La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias penales por la orden de la Junta de Castilla y León de no trasladar a los hospitales a los ancianos de las residencias enfermos por COVID-19, un protocolo que entró en funcionamiento a finales de marzo, en pleno pico de la pandemia y que fue revelado por eldiario.es.
La denuncia que ha llegado a la Fiscalía de la Comunidad y que se tramitará allí, ha partido de la asociación Defensor del Paciente, que ha solicitado que se investigue lo publicado por este diario.
En concreto se refiere a los documentos firmados conjuntamente por las gerencias de Salud y de Servicios Sociales y también a los informes de la Comisión de Bioética de Castilla y León. El primer documento que habla de “no derivar ni movilizar” a los ancianos enfermos a los hospitales no tiene fecha, si bien fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que es del 23 de marzo, cuando los hospitales de la Comunidad estaban al borde del colapso por el alto número de casos. Con el encabezamiento 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social', establece que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un “equipo multidisciplinar” con un equipo asistencial formado por “los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…”. Era este equipo el encargado de realizar una “valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera”. Los residentes tenían que ser atendidos “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital”. El documento está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.
Pero además, lo que decía ese documento estaba respaldado por otro de la Comisión de Bioética y que tenía la misma fecha. El órgano consultivo dependiente de la Consejería de Sanidad y que tiene allí su sede, elaboró un informe de dos páginas sobre esas medidas. Entre otras cosas, decía terxtualmente que “los equipos asistenciales correspondientes” deben atender a los enfermos de COVID-19 de las residencias “in situ”, “sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de referencia)”.
A medida que la curva de contagios fue bajando, las medidas se suavizaron, pero eso no ocurrió hasta el 16 de abril. Para entonces, habían fallecido más de 1.000 ancianos en las residencias.
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