La Junta de Castilla y León ha dado un paso atrás y permitirá que la Cámara de Comercio de Valladolid siga operando en números rojos, con una deuda de más de 8 millones, seis de ellos con el propio Gobierno autonómico. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, que lleva meses sin responder a las preguntas de elDiario.es, ha asegurado que tiene “un informe de los servicios jurídicos” que establecen que la Ley de Cámaras de Castilla y León no tiene carácter retroactivo y que por lo tanto, no es necesario que la Cámara presente un plan de viabilidad que ha estado reclamando desde septiembre de 2019. El artículo 11 de la ley establece que si una Cámara presenta resultados negativos durante dos ejercicios debe presentar un plan de viabilidad que debe resolver la situación en cuatro años y de no ser así, disolverse.
En 2019, la Cámara de Valladolid presentó los resultados de 2018 que fueron, como en 2017, negativos, y se pidió el plan. Empezó a partir de ese momento un tira y afloja sobre la Ley de Cámaras que entró en vigor en diciembre de 2018. Según la Cámara no había retroactividad, de manera que su primer resultado negativo era el de 2018, y no había que tener en cuenta los de años anteriores. La Junta se reafirmó en que había que presentar el plan, e incluso el vicepresidente, Francisco Igea, advirtió que sin plan no se seguiría subvencionando a la Cámara. En realidad eso nunca ha pasado. Desde 2019 hasta ahora, la Cámara de Valladolid ha seguido recibiendo dinero público. No sólo eso: para evitar sumar un segundo resultado negativo, el de 2019, la Cámara trucó sus cuentas y sacó de sus resultados la Escuela Internacional de Cocina, un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León y cuyo importe debe satisfacer la entidad cameral. Lleva años sin pagar las cuotas y ha refinanciado la deuda varias veces.
Ana Carlota amigo ha negado, pese a la obviedad, que la Junta siga dando dinero público a una Cámara en números rojos y con cuentas maquilladas. “No es una subvención directa, la Consejería de Empleo, como entidad tutelante da 1,9 millones de euros al Consejo de Cámaras, que lo reparte entre las 14 cámaras de Castilla y León”. Lo que no dice la consejera es que el Consejo de Cámaras no tiene ninguna capacidad de decisión sobre la subvención, y sólo se encarga de gestionarla. Si las cámaras, cualquiera de ellas, justifican los trabajos subvencionables, como la ventanilla única empresarial, no puede negar el dinero. Sólo podría hacerlo bajo una instrucción directa de la Consejería y eso no ha pasado.
Respecto a las cuentas de 2019, que la Junta no ha aprobado porque no se ajustan a la realidad, Amigo asegura, después de un año, que la Cámara “está trabajando para solucionar el tema de la escuela de hostelería” y que se les ha pedido que reformulen las cuentas. “Esto lleva unos procesos y unos plazos y en ningún caso la Consejería se los puede saltar”, argumenta Amigo un año después.