La Junta de Castilla y León califica como “incidente escolar” la denuncia de una presunta agresión sexual en la que la víctima es una estudiante de Segovia menor de edad. Según adelantó Onda Cero Segovia, la joven fue agredida en el hotel donde se alojaba durante un viaje de fin de curso a Lisboa y es la policía lusa la que investiga los hechos. Mientras el Gobierno autonómico asegura que se trata de “un conflicto” sin “consecuencias indeseadas”, la Subdelegación del Gobierno en Segovia confirmó a eldiario.es que se han producido “detenciones” en la capital portuguesa.
Los hechos ocurrieron en la noche del 27 de marzo en una habitación del hotel donde se hospedaba el grupo de alumnos y profesores, si bien no han trascendido más detalles de lo ocurrido.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León, a través de su Delegación Territorial ha minimizado los hechos, refiriéndose a un “incidente escolar” y no a una denuncia por violación, “durante el viaje de fin de curso de un centro de la provincia de Segovia, entre alumnos y personas ajenas al mismo”.
No desmiente la agresión sexual
En un críptico comunicado en el que no desmiente la agresión sexual pero tampoco la confirma, la Junta informa de que “la actuación de los alumnos y los profesores acompañantes en la gestión del conflicto” ha sido “correcta y de acuerdo con el protocolo -del que tampoco da detalles- establecido al efecto”. Las mismas fuentes aseguran que se ha garantizado “en todo momento” la respuesta “adecuada a las necesidades surgidas”, haciendo uso “de las herramientas y formación que en materia de convivencia se han trabajado durante su escolarización en el centro educativo”.
Además, “para garantizar y respetar a los alumnos implicados en este incidente, y poder realizar el apoyo necesario a los mismos”, pide “el mayor respeto y discreción ante la situación para que todo vuelva a la normalidad” y que se eviten especulaciones que “pueden perjudicar a los menores y a sus familias” puesto que el “incidente” se ha solucionado “favorablemente” y “no hay que lamentar ninguna consecuencia indeseada”. El Gobierno Autonómico reconoce por tanto que se puso en marcha un protocolo y que se gestionó un “conflicto” correctamente, sin que, siempre según esta versión, haya tenido consecuencias.
“La Junta de Castilla y León garantiza los derechos de los menores y su protección, de acuerdo con la normativa vigente y en el ámbito de sus competencias”, finaliza el comunicado.