La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y actual candidata de Ciudadanos a la Junta, Silvia Clemente, siempre ha defendido que no tuvo nada que ver con las obras que su marido realizó en casa de sus padres por valor de 1.165.390 euros con fondos de origen desconocido. Clemente ha explicado reiteradamente que se trata de un pleito familiar de su marido en el que no jugó ningún papel. Reprochó a los medios de comunicación que publicasen los detalles de la suntuosa reforma del chalé que ella misma disfrutaba y cuyos pagos no han podido ser acreditados en el juzgado.
Los documentos en poder de eldiario.es revelan que personas bajo el mando político de Clemente sí estuvieron involucradas en ese pleito familiar que su marido mantenía con sus padres por la propiedad de la casa. Su jefe de Gabinete cuando ella era presidenta de Las Cortes de Castilla y León, el arquitecto Enrique Gilarranz Leonor, fue el autor de un primer informe pericial que el marido de Clemente presentó en el juzgado en 2015, el empresario patatero Javier Meléndez, que disputaba a sus padres la propiedad de la casona.
Meléndez, que fue quien encargó el informe, había recurrido a un procedimiento judicial para que se determinase a quién correspondía la titularidad de la casa, si a los legítimos propietarios, padres de Meléndez, o a él mismo, tras haber ejecutado entre 2010 y 2012 unas reformas que convirtieron la vivienda en un lujoso chalé con piscina de agua salada, sauna y todo tipo de suntuosidades. El pleito evidenció que aquellas obras se realizaron sin licencia y fueron objeto de una inspección del catastro.
Meléndez recurrió a Gilarranz, un viejo conocido de su mujer que trabaja en la Junta de Castilla y León desde 2004. En la Consejería de Agricultura, mientras la presidió Clemente entre 2007 y mayo de 2015, el arquitecto pasó por distintos puestos de responsabilidad. Cuando Meléndez le encargó el informe sobre las obras de la disputada casa, en septiembre de 2015 -así lo recoge el autor en el documento-, Gilarranz era coordinador de Servicios de la Dirección General de Infraestructuras Agrarias y Diversificación Rural del departamento que dirigía Clemente.
El informe se presentó en el juzgado fechado el 25 de noviembre de 2015. Sólo 10 días antes, el 15 de noviembre, Gilarranz salió de Agricultura y recaló en el Parlamento autonómico. Fue nombrado asesor de Gabinete de la Presidencia de las Cortes por Silvia Clemente. Año y medio después, cuando ese primer procedimiento se resolvió favorablemente para el marido de Clemente, la presidenta de Las Cortes lo ascendió a director de su Gabinete. Gilarranz, como personal eventual volvió a ser refrendado en su puesto el pasado 22 de febrero.
Todos nombramientos figuran en el Boletín de las Cortes de Castilla y León. Gilarranz dejó su puesto hace unos días, ya que el artículo 27.1 del Estatuto de Trabajadores de las Cortes de Castilla y León contempla el cese automático cuando cese el titular del órgano -en este caso Silvia Clemente- al que presta su función de confianza o asesoramiento.
En los últimos días, el arquitecto ha formado parte del círculo de confianza que ha acompañado a la candidata de Ciudadanos a la Junta en algunas citas con los afiliados de Ciudadanos durante su campaña para las primarias del partido. Este sábado Clemente se impuso al otro aspirante a ser cabeza de lista para la presidencia de Castilla y León, Franciso Igea, por 35 votos. Sin embargo, Ciudadanos ha paralizado su proclamación como candidata por una reclamación de Igea en la que señala que en el resultado final faltan 81 votos que no fueron contabilizados.
En el peritaje que hizo de la casona y que se aportó en el juzgado, Gilarranz no tasaba las obras, simplemente daba cuenta de su ejecución en un “informe descriptivo” de 18 páginas. En ese documento relataba que para la elaboración, “durante la segunda semana del mes de septiembre de 2015, se giraron las correspondientes visitas de campo, en las que se examinó el perímetro exterior a vía pública, se accedió al interior de las zonas central y norte de la parcela y se observó el exterior del edificio”, y que la información obtenida a través de la inspección se completó “con los documentos entregados por el promotor (catastrales y registrales) y con otros documentos entregados por el constructor”.
Al igual que en el peritaje posterior que encargó Meléndez a otro arquitecto cuando sus padres lo demandaron para reclamar la propiedad de la casa, no se aportan facturas que acrediten los pagos y tampoco se menciona ni al constructor ni a las empresas que participaron en las obras de reforma.
Los trabajos de rehabilitación realizados incluían un salón acristalado adosado a la vivienda originaria, un cenador octogonal con capacidad para 20 comensales, una sauna finlandesa con spa, vestuarios y ducha, una cocina, una piscina climatizada de agua salada con iluminación interior y jacuzzi, una terraza chill out con barra de bar, una fuente con cascada y las nuevas dependencias (dos dormitorios y baño) que se construyeron en 2015, en una nave anexa a la vivienda, cuando Meléndez y Clemente rompieron la relación con los padres del empresario y abandonaron el chalé, cerrando el acceso del resto de la familia al patio donde se ejecutaron las obras.
El informe, muy prolijo en las descripciones de obras y materiales empleados, finaliza con la manifestación de Gilarranz a efectos de lo que dispone el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, jurando que el documento se elaboró “con la mayor objetividad posible” y haciendo constar su compromiso de comparecer en el juzgado cuando fuese citado.
Gilarranz es la segunda persona que trabaja en las Cortes que está relacionada con las controvertidas obras. Tal y como publicó eldiario.es, el contratista que aparece citado en el segundo peritaje encargado por Meléndez, es el propietario de una pequeña empresa de mantenimiento, Reparaciones Rada SL, que se encargaba del mantenimiento de obras en el Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura cuando la presidía Clemente y que ha desarrollado distintos trabajos en las Cortes de Castilla y León, como el “traslado de mobiliario para actos institucionales” cuando la exdirigente del PP estaba al frente de la institución.
El enfrentamiento familiar tuvo un periodo de paz cuando en enero de 2016 Javier Meléndez, sus padres y su hermano, firmaron un pacto de confidencialidad que ponía fin a los procedimientos judiciales en marcha, y que obligaba a pagar cinco millones de euros a la parte que incumpliese el acuerdo.