La Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, ha remitido a la Fiscalía de Segovia, para su investigación, el caso de una trabajadora de la Residencia de Mayores de Sacramenia (Segovia) que, presuntamente, fue dada de alta por el médico del ambulatorio de la localidad pese a ser sospechosa de padecer el coronavirus y no haber recibido aún los resultados.
El caso había sido elevado a la Fiscalía Superior de Castilla y León por El Defensor del Paciente y ahora es la titular de este departamento, según informaron a Europa Press fuentes de la citada asociación, la que ha resuelto reenviar la denuncia a la Fiscalía segoviana “por ser, en principio y a la vista de los hechos denunciados, la competente para su conocimiento”.
En la denuncia, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, hacía referencia al caso de una vecina de Sacramenia, M.R, que el pasado día 16 de marzo llamó al centro médico porque se encontraba mal, ya que tenía dolor de garganta, respiraba con dificultad y le dolía la cabeza, aunque no tenía fiebre.
Se le comunicó entonces que, dado que trabajaba en una residencia de ancianos, tendría que permanecer una cuarentena en casa y acudiría a su casa un equipo médico para hacerle la prueba del coronavirus, test que le fue efectuado el día 19 y del que aún se encuentra a la espera de recibir el resultado.
Sin embargo, la paciente, como así denuncia a la asociación El Defensor del Paciente, recibió la llamada del médico titular del ambulatorio de Sacramenia comunicándola que estaba dada de alta dado que él consideraba que no tenía el coronavirus, y ello a pesar de que aún no se habían recibido los resultados de la prueba.
La presidenta de la asociación explicó que la afectada tenía que incorporarse el pasado martes a la residencia de Sacramenia pero no lo hizo ante el peligro de contagiar a los residentes del centro.
“Lo que no es normal es que aún no le hayan dado los resultados, salvo que se hayan extraviado, pero mucho más grave, una irresponsabilidad, es que le hayan dado el alta sin tener confirmación de si está o no infectada”, denunció entonces públicamente Carmen Flores, quien entiende que no tiene sentido que todo el mundo “sufra encierro en sus casas y en casos como éste se ponga en peligro la vida de las personas mayores de este centro”.
Por ello, solicita a la Fiscal Superior de Castilla y León una investigación y la depuración de responsabilidades si las hubiere.