Un edificio que no iba a costar más de 41 millones y por el que se pagaron 70, unos empresarios que aparecen en otra causa de corrupción –la Trama Eólica– junto a altos cargos de la antigua Consejería de Economía de Castilla y León, un despacho de arquitectos de Madrid ya imputado en una pieza de Gürtel... Y, sobre todo, una treintena de acusados que queda reducida a una tercera parte después de seis años de investigación. Es el caso Perla Negra, uno de los que más fuerte ha golpeado al Gobierno autonómico que presidía Juan Vicente Herrera y que se cierra ahora con demasiados espacios en blanco.
Doce personas responderán ante un tribunal por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, y malversación de caudales públicos, entre otros. De esos procesados, destaca la presencia de los que fueron altos cargos de Economía, ya que los dos llegaron a ser viceconsejeros: Rafael Delgado y Begoña Hernández. Ambos trabajaban a las órdenes del consejero y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, fallecido inesperadamente poco antes de declarar en calidad de imputado en la causa. Delgado y Hernández se enfrentan a peticiones de pena de prisión de 11 años de la Fiscalía y de la Junta de Castilla y León. La acusación popular, el PSOE, reclama 34.
El resto de procesados son empresarios que formaron parte de la trama y algunos cargos más de la Consejería de Economía. Pero la instrucción, cerrada desde febrero, deja demasiadas preguntas sin contestar, varias personas desimputadas sin que se haya determinado por qué, y una lista de presuntos delitos sin investigar.
El amaño del concurso
La tesis del juez y del Ministerio Fiscal es que la cúpula de la Consejería de Economía en la etapa en la que estaba dirigida por Tomás Villanueva, y en la que tanto Delgado como Hernández ostentaron los cargos de viceconsejeros y de consejeros delegados de la empresa pública desde la que se realizaron las compras del edificio y los terrenos del polígono fallido de Portillo, actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción. Estos empresarios pertenecían tanto a la promotora Urban Proyecta PM3 como a Parque Empresarial de Portillo y presuntamente se les favoreció como promotores del edificio de Economía conocido como 'Perla Negra' en Arroyo de la Encomienda, y en los terrenos en Portillo para un polígono que hoy por hoy sigue sin construir.
Respecto al edificio rebautizado como 'Perla Negra' –como el barco pirata de la película de Johnny Depp–, alguien, no se sabe quién, de la Consejería de Economía facilitó en 2005 a Urban Proyecta las condiciones de la licitación para construir un edificio de alquiler con opción a compra antes de que se publicase el concurso. Además, el plazo de ofertas, en plena época navideña, fue de 15 días, cuando lo habitual es, como mínimo, el doble. El autor del proyecto del edificio, Carlos Lamela, hijo del prestigioso arquitecto que diseñó las Torres de Colón en Madrid, también reconoció que se le facilitaron las condiciones del edificio que debía proyectar antes de que fuese público el concurso. La oferta de Urban Proyecta fue la única que se presentó.
“A título particular”
La Junta firmó dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de venta, pero este último tuvo un precio muy superior a la opción de compra que se propuso, de 52 millones. Además, al principio de la operación la empresa pública encargada era la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), pero quien acabó asumiendo la dirección fue Gesturcal, otra empresa pública dedicada a la compra de suelo. Aún no se ha explicado por qué, pero no es la única incógnita que deja este caso tras más de un lustro de instrucción. En el caso Perla Negra la Junta omitió todo tipo de informes, desde el de control de la eficacia realizado por la Consejería de Economía al necesario dictamen de la Consejería de Hacienda. Aún así, la Junta de Castilla y León no admite ni una pequeña parte de responsabilidad en el asunto y asegura que todo se debe a actuaciones “a título particular”.
De Génova a Valladolid
Un cabo une a la Junta de Castila y León, gobernada en el momento de los hechos por el Partido Popular, con el PP nacional. Tanto la Consejería de Economía como Génova, optaron por el mismo estudio de arquitectos, Unifica Servicios Integrales. En Madrid, esta compañía reformó la sede de los 'populares' con dinero negro. En Valladolid, recibió 'a dedo' un contrato de 4,4 millones de euros para encargarse de las divisiones internas y la señalización del Perla Negra. Sin un sólo expediente, contrato o concurso. Los dos propietarios del estudio declararon en calidad de imputados durante la instrucción. No dieron demasiadas explicaciones, salvo que fue la Consejería quien contactó con ellos. Las investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revelaron mucho más. Unifica no sólo recibió los 4,4 millones de manera irregular, sino que parte del dinero retornó a la constructora y a la promotora a través de sociedades administradas por los propietarios de las dos mercantiles.
Según los informes policiales, Unifica Servicios Integrales cobró, entre el 2 de enero de 2009 y el 10 de febrero de 2010, 4.444.315,91 euros del Gobierno de Herrera a través de la empresa pública Gesturcal / Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. La Junta de Castilla y León efectuó dichos pagos mediante cinco facturas sin que conste en el expediente documentación alguna sobre la forma en la que la Administración eligió a la empresa. Tras cobrar a través de varios albaranes, Unifica desvió parte del dinero a empresas vinculadas a la promotora del inmueble.
Unifica cobró irregularmente y desvió parte del dinero
Lo que la Policía pretendía saber es por qué el estudio de arquitectos que cobró los 4,4 millones de la Junta comenzó a pagar a la constructora y a las empresas de Ángel Román Montes López, vinculado a la promotora que levantaba el edificio. Por ello se estudió la documentación aportada por el estudio de arquitectos, un par de contratos con la misma fecha y prácticamente con el mismo contenido para dos sociedades de la misma persona. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía no era más que un corta-pega. En el caso de los pagos que Unifica hace a la constructora, ni siquiera aportó contratos, tan sólo facturas de trabajos que la constructora vallisoletana asumió como subcontrata del estudio madrileño. Pero a la Policía no le cuadraba, así que preguntó a las firmas con la que Unifica tenía los contratos que supuestamente realizó la constructora de Valladolid.
“Las informaciones aportadas por las distintas empresas requeridas, destinatarias finales de los servicios prestados por Unifica Servicios Integrales SL, son coincidentes en el hecho de señalar que no les consta nada acerca de la posible participación de las empresas investigadas como intermediarias para Unifica en su presentación como clientes”, señala el informe policial. En él se destacaba además lo “llamativo” que resultaba que una empresa de las dimensiones e implantación de Unifica necesitase de la ayuda de las consultoras y la constructora de los empresarios vallisoletanos. Dicho de otro modo: no se creyó ni una sola de las justificaciones que dio. El informe concluía que las facturas aportadas no eran más que una tapadera para desviar fondos.
Sin embargo, ahí acaba todo. El juez no ha querido ahondar en el destino final del dinero, en los presuntos delitos de falsedad documental cometidos por los dueños de Unifica y en la relación de este estudio con el PP o con gobiernos del PP. Sin una sola explicación, el instructor César Gil Margareto sacó a los dos administradores de Unifica de la lista de imputados. Cobraron irregularmente 4,4 millones de euros pero no van a responder por ello.
La sede belga, sin investigar por falta de “tiempo”
Durante la larga investigación salió a flote una trama que no sólo cometió presuntas irregularidades en el caso Perla Negra. Los mismos empresarios vallisoletanos que construyeron y promovieron el edificio, compraron una sociedad belga con un palacete en propiedad en Bruselas, que alquiló en 2006 por más de 12.000 euros mensuales a la Junta de Castilla y León, que la usó como sede comercial. El asunto se descubrió cuando la Policía rastreaba las cuentas de la promotora, la constructora y sus administradores. El contrato dejaba al descubierto algo más: la estrecha relación entre los empresarios y la Junta de Castilla y León, ya que la adquisición de la sociedad belga se produjo poco antes de que el Gobierno Autonómico necesitase una sede en Bruselas. El asunto parecía tan claro, pero tan ajeno al caso del edificio Perla Negra, que el PSOE, acusación popular, pidió que se abriese una pieza separada. El juez se negó y la investigación en su mano apenas avanzó. Se descubrió por ejemplo que cuando los Gobiernos se vieron obligados a reducir los gastos de sus sedes en el exterior, por orden del Ministerio, que les cedía espacios en consulados y embajadas, la Junta debía asumir una penalización. El contrato que firmó con los empresarios era leonino: 15 años y el pago del alquiler durante todo ese periodo si el contrato se rescindía antes. Cuando eso ocurrió, los arrendadores pidieron 1,6 millones de euros de indemnización.
Un empresario que no recibe notificación para declarar
Si se pagó o no es algo que se desconoce a estas alturas. La sociedad belga fue vendida a otra sociedad, Nioma Activos, de un empresario madrileño. Éste también exigió a la Junta que pagase la deuda millonaria. El juez del caso lo citó a declarar. El objetivo era conocer si se le pagó o no la indemnización y por qué estaba interesado en comprar una sociedad con sede en Bruselas que arrastraba una deuda con la Junta de Castilla y León. Pero eso fue todo: la notificación al empresario no se pudo realizar en el primer intento. El juzgado no optó por notificar más veces ni por oficiar a la Policía para averiguar su paradero. Nunca declaró. En el auto de apertura de juicio oral, el juez señala que el asunto de Bruselas no se ha podido investigar “porque no ha dado tiempo”. Se supo de ello en 2017 y tanto el PSOE como la Fiscalía tuvieron que recurrir a la Audiencia Provincial para que formase parte de la causa Perla Negra, algo a lo que el instructor se negaba. Finalmente, aunque entró en el sumario, no ha salido de él, ni siquiera aparece en el relato de los hechos.
Un presunto testaferro que operaba en Suiza y Panamá
También llama la atención que haya dejado de estar investigado el hombre al que la Fiscalía apunta como testaferro de Rafael Delgado. Se trata de un abogado de Medina del Campo, Jesús Rodríguez Recio, que realizó innumerables operaciones en el extranjero, desde Mónaco a Suiza pasando por Panamá, y transferencias a Delgado en España. Es también el hombre que negocia la compra de un piso para Delgado con empresarios de la promotora Perla Negra, y que se ofrece a falsear facturas exigiendo además una notable rebaja en el precio. Cuando el juez redujo el número de imputados, Rodríguez Recio estaba entre los agraciados.
Pero, el caso Perla Negra es más que el edificio. Afecta también al fallido Polígono Industrial de Portillo en el que aparecen los mismos protagonistas. La Junta de Castilla y León pagó 34 millones de euros por los terrenos y una vez más, el juez considera que la promotora Urban Proyecta recibió información privilegiada, puesto que comenzó a adquirir suelo rústico que posteriormente compró el Gobierno Autonómico. “Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta”, precisaba el juez.
Lo que en ningún caso se resuelve es cómo Delgado o Hernández pudieron promover operaciones millonarias que en algún caso afectaban a la empresa pública más endeudada de la Junta de Castilla y León sin que saltasen las alarmas o cómo se autorizaron los gastos sin sospechar que eran disparatados.
La causa está a la espera de notificar a las partes la calificación de los hechos de la Fiscalía, aunque ya se conoce parte, y a partir de ese momento, las abogados de los 12 acusados presentarán su escrito de defensa. En las filas de las acusaciones estará la Junta de Castilla y León, que durante años negó que hubiese delito alguno y mucho menos perjuicio económico y que ahora reclama 16 millones de euros y penas de prisión.