sentido, Fernández Mañueco ha adelantado que creará un grupo de trabajo “en el que participen el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria”.
Revertir la privatización implica compensar a Eficanza, por lo que parece difícil que la empresa renuncie a un contrato de 30 años de explotación y al cobro de un canon de Sacyl que ronda los 70 millones. Por otro lado esta empresa obtiene beneficios de explotación de otros servicios que no son los sanitarios, como el parking del hospital, el servicio de comidas o la lavandería.
El intento de recuperar la gestión pública del centro es uno de los compromisos arañados por Ciudadanos, que junto a los demás grupos de la oposición ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la construcción y concesión del Hubu.
En la denuncia advierte que los hechos relacionados con la licitación del Hubu “pueden constituir un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”. El complejo hospitalario, con un presupuesto inicial de 1.010 millones de euros acabó costando 1.667 millones a las arcas públicas. Los continuos cambios en el proyecto y la elección de una unión temporal de empresas de Burgos que hicieron una oferta temeraria que se reconsideró, provocaron que las previsiones presupuestarias se desbordasen con una justificación dudosa, a juicio de los denunciantes.