Un puñado de románticos, afiliados y ex -afiliados del partido Ciudadanos, emprendimos hace ahora un año, una batalla judicial con la esperanza de desenmascarar a aquéllos que, durante las primarias celebradas en el año 2019 para elegir al candidato a las elecciones de Castilla y León, tuvieron la osadía de meter la mano en la urna virtual.
Pero la voluntad que nos movía y nos mueve, va más allá de conseguir una condena penal para unos pocos, que también: pretendemos poner de manifiesto, y denunciar, el actual funcionamiento interno de los partidos políticos y su negativa influencia en el devenir de la vida pública en todas las instituciones de nuestro país.
Y es que, nuestro ordenamiento jurídico atribuye a los partidos políticos el protagonismo de esa vida pública, consagrándolos como instrumentos fundamentales de intervención ciudadana en ésta. Por ello, el funcionamiento interno de estas entidades privadas, con trascendencia pública, debiera ser democrático y conforme a derecho. Sin embargo, la realidad es que, lejos de vehiculizar las legítimas aspiraciones de las personas, se han convertido en empresas cerradas y plegadas a la voluntad de sus cúpulas directivas, que toman decisiones a espaldas de sus propios afiliados y, por tanto, de los ciudadanos en general.
Desgraciadamente resulta incuestionable que, en la actualidad, los partidos políticos se muestran como entidades jerarquizadas y cesaristas en las que se castiga la discrepancia y únicamente se valora la sumisión total, que se recompensa con la promoción interna, dejando al margen el mérito, la capacidad, la trayectoria profesional, la experiencia y la formación.
Para ello algunos partidos se valen de artimañas como la manipulación de sus elecciones primarias, el aislamiento de los afiliados para evitar el contacto entre ellos, la falta de transparencia e información.., todo ello maquillado con la pátina de unos estatutos aparentemente legales, pero totalmente antidemocráticos. Y el resultado de este “modus operandi” lo sufrimos estoicamente todos los ciudadanos como destinatarios de la gestión nefasta de los políticos que, en todos los niveles de la administración institucional, han alcanzado el poder con el único mérito de haber callado y consentido todo tipo de tropelías, dentro y fuera de la vida del partido correspondiente, carentes de prejuicios, de capacidad de gestión y que buscan únicamente satisfacer sus intereses particulares.
El derecho a la participación de los ciudadanos en la vida pública es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, cuya protección corresponde a los poderes públicos, obligados a remover cualquier obstáculo que impida o dificulte su ejercicio.
Como quiera que el poder legislativo ni está, ni se le espera para solventar esta situación, y el ejecutivo campa por sus respetos, inmerso en debates políticos estériles e interesados, solo nos queda recurrir al Poder Judicial para que controle el funcionamiento interno de los partidos políticos y, así, evitar que se anule la voluntad soberana de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, para lograr que la participación de éstos en la vida pública se efectúe a través de entidades verdaderamente democráticas, limpias y transparentes.
Ahora más que nunca resulta necesario que Jueces y Tribunales se impliquen en la persecución de quienes prostituyen la vida política en todos sus ámbitos. De ello depende la credibilidad en el sistema.
*Gloria Bañeres es abogada
Santiago A. Bello Pareces es abogado y profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Burgos