La Junta de Castilla y León concede 20 millones de subvención a la televisión privada de dos constructores para “garantizar el acceso a la información”

Televisión Castilla y León, propiedad de los dos empresarios de la construcción y los medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri -acusado en la pieza Gürtel de Boadilla- e imputado en la que afecta a Correa, además de en Enredadera y Púnica- ha conseguido arrancar a la Junta 20 millones de euros en forma de “subvención directa”, tal y como ha podido comprobar eldiario.es. El cobro de esta cantidad, que supera en un millón a la concedida en 2019, será por adelantado, mucho antes de que una auditoría demuestre que se han cumplido los objetivos.

Cada año, la Junta de Castilla y León concede la mal llamada subvención -la Audiencia Nacional en sentencia firme la calificó en 2018 como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.

La cantidad que le otorga desde 2009 oscila entre los 18 y los 25 millones de euros, y se pueden cobrar por adelantado pidiendo un anticipo de hasta el 100%. La Junta obliga a justificar que la prestación del servicio se ha producido. En el caso de la ayuda de 2019, la fecha límite era el 31 de enero de 2020.

Este año, la Junta ya ha anunciado que Radio Televisión Castilla y León va a recibir al menos 12,7 millones por adelantado. El primer pago, “cuatrimestral” según explicó el vicepresidente Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, será de seis millones, y el segundo será de 6,7. No queda fijado cuándo cobrará los 7,3 millones restantes. A pesar de las reiteradas preguntas de este medio, el vicepresidente no aclaró en esa rueda de prensa qué cantidad total cobraría la televisión durante este año, tan sólo se refirió a los dos primeros cuatrimestres.

Mejoras tecnológicas

¿Cómo justifica el Gobierno autonómico esta “subvención” de 20 millones? en el documento del acuerdo al que ha tenido acceso este diario y que firman el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se precisa que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre -de la que forman parte todos los grupos parlamentarios- ha determinado que la empresa debe implementar “diversas mejoras de tipo tecnológico, en las condiciones de los empleados, en la programación y en los medios materiales que utiliza”. La Comisión determina las condiciones de “financiación del servicio a través de la concesión directa de una subvención por un importe de veinte millones de euros destinada a financiar los indicados objetivos y necesidades”.

En el acuerdo también se concreta que “como consecuencia de la disponibilidad presupuestaria existente en la fecha actual, motivada en la prórroga de los presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2018 para el ejercicio 2020, el presente acuerdo da cumplimiento parcial a las condiciones de financiación establecidas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, sin perjuicio de los acuerdos posteriores que se adopten para completar la financiación hasta el importe establecido”.

“Situación de emergencia derivada de la pandemia”

Para justificar la financiación de la televisión privada, se hace alusión a “la situación de emergencia derivada de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19” que “supone una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud debido al elevado número de ciudadanos afectados y a la limitación de derechos que ha supuesto la declaración del estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En este sentido, la Junta de Castilla y León considera que “los servicios de comunicación audiovisual televisiva son servicios de interés general cuya importancia es cada vez mayor ya que garantizan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y del derecho a recibir información”.

Motiva de este modo que es “imprescindible” que “desde los poderes públicos se garantice aún más el derecho de los ciudadanos a recibir información” y que “Radio Televisión de Castilla y León, S.A. es el único titular de una licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico”. Por este motivo la Junta “considera esencial garantizar el acceso a la información de los ciudadanos de Castilla y León” y justifica la “necesidad” de adoptar el acuerdo “en el momento actual”. No hay ninguna otra resolución de la Junta que justifique partidas presupuestarias para otros medios privados que informan igualmente a los ciudadanos.

Fuentes de la corporación empresarial que forma Televisión Castilla y León, han insistido en que “no se trata de un adelanto de la subvención”, sino que se procederá al pago como en años anteriores. En los acuerdos de las subvenciones de ejercicios pasados nunca se ha precisado, como en este de 2020, que se iban a cobrar cantidades en cuatrimestres.

Por otro lado, fuentes de la Comisión de Seguimiento indicaron a eldiario.es que fue en febrero cuando el director general de Televisión Castilla y León, Jorge Losada, explicó que la televisión debía adaptarse al formato HD y que esa adaptación técnica costaría un millón de euros. También se refirió a la actualización del IPC de las nóminas de los trabajadores. La situación de la pandemia y los gastos que ha tenido que asumir el Gobierno autonómico no han modificado el presupuesto que se decidió en febrero a la televisión privada.

Los 20 millones no es la única subvención directa que cobrará de la Junta. En abril del pasado año, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Pero la televisión de los dos constructores no sólo se financia con la subvención, además obtiene publicidad de la Junta y de las Cortes de Castilla y León, esta última paga una media de 9.000 euros por un programa de media hora que se emite semanalmente. Durante esta Semana Santa la reemisión de procesiones de otros años ha contado con el patrocinio del Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos.