La Junta de Castilla y León ha vuelto a inyectar millones de euros a Radio Televisión Castilla y León, una corporación privada pero financiada con dinero público, propiedad de dos empresarios de la construcción con temas pendientes con la justicia. El burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado por el Caso de la Construcción y el leonés José Luis Ulibarri está a la espera de juicio oral por el caso Gürtel y está imputado en la Operación Enredadera, aún en instrucción.
A través de dos subvenciones directas, el Gobierno autonómico ha concedido 46,6 millones de euros a Televisión Castilla y León, y lo ha hecho justo antes de que se celebren unas elecciones que podrían apear del poder en la región al Partido Popular después de 32 años. En la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones del Ministerio de Hacienda aparecen los dos acuerdos que se han registrado con un día de diferencia y sobre los que la Junta de Castilla y León no ha informado en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, en las que suele reportar todo tipo de iniciativas.
El pasado 1 de abril, el Gobierno autonómico publicó el acuerdo de concesión de una subvención directa 19 millones de euros. Estas ayudas las concede desde que se creó la Corporación Radio Televisión Castilla y León, un proyecto por el que la Junta adjudicó las licencias de Televisión Digital Terrestre y con el que, en parte, conseguía crear una televisión autonómica, pero de gestión privada. Para ello tuvo que poner de acuerdo a los dos empresarios rivales, que presentaron un proyecto en común que se impuso al de un empresario foráneo, el del asturiano Blas Herrero.
Entre 2009 y 2011, el Gobierno de Juan Vicente Herrera concedió anualmente cantidades de hasta 25 millones. Sin embargo, Hacienda puso la vista en estas ayudas en 2011 y reclamó el pago de IVA correspondiente, 10 millones, que sufragó la televisión y que supuso el despido de 37 personas.
La multa la ratificaron después los tribunales. En una sentencia del 26 de marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó un recurso interpuesto por Radio Televisión Castilla y León, S.A. contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 17 de marzo de 2015. La Sala consideró que las cantidades que percibió Radio Televisión Castilla y León, S.A. durante los años 2009, 2010 y 2011 debían estar sujetas a IVA, a pesar de la consideración de subvención que la Junta otorgó a dichas cantidades.
En esta nueva ayuda de 19 millones de euros, se precisa que está “incluida toda cantidad que, en su caso, se tuviera que abonar en concepto de IVA, destinada a financiar los objetivos y necesidades de interés público de la televisión digital terrestre en el ámbito de Castilla y León, sin que constituya alteración del contenido prestacional propio de la gestión del servicio público de la televisión digital terrestre”.
El pasado 1 de abril, entró en registro el acuerdo de la Junta que establece que “teniendo en cuenta que Radio Televisión Castilla y León, S.A. ha tenido que soportar el pago del IVA sin repercutirlo a la Administración de la Comunidad de Castilla y León y que la Audiencia Nacional ya ha fijado de manera definitiva su consideración de que las cantidades percibidas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para atender necesidades de interés público están sujetas a IVA, se considera necesario resarcir a dicha entidad de las cantidades soportadas en concepto de IVA derivadas de las subvenciones concedidas con esa finalidad - de interés público- desde 2009 a 2017”.
Esta resolución que hizo efectiva la Junta en el mes de abril, se tomó previamente en un órgano en el que están presentes todos los grupos políticos. El 2 de julio de 2018, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre acordó “por unanimidad, a la vista del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, resarcir a Radio Televisión Castilla y León, S.A.”.
De esta forma, la Junta de Castilla y León, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.
Lo llamativo es que a pesar de que la Audiencia Nacional considera que lo que la Junta concede no son subvenciones sino contratos, el Gobierno sigue dándoles la misma denominación. La diferencia entre una y otro es la discrecionalidad.
Las subvenciones directas se regulan en el artículo 31 de la Ley 5/2008 y las autoriza la Junta de Castilla y León con carácter excepcional, siempre que a su juicio existan razones que acrediten el interés público, social, económico, humanitario o de otra índole debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Las razones que justifican este tipo de subvenciones son tan diversas y poco precisas que permiten su utilización facultativa por parte de la Junta de Castilla y León.
A diferencia de lo que ocurre con las subvenciones ordinarias y con la mayor parte de los gastos que realiza la Administración de la Comunidad, este tipo de ayudas no exigen que sean conocidas con carácter previo por los órganos de control económico y jurídico (tanto Intervenciones como Asesorías Jurídicas). Pero además tampoco hay control sobre la forma de justificarlas.
Si la Junta de Castilla y León tramitase esta inyección de dinero mediante un contrato, estaría obligada a licitar y otras empresas de cualquier punto de España podría acceder al concurso.