La investigación judicial por el caso Meseta Ski arranca con la imputación del exvicepresidente de la Diputación de Valladolid

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha tomado las primeras declaraciones en el caso Meseta Ski, la pista de esquí seco que proyectó la Diputación en la pedanía Villavieja del Cerro, con un presupuesto inicial de 4 millones de euros que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. La pista fue el proyecto estrella de de la institución provincial desde el año 2006, pero la errática gestión de las obras y las distintas sentencias judiciales que subrayaban su ilegalidad, lo convirtieron en un derroche de dinero del que no se han derivado responsabilidades políticas. La pista nunca funcionó, pero nadie dimitió por ello ni por los 12 millones despilfarrados.

Según ha podido saber eldiario.es, el exvicepresidente de la Diputación y actual alcalde de Olmedo (Valladolid), Alfonso Centeno (PP) declaró hace dos semanas en calidad de imputado. Era el presidente de la sociedad pública que se encargó de la contratación y gestión de las obras con el grupo empresarial Corsán-Corvián. Centeno, apodado por algunos cargos de la Diputación como “el faraón” o “el virrey”, realizó un viaje de ocio a Japón con los directivos de esta constructora, una vez fusionada con Isolux. Aunque inicialmente fue imputado porque en los correos incautados a la compañía en otra investigación, la del Caso Adif, mostraban cómo la constructora pagaba los billetes del político, el caso de desestimó al aportar Centeno la orden de pago. Centeno nunca explicó por qué se fue de viaje de placer con responsables de una compañía que llevaban a cabo las obras públicas de Meseta Ski. Tal y como adelantó eldiario.es, poco después de este viaje, Isolux se hizo con tres parques solares en Castilla y León. Además también a la vuelta de esas vacaciones, el presupuesto de la obra llegó hasta los 10 millones de euros.

Junto a Centeno declaró también el exgerente de Sodeva, Luis Alberto Sánchez. Además, en fechas próximas están citados también en calidad de imputados el consejero delegado de la sociedad, Luis Torroglosa, el exresponsable de proyectos de obra, Valentín González y uno de los directivos de Corsán, Enrique Bobo.

La Diputación personada aunque cree que no hay ilegalidad

Según ha podido saber eldiario.es y han confirmado fuentes de la Diputación, tanto Torroglosa como González, han pedido a la presidenta de Sodeva que se haga cargo de su representación legal, algo que en este momento valoran los servicios jurídicos. La Diputación de Valladolid se ha personado “en calidad de perjudicada” si bien considera que no ha sufrido perjuicio económico, a pesar de haber invertido el triple de lo proyectado en una pista de esquí seco que no existe. Sufragar los abogados de los imputados podría suponer un conflicto de intereses para la institución provincial. Quien aún valora si puede ejercer la acusación popular es el Grupo Socialista, que necesita el permiso del Comité Ejecutivo del partido, que es quien goza de personalidad jurídica y podría hacerlo.

El juzgado investiga los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la contratación y gestión de las obras a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo Valladolid (Sodeva), con el grupo empresarial Corsan-Corviam.

La investigación judicial parte de la denuncia que llevaron a la Fiscalía los portavoces en la Diputación del Grupo Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra en la anterior corporación provincial, tras una comisión de investigación. En la denuncia se hizo constar que el contrato pasó de 4,06 millones a comprometer ingresos a favor del contratista de 20,6, aunque el contrato se resolvió de forma anticipada como consecuencia de distintas sentencias desfavorables a Sodeva, de manera que finalmente se ejecutó por importe de 12 millones. Sostenían que la obra se adjudicó vulnerando los requisitos de la contratación pública y que, presuntamente, se urdió y acordó la ocultación del verdadero importe de los ingresos comprometidos, así como el verdadero volumen de la obra pretendido y ejecutado con el objeto de posibilitar trato de favor al contratista.