El conocido empresario leonés Victorino Alonso, potentado minero hasta el punto de ser identificado en España con el sobrenombre del Rey del Carbón, ha aparecido en la reciente filtración de calado internacional de los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta.
Ha sido el periódico el que ha destacado la aparición del nombre de Alonso en la investigación con varias sociedades opacas en refugios fiscales, resaltando que al mismo tiempo no pocas veces se ha declarado insolvente a la hora de hacer frente a algunas condenas judiciales en España.
Una de ellas, por ejemplo, fue tras ser condenado en Huesca (Aragón) en 2016 por arrasar una cueva del Neolítico protegida, dentro de un terreno que utilizaba como coto de caza.
La condena, ratificada después por la Audiencia Provincial, ascendió a dos años de cárcel, aunque nunca ingresó en ella, y el pago de 25,5 millones de euros. Entonces, el magnate fue declarado “insolvente” por el Juzgado y únicamente se consiguió que pagara durante tres años 17.538 procedentes de su pensión, una mínima parte de la millonaria indemnización. De hecho, no ha sido hasta ahora que la Audiencia, harta del impago, como el propio Gobierno de Aragón, ha decidido embargar el coto de Alonso para hacer frente al pago, que este trató de impedir alquilándolo poco antes de la sentencia.
Pues bien, antes de esta declaración de insolvencia, según El País, Victorino Alonso abrió cuentas en paraísos fiscales, lo cual no presupone ninguna ilegalidad a priori.
Arranca en 1996
En concreto, los 'Papeles' identifican ya a Alonso en septiembre del año 1996 cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018, según la investigación.
También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcan en el periódico. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.
Sólo en una, un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares
Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, sólo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.
Fue en ese año cuando recibió la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves (Huesca), a pesar de que él desde el banquillo de los acusados, donde se ha sentado innumerables veces sin pisar nunca la cárcel, se declaraba “un chivo expiatorio”.
Condena tras condena
En otra ocasión los términos elegidos por Alonso para criticar otra sentencia en contra más, en aquel caso por la 'desaparación' de 577.924 toneladas de carbón de Hunosa en Asturias, por lo que fue condenado a pagar 46 millones de euros por sus compañías Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), fue que que había una “conspiración paranoica” contra sus empresas.
Más recientemente, también Alonso ha sido condenado por la Audiencia Provincial de León a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros por la explotación durante años de la mina a cielo abierto ilegal de 'Nueva Julia', entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana, como también lo fue en 2019 por la explotación minera de El Feixolín, igualmente sin autorización alguna, por lo que se le sentenció a dos años y medio de prisión de los ocho que se pedían inicialmente, con indemnización de 135.000 euros al denunciante, el empresario local Antonio Arias Tronco, y multa de 8.500 euros por arrasar el monte.