El atolladero político al que han conducido las extemporáneas elecciones del 13-F tiene visos de resolverse antes de lo previsto. La crisis por todo lo alto desatada en el seno del PP puede acelerar el desenlace postelectoral en Castilla y León.
Por de pronto, el escenario de repetir elecciones por falta de acuerdo para la investidura puede darse completamente por descartado, ya que equivaldría al suicidio político de Alfonso Fernández Mañueco, el precario ganador de las elecciones. De otro lado, la frágil situación de Pablo Casado le priva de autoridad para imponer sus designios al presidente autonómico del PP, quien dispone ahora de manos libres para decidir cómo y con quien pacta su investidura.
Repasemos cuales eran las posiciones de partida en el tablero: Gobierno en solitario del PP.- Pese a que el grupo popular dispone de 31 procuradores (10 menos de los 41 de la mayoría absoluta) era la opción propuesta desde Génova y asumida en primera instancia por Fernández Mañueco. Si no ha cambiado de opinión, Casado considera que compartir por primera vez un gobierno autonómico con Vox mimetizaría al PP con la extrema derecha, achicando el espacio electoral a consolidar para llegar a La Moncloa. Gobierno de coalición PP- Vox.- El partido de ultraderecha (13 procuradores) condiciona su apoyo a la investidura a un pacto de gobierno con el PP similar al suscrito en la anterior legislatura con Ciudadanos, que, con 12 escaños, obtuvo la única vicepresidencia y cuatro consejerías de la Junta. Santiago Abascal lo ha calificado no solo como “un derecho”, sino como “deber” para con sus electores, y plantea un gobierno bipartito como condición sine qua non para acceder a la investidura de Mañueco.
Entre otras medidas, Vox pretende incluir en ese pacto la derogación de la Ley autonómica contra la Violencia de Género y el decreto sobre Memoria Histórica, dos exigencias extremadamente difíciles de asumir por el PP. Con posterioridad, ha sumado a su lista de peticiones la Presidencia de las Cortes, asimismo adjudicada en su momento a Cs.
Abstención del PSOE.- De no llegar a un acuerdo con Vox, el gobierno en solitario del PP solo prosperaría si el PSOE (28 procuradores) franquea con su abstención la investidura de Mañueco. Es lo que se apresuró a plantear el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, como fórmula para que el PP no se eche en los brazos de Vox.
Ferraz salió inmediatamente al paso descartado esa vía, que después Pedro Sánchez ha condicionado a que el PP rompa todos sus acuerdos con Vox, algo rotundamente rechazado por los populares. Sin embargo, al afirmar que “no vamos a regalarle a Mañueco su investidura”, el secretario autonómico, Luis Tudanca, deja abierta la puerta a una abstención “no regalada”. Con esta situación de partida, el presidente de la Junta en funciones afronta desde hoy sus contactos formales con cada una de las fuerzas parlamentarias. Una primera ronda de carácter exploratorio en la que no es previsible que ninguno de los tres interlocutores con capacidad de desbloquear la investidura, PP, PSOE y Vox, se apeen de sus posiciones iniciales.
Pacto de Legislatura PP-Vox.- Entra dentro de la lógica que en su reunión con Juan García-Gallardo, prevista este miércoles, Mañueco plantee como oferta alternativa un Pacto de Legislatura consistente en que los 13 procuradores de Vox permitan la investidura sin entrar en la Junta, sobre la base de un programa de gobierno común apoyado desde las Cortes. Dicha oferta será rotundamente rechazada por Vox, tal como Abascal reiteraba este domingo en declaraciones a la agencia Colpisa en las que a su vez no descartaba una posible repetición electoral.
Aunque aritméticamente no resulten determinantes, en esta primera ronda de contactos Mañueco sondeará posibles apoyos entre las 5 formaciones minoritarias, tratando de captar entre ellas adhesiones que maquillen su derrota en el caso de acudir a la investidura sin haber alcanzado un acuerdo con Vox.
La Presidencia de las Cortes, primera piedra de toque.- Pero no será la investidura el único asunto a tratar con las minorías, ya que antes, el 10 de marzo, se celebra la sesión constitutiva de las Cortes, en la que han de elegirse los seis miembros que integran la Mesa de la Cámara. Y si dicha elección se afronta sin pacto previo entre PP y Vox, el voto de los procuradores de UPL (3) Soria ¡Ya! (3), Unidas Podemos (1), C´s (1) y Por Ávila (1) puede resultar determinante en la elección del presidente.
La distribución de estos nueve votos decantaría el resultado entre los candidatos del PP y del PSOE, que parten con el apoyo de los 31 y 28 procuradores de sus respectivos grupos. Vox tiene garantizada en todo caso la secretaria tercera, en tanto que los partidos mayoritarios se repartirán las dos vicepresidencias y las otras dos secretarias. Pese a que todas las votaciones para elegir la Mesa se realizan mediante voto secreto depositado en urna, su resultado permitirá conocer los apoyos del PP de cara al posterior pleno de investidura, previsto para finales de marzo.
Abstención pactada con el PSOE.- Es de suponer que antes o inmediatamente después del pleno de investidura se ponga sobre la mesa la alternativa de una abstención condicionada del PSOE, mediante la cual los 28 procuradores socialistas permitirían la investidura de Mañueco al frente de un gobierno monocolor del PP sobre la base de un acuerdo de mínimos no contaminado por los postulados de Vox. PP y PSOE limarían sus diferencias programáticas y su convergencia se plasmaría en un acuerdo básico sobre los nuevos Presupuestos.
La repetición electoral, un suicidio para el PP.- Si la investidura no sale adelante en el pleno de finales de marzo, se abriría el plazo de dos meses para volverlo a intentar y evitar una repetición electoral que nos situaría nada menos que en el último domingo del mes de julio.
Por infinidad de razones, dicha repetición resultaría suicida para el PP, que, además de ser visto como el máximo responsable de todo este pifostio político por haber anticipado unas elecciones fallidas, las afrontaría arrastrando la convulsión interna de la traumática ruptura entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y expuesto al desgaste de los casos de corrupción judicializados en Castilla y León.
Todas estas debilidades del PP refuerzan extraordinariamente la posición de Vox, que, al ser a priori el gran beneficiado por la posible repetición electoral, permanecerá enrocado en el “no” a la investidura si no es a cambio de entrar en el nuevo gobierno de la comunidad. En cuanto al PSOE, si ofrecer la referida abstención negociada no se le podría reprochar ninguna responsabilidad en el bloqueo.
Así las cosas, en evitación de un presumible cataclismo electoral del PP, Mañueco tendrá que decidirse más pronto que tarde por una las dos opciones que al final quedarán sobre la mesa: Presidir un gobierno participado por Vox o aceptar la eventual alternativa de gobernar en solitario tras pactar con el PSOE los términos de la abstención que permita su investidura.
Con la que tiene montada Pablo Casado, Génova ha perdido cualquier autoridad para tutelar el proceso postelectoral en Castilla y León. De forma que Mañueco dispone ahora de plena autonomía para decidir cómo saca a la comunidad autónoma del atolladero político a la que ha conducido el 13-F. Y ni que decir tiene que optará por la fórmula que considere más ventajosa para él y su partido.