La baja médica de la jueza que instruye el caso de la subvención al marido de Silvia Clemente está retrasando la investigación. Según informaron fuentes judiciales a eldiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 está ausente por enfermedad desde hace algo más de un mes. Este juzgado ya estaba ocupándose de la desaparición de los expedientes relativos a una ayuda de la Consejería de Agricultura a Patatas Meléndez SL, propiedad del esposo de la expresidenta de las Cortes y que se concedió cuando esta era la consejera.
En concreto, el 31 de diciembre de 2009 el Gobierno de Juan Vicente Herrera -con Clemente al frente de Agricultura- aprobó la la línea de Ayudas para proyectos de I+D Agrarios o Alimentarios para llevar a cabo una “Evaluación e impacto de diferentes estrategias de envasado en la vida útil, seguridad y calidad de productos de IV Gama y Prefritos derivados de la patata’. La inversión que pretendía acometer la empresa patatera era de 598.000 euros y la Consejería de Agricultura que presidía entonces Silvia Clemente, novia en aquel momento y hoy esposa de Méléndez, concedió el 100% del importe.
Inicialmente el plazo que estipulaba el acuerdo de las ayudas para realizar las inversiones era el año 2013 con una prórroga hasta 2014. La empresa presentó sendas modificaciones del proyecto en 2015 y 2016, que intentó justificar pero la Consejería de Agricultura que en ese momento ya no dirigía Silvia Clemente sino su sucesora, Milagros Marcos, determinó que lo ejecutado no cumplía las exigencias de la concesión.
Tras estudiar las alegaciones de Patatas Meléndez SL, el 8 de agosto de 2017 se declaró el “incumplimiento y pérdida del derecho a la ayuda” por parte del departamento que dirige Marcos, la sucesora de Clemente en Agricultura. Meléndez, tras agotar la vía administrativa, recurrió a la judicial. Empezó así un procemiento en la sala de lo Contencioso Admistrativo del Tribunal Superior de Justicia en el que se requirió a Agricultura que aportase cierta documentación relativa a la subvención anulada. Fue entonces cuando se descubrió que los expedientes habían desaparecido, tanto física como informáticamente. La Junta denunció los hechos y el caso recayó en Instrucción número 3. Paralelamente, el TSJ continuó con el recurso de Meléndez. Fue en esa instrucción cuando la Junta de Castilla y León aportó un documento que había adjuntado incialmente el empresario en la fase de alegaciones, un documento supuestamente elaborado por Agricultura pero que, según la Junta y el propio tribunal había sido claramente “manipulado”. Así, el TSJ no sólo dio la razón a la Junta por anular la subvención indicando que el empresario ya la había cobrado por otra via, sino que dedujo testimonio de particulares para que el mismo juzgado que investigaba la desaparición de expedientes, se hiciese cargo también de la investigación por la presunta manipulación.
Hasta el momento, este juzgado, del que ahora se ocupa un sustituto, no se ha pronunciado y, previsiblemente no lo hará hasta que la titular regrese dada la importancia del caso.