El Grupo Parlamentario Socialista quiere que en la comisión de investigación que investiga la Trama Eólica, el caso Perla Negra y el de las sedes de la Junta en el exterior comparezcan 135 personas. En el listado facilitado este viernes hay cargos políticos, empresarios y funcionarios. De estos últimos la comparecencia más destacable es la del funcionario de la Agencia Tributaria que descubrió y denunció en Anticorrupción la existencia de la Trama Eólica, J.T.
Este inspector estaba realizando una revisión del impuesto de sociedades cuando dio con importantes pagos de empresas eléctricas a pequeños y grandes empresarios de Castilla y León con los que habían creado sociedades mixtas para tramitar parques eólicos. Una vez autorizados, las eléctricas compraban su parte por cantidades millonarias.
Siempre que la presidencia de la comisión así lo acuerde, deberá comparecer también la delegada de la Agencia Especial de la Administración Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, quien presuntamente no dio parte de lo que decía el informe del inspector a pensar de la gravedad de los hechos que se enumeraban.
El presidente de la Junta
El PSOE también considera necesaria la declaración de algunos responsables políticos de la política energética, autorizaciones y tramitación ambiental de parques eólicos y/o de las adquisiciones del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, así como de los terrenos para un Parque Empresarial en Portillo. Así, propone la comparecencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de la Ex consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo Moro, entre otros. Destacan también los nombres del principal imputado en las causas Perla Negra y Trama Eólica, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado
6. Rafael Delgado Núñez, ex Viceconsejero de Economía y de su sucesora, Begoña Hernández, también encausada en Perla Negra.
También aparece entre las citaciones que el PSOE considera necesarias, la del exdirector general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y el de dos sucesores, Manuel Ordóñez Carballada y Luis Carlos Escudero Martínez. También llaman a la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y a los jefes de Servicio responsables de la tramitación de las autorizaciones administrativas y ambientales de parques eólicos.
En el listado están también miembros del Consejo de Administración de la empresa pública Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León que intervinieron en la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un parque empresarial y la del edificio Perla Negra en Arroyo de la Encomienda. Destaca entre ellas la del procurador Pablo Trillo Figueroa, que durante su declaración judicial aseguró al juez que avisó al entones presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que el alquiler proyectado para el edificio tenía un precio “disparatado”. Su alerta motivó un cambio de estrategia: la Junta desechó el arrendamiento con opción a compra y apostó por la compra directamente, pero esta tuvo un sobrecoste millonario que en cuestión de meses se juzgará.
El portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz Quintana está en el listado junto a “personas vinculadas a empresas promotoras de parques eólicos o relacionadas con la adquisición” de los terrenos de Portillo y el edificio Perla Negra. El PSOE también considera interesante recabar la declaración de los dos responsables del estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, que reformó con dinero negro la sede del PP en Génova 13 y que en Valladolid recibieron 'a dedo' 4,4 millones de euros por poner mamparas y paneles en el edificio Pera Negra. A pesar de que fue una adjudicación en la que no existe ni expediente y que debió salir a concurso público, ninguno e los dos administradores, Gonzalo Urquijo y Belén García, está encausado en Perla Negra aunque sí estuvieron investigados.
Federico Trillo y Martínez Pujalte
Aunque no están imputados en la Trama Eólica, el Grupo Parlamentario Socialista cita a la exsenadora Ana Torme, al exdiputado Vicente Martínez Pujalte, y al exministro Federico Trillo Figueroa, por aparecer sus sociedades vinculadas a trabajos realizados para el Grupo Collosa, cuyos dueños se beneficiaron presuntamente en la Trama Eólica, en la que tienen condición de investigados.
Entre los empresarios 'eólicos' se quiere citar también a los fundadores de una de las que dio el mayor pelotazo, Energía Global Castellana, receptora de autorizaciones administrativas en 18 parques promovidos inicialmente por empresas del Grupo Iberdrola (Cerro Blanco, Bureba, El Sombrío, El Carril, La Cotera, Páramo de Vega, Segunda Fase Carril, Las Viñas, Fuente Blanca, Argañoso, Valdeperondo, Valdecarrión, La Cueza, Morón de Almazán, Radona I, Radona II, Bullana y Ventosa del Ducado). Sus dueños, los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, también administran mercantiles beneficiadas con el sobrecoste de los terrenos del fallido polígono de Portillo.
También se quiere escuchar la versión de los representantes de empresas del grupo Iberdrola que participaron, a través de Biovent Holding, ahora Iberdrola Renovables Castilla y León en 18 parques eólicos. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán es uno de los comparecientes propuestos.
Un fallecido y un prófugo
La declaración del representante de Ibervento SL también se ha requerido. Tal y como adelantó eldiario.es, su representante, Javier Mozo alertó por carta al presidente Herrera de que se estaba produciendo “un abuso de poder” ya que sus parques llevaban años esperando autorización. Otro de los empresarios eólicos propuestos es Rafael González Vallinas, de Vapat, al que otro empresario cedió, según su declaración, los parques que le habían autorizado por presiones políticas. Tampoco faltan en la lista los controvertidos empresarios mineros bercianos, también en el negocio eólico, Manuel Lamelas Viloria y Manuel Lamelas Pombariego.
El fundador de Grupo Pascual, también promotor eólico, Tomás Pascual Gómez Cuétara es otro de los propuestos junto al representante de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León y hermano de la exministra de Agricultura, Eugenio García Tejerina.
Como anécdota que se repite continuamente está la citación de otro empresario eólico, Eduardo Merigó, fallecido en octubre de 2017 y el de otro, relacionado con el caso Perla Negra y las sedes en el exterior, Luis María García Clérigo, que padece una demencia sobrevenida o la de su socio, José Manuel Castro Piedrafita, en paradero desconocido hace años tras acumular distintas condenas.
El amigo de Aznar, el presidente de Grupo Norte y el constructor que monto una sociedad panameña con el hermano de Juan Vicente Herrera
En cuanto a la oscura gestión de las oficinas de la Junta fuera de España, revelada por eldiario.es, además de citar a los responsables de la Consejería de Economía, se incluye a empresarios a los que la Junta contrató para que 'gestionasen' esas sedes: como el administrador de The Best of Spain, presidente de la Cámara de España en EEUU y amigo del expresidente José María Aznar, José Luis Esteve. Este hombre recibió dinero tanto de la Cámara de Comercio de Valladolid como de la Consejería para llevar la oficina de Miami.
El constructor burgalés Jesús Arranz Monje, representante legal de Arranz Acinas Consultores, que montó una sociedad en Panamá con el hermano del presidente Herrera, también recibió un contrato para gestionar la sede de la Junta en Panamá. Arranz Monje está imputado en la Operación Lezo.
El expresidente de la Cámara de Comercio de Valladolid y presidente del Grupo Norte, José Rolando Álvarez, es otro de los citados, como representante de Dinter. SL, la empresa chilena contratada por la Junta para llevar su sede en Santiago de Chile.
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