Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León piden un total de 15 años de prisión para quienes fueron viceconsejeros de Economía en la etapa de Juan Vicente Herrera por el caso Perla Negra y el Polígono de Portillo. El Gobierno centra en Rafael Delgado, para quien solicita 11 años de prisión, en Begoña Hernández para quien solicita 4, y en empresarios para los que pide multas millonarias, la trama que actuó para amañar el concurso de un edificio de la Consejería de Economía, para inflar el precio (pagó 70 millones cuando su tasación máxima era de 41) y para comprar terrenos para un polígono industrial previamente adquiridos por empresarios y que los vendieron muy por encima de su valor.
A través de una nota de prensa, la Junta, que se personó años más tarde de que arrancase la instrucción, y llegó a pedir el archivo de la causa por no observar perjuicio económico ni trama delictiva alguna, se pronuncia ahora en sentido contrario. No sólo piden cárcel para 8 de los 12 acusados, además solicitan multas por importe de 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil de 16.300.000 euros.
El caso Perla Negra, nombre con el que se conoce a un edificio de Economía ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) por sus cristales negros y la película de piratas, arrancó en 2013 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valladolid. Para el Ministerio Público existían indicios de que determinados cargos de la empresa pública dedicada a compra y gestión de suelo (Gesturcal) propició con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados que formaron parte de la construcción y promoción del Perla Negra y del polígono de Portillo.
“Cargos directivos” y no altos cargos que actuaron “a título personal” según la Junta
En la nota remitida por la Junta de Castilla y León, el nuevo director de los Servicios Jurídicos (el anterior cesó con el cambio de legislatura), Luis Miguel González Gago, señala que la Junta pretende “el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica”, exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer, y también la civil, de éstas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100% del accionariado de la empresa pública.
Pero la Junta pretende además silenciar el nombre de los cargos públicos a los que acusa -en el comunicado omite sus identidades- y remarca que no son “altos cargos” , contrariamente a lo que afirma el juez, sino “cargos directivos de una empresa pública que tiene forma de sociedad anónima y que actúa normalmente en el mercado sujeta al derecho privado”. Es más, afirma que ambos actuaron “a título personal”. Los abogados del Gobierno autonómico olvidan además que en la trama aparece el mismo estudio de arquitectos que utilizó el PP nacional para reformar la sede de Génova con dinero negro y a quien la Junta dio sin concurso ni expediente 4,4 millones de euros, tal y como reveló en exclusiva eldiario.es.
Los hechos investigados abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y básicamente han sido dos, “sin conexión en cuanto a la materia u objeto, pero en los que sí parece que han intervenido las mismas personas investigadas”, según la Junta.
Se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Económico y de la empresa pública Gesturcal en el proceso de compra del Edificio Administrativo de Arroyo de la Encomienda (Perla Negra) como sede de diversas entidades públicas, y en segundo lugar, los hechos de la empresa pública sobre el proceso de compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, ambos ubicados en Valladolid.
“Empresarios privados” entre los que se encuentra un exalto cargo de la Junta
Respecto al edificio administrativo de Arroyo, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a tres imputados “por darse presuntamente entre sí información privilegiada previa para favorecer a la empresa que luego sería la arrendadora -Urban Proyecta-, por irregularidades en el previo alquiler que se formalizó, por los costes y repercusión de diversas modificaciones estructurales realizadas en el edificio durante el arrendamiento, y por la asunción por la empresa pública de los gastos financieros previos por préstamos solicitados por la empresa privada contratista para hacer el edificio”.
En cuanto a los hechos sobre la compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a siete imputados “por irregularidades al crear al menos tres empresas privadas para propiciar presuntamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo de su coste hasta adquirirlos la empresa pública, por gastos de urbanización del polígono que no le correspondía abonar a la empresa pública, por una transferencia efectuada por la empresa pública sin concepto y sin justificar, y por los gastos financieros por prestamos asumidos por la empresa pública para poder realizar toda la operación de compra de terrenos, que nunca debió soportar de haber adquirido de forma directa los mismos”.
De este modo, para Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía y presidente de Gesturcal, se solicita por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida 4 años y medio de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años, y por el delito continuado de malversación 7 años de prisión, e inhabilitación absoluta por 18 años. Para, Begoña Hernández, que también fue viceconsejera con posterioridad a Delgado y responsable de Gesturcal, se solicita por el delito de malversación 4 años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años. En la causa llegó a estar imputado el que fuera vicepresidente de la Junta y consejero de Economía, Tomás Villanueva y que falleció repentinamente horas después de que el juez ordenase el rastreo de sus cuentas.
Para un “empresario privado”, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de prisión y multa de 10.000.000 de euros. Y para otros cinco empresarios privados, a cada uno de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias 9 meses de prisión y multa de 2.500.000 de euros. Entre los “empresarios privados” a los que se refiere la Junta de Castillo y León en su calificación provisiona, están los hermanos Esgueva. Uno de ellos al frente de una empresa papelera que recibió multitud de subvenciones de la Junta antes de entrar en concurso de acreedores y el otro , ex alto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, imputado también en la Trama Eólica junto a Rafael Delgado.
Además, a todos ellos directamente se les pide la responsabilidad civil frente a la Junta de Castilla y León, a la que deberán satisfacer, en la parte que les corresponda, la cantidad de 16.300.000 de euros, siendo responsables subsidiarias las empresas privadas que dirigían.